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Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2012.

Diputados aprobó el voto a los 16.

La Cámara baja convirtió en ley, por 131 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el proyecto que habilita el voto para los jóvenes de entre 16 y 18 años, que ya tenía media sanción del Senado. La diputada oficialista Diana Conti aseguró que la iniciativa "no es ni oportunista ni demagógica" y subrayó que su propósito es "ampliar la base electoral de nuestra democracia". El Frente Amplio Progresista y la UCR, que habían anticipado que presentarían dictámenes de minoría, finalmente se retiraron del recinto, junto con el resto de la oposición, a la hora de la votación.

01/11/2012 00:12 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Sobre el peligro de usar armas para garantizar la seguridad personal
 

El presente informe tiene como finalidad primordial advertir sobre el peligro de la utilización de armas para defensa personal.

En los últimos años en nuestro país y en el marco de un escenario de mayor conflictividad social, la cuestión de la seguridad se ha puesto en el centro de la agenda pública. Frente a numerosos reclamos por la (in)seguridad, que hacen eco diariamente en los medios de comunicación, se retomó el debate en torno a la utilización de armas de fuego por parte de la población como instrumento de defensa ante la posibilidad de ser víctima de un delito y hecho violento.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación en un estudio realizado durante el periodo 1997-2007, en la Argentina nueve muertes por día son causadas por la utilización de armas de fuego, de las cuales solo un cuarto de ellas ocurren en ocasión de delito, en sentido contrario a la idea predominante en el imaginario colectivo. El resto son provocadas en diversas situaciones conflictivas, accidentes en el hogar, violencia de género, casos de gatillo fácil, riñas interpersonales, suicidios, crímenes pasionales, venganzas y otras formas de violencia.

Cabe preguntarnos qué sucede en aquellos casos donde las armas son utilizadas para la defensa personal frente a un hecho delictivo. Para ello relevamos, en un plazo determinado (enero a agosto de 2012), casos que involucran el uso de armas como respuesta defensiva ante un hecho delictivo a partir de noticias periodísticas de tres de los principales diarios de alcance nacional: Clarín, Página 12 y La Nación. Encontramos que en la mayoría de los casos la utilización de armas provocó heridas o muerte para la víctima del delito y/o para su entorno. Las estadísticas lo confirman.

Según cifras de la Red Internacional contra Armas Pequeñas (IANSA, por sus siglas en inglés) a nivel mundial en nueve de cada diez casos de intentos de autodefensa a través con un arma de fuego por parte de los ciudadanos ocurren lesiones o muertes no deseadas en el entorno. El uso de armas para defenderse provoca situaciones impredecibles y efectos contrarios a los fines buscados: introduce riesgo, no seguridad.

Algunos de los casos que ocuparon mayores espacios en los medios de comunicación ponen en evidencia el peligro de usar armas de fuego para defenderse. El resultado es el mismo en los casos que involucra a miembros de las fuerzas de seguridad, quienes presumiblemente estarían mejor capacitados para manipular armas. Existen casos de policías fuera de servicio que resultan heridos, mueren o bien provocan la muerte de terceros al resistirse a un robo o actuar para impedirlo.

El debate de fondo

Los casos con fuerte eco en los medios de comunicación nos invitan a reflexionar sobre el lugar de las armas de fuego en los hogares como protección frente a la inseguridad. Es por ello, que resulta importante dilucidar el debate de fondo a los fines de pensar y construir horizontes de resolución de la conflictividad social, a través de mecanismos de intervención democráticos que provean de seguridad a la ciudadanía. Bajo tal pretensión, no debe permitirse la libre adquisición de un elemento que genera altos niveles de violencia como son las armas de fuego.

¿Cuál es ese debate? Hay quienes sostienen que la restricción en el uso de armas en manos de la sociedad civil los dejaría en una situación de desprotección frente a la delincuencia armada. Los ciudadanos “de bien” no podrían defenderse frente a los ataques inminentes de los “malos” ciudadanos.

Dividir la sociedad en dos bandos contrapuestos no permite vislumbrar cuáles son los factores que inciden en la conflictividad social y a su vez, no da cuenta del complejo entramado de relaciones interpersonales de naturaleza claramente social y que dista de erigirse en componentes éticos (los “buenos” y los“malos” ciudadanos) tal como lo sostienen los defensores del “buen orden”.

Asimismo, no podemos inferir que ante cualquier deber incumplido por parte del Estado los ciudadanos puedan actuar en su reemplazo utilizando sus propios medios, más aun, cuando bajo dicha pretensión se ponen en situación de altísimo riesgo.

Es imprescindible que los ciudadanos sean actores protagónicos de los propios conflictos y tengan el poder de resolverlos junto con las instituciones del Estado, que tengan potestad para hacerlo de una manera pacífica y democrática y no a través de soluciones violentas.

Acontecen tiempos en que la sociedad argentina percibe a la cuestión de la seguridad como uno de los principales problemas.

La demanda de mayor seguridad no debe interpretarse como un pedido de “mano dura”sino como reclamo de la ciudadanía por gestionar los conflictos sociales y asumir la tolerancia y la paz como valores predominantes. En este sentido, el rol del Estado es central pues no debe ceder terreno en su responsabilidad indelegable de proveedor de la paz social en tanto garante del pleno goce de los derechos y libertades fundamentales.

02/11/2012 00:10 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Los trabajadores Judiciales de Quilmes realizaron una asamblea para debatir sobre el tratamiento del presupuesto provincial 2013 en la legislatura bonaerense donde, entre otras cosas, se prevé un importante recorte en las partidas destinadas al funcionamiento de la justicia en la provincia.

Mariano Massaro, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de Quilmes, dialogó sobre las implicancias del presupuesto para el funcionamiento del servicio y su repercusión en el salario de los trabajadores.

“Hemos visto que recortaron el presupuesto para justicia. Se estaría reduciendo de 4,32 por ciento en 2012 a un 4,21 por ciento para éste año; y si bien son mayores los montos, esta reducción nos señala que el año próximo se va a deteriorar el servicio para la población y los trabajadores no vamos a tener aumentos salariales” –indicó Massaro.

El dirigente de la AJB agregó “tenemos una inflación del 25 por ciento y este presupuesto no contempla un aumento de masa salarial, tanto para justicia como para salud o educación. El gobierno provincial vuelve a aumentar las partidas para el pago de la deuda y a contraer nueva deuda, con lo cual se generan nuevas obligaciones a futuro y por ende se siguen reduciendo los servicios y los trabajadores somos la variable de ajuste”.

Massaro insistió con el reclamo para la aplicación de la ley de porcentualidad y anunció un año de conflictos con el gobierno para el 2013 si se pretende congelar los salarios del sector.

“El gobierno sigue endeudándose en lugar de cobrar impuestos más progresivos a los sectores de alta rentabilidad. El campo aporta a la provincia nada más que 1.400 millones de pesos al año después del último aumento de este año. El juego es otro ítem. Scioli prorrogó las licencias a los casinos y los bingos y vemos que los impuestos que les cobra son irrisorios” –indicó el dirigente.

La asamblea de los judiciales hizo una exhortación al resto de los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires a organizarse para unificar medidas de fuerza frente a la embestida del Ejecutivo.

02/11/2012 00:39 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Colegios de Abogados en la Provincia de Buenos Aires.


Los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires fueron creados por la Ley 5177 cuya vigencia se remonta al 28 de octubre de 1947 siendo su ultima reforma introducida por la Ley 12.277 sancionada el 4 de marzo de 1999.-
 

Las alternativas vividas por el sistema introducido por esta sabia norma, en el que su letra clara y expresa sienta los principios fundamental de la colegiación obligatoria: gobierno de la matrícula, ejercicio de la potestad disciplinaria, régimen de previsión social y asistencia jurídica de las personas carentes de recursos ha servido para demostrar su idoneidad en la defensa de los intereses legítimos del abogado y el ejercicio profesional y los fines generales de la administración de justicia, lo que la convirtió en un factor de progreso y modelo en su género, llevando el sistema de la colegiación pública a todos los ámbitos del país.-

 

En nuestra Provincia de Buenos Aires se encuentran constituidos los Colegios de Abogados de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junin, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moron, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zarante Campana, Moreno-Gral Rodriguez. A su vez todos ellos, representados por los respectivos presidentes, constituyen el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, cuyas funciones se encuentran a cargo del Consejo Superior, con sede permanente en la ciudad de La Plata, y cuyas funciones se encuentran enunciadas en el Capítulo IX de la Ley 5177 t.o. arts. 47° a 52.-

A partir de su última reforma, la ley que regula la vida y actividad de nuestras instituciones se compone de ciento veintiseis artículos, que regulan los requisitos de inscripción en la matrícula, incompatibilidades absolutas y relativas, funciones, atribuciones y deberes de los Colegios, defensa de los pobres y poderes disciplinarios, autoridades del Colegio y Asambleas, el Tribunal de Disciplina, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, obligaciones del abogado, prohibiciones, ejercicio de la procuración, nombramientos de oficio e infracciones al ejercicio profesional.-

El primer Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires fue el de la ciudad de Bah ía Blanca, fundado el 18 de marzo de 1908.

03/11/2012 19:49 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Anteproyecto de Reforma del Codigo Civil.




1. Las multas a funcionarios
“El proyecto del ejecutivo elimina las astreintes, que son multas económicas que los jueces aplican cuando hay un funcionario renuente a cumplir una demanda en su contra. Siempre se demostraron efectivas porque se imponen sobre la persona, no sobre el Estado. Que se quiten esas multas da la pauta de que se apunta a limitar la responsabilidad de los funcionarios públicos”.
2. La responsabilidad del Estado

“El proyecto establece que la responsabilidad del Estado y de los funcionarios va a dejar de regularse por el Código Civil y va a quedar bajo la órbita de las leyes locales. El problema es que esas leyes todavía están por dictarse, y no se sabe cómo van a ser, ni si tenderán a fortalecer o atenuar la responsabilidad”.

“Hasta se da la paradoja de que en algunas provincias las leyes explícitamente dicen que la responsabilidad se rige por el Código Civil. Entonces, cada instancia delega el control en la otra y no se sabe quién va a terminar regulando”.


3. Cambios en la propiedad

“Los artículos 240 y 14 del proyecto generan algunas dudas en cuanto al derecho de propiedad. El 240 se titula ‘Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes’, y dice que estos deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva, que es un concepto bastante abierto”.
4. Cambios en la propiedad II


“El ejecutivo introdujo una modificación en el proyecto original por la que los derechos sobre la propiedad deben conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público, y no deben afectar el funcionamiento y la sustentabilidad de los ecosistemas. Esto es peligroso porque establece que deben conformarse con normas, que no son sólo las leyes, sino que incluyen a decretos y resoluciones. Esto puede dar lugar a arbitrariedades que eventualmente favorezcan el amiguismo, y que las restricciones sean para unos sí y para otros no. Es como un cheque en blanco, porque se pueden habilitar expropiaciones sin necesidad de una ley”.

5. Los contratos en dólares

“El proyecto original elaborado por la comisión preveía que quien firmara un contrato en el que otorgaba un préstamo en dólares tendría derecho a exigir que le paguen en esa moneda. Pero el Poder Ejecutivo introdujo una aclaración por la que, de todos modos, el deudor podría desobligarse pagando en pesos. Por supuesto que podrán seguir firmándose contratos en dólares, pero el problema es que después podrían cancelarse en pesos”.

“Esto genera mucha incertidumbre. Por ejemplo, se abre la discusión sobre con qué pesos se salda la deuda, ¿con el valor correspondiente al día en el que se firma el contrato o con el del momento en el que se paga? Además se produciría un descalce en las operaciones bancarias si se toman préstamos en dólares y se devuelven en pesos, y es muy posible que los bancos dejen de prestar en dólares. Algunos dicen que en realidad la aclaración del Ejecutivo no habilitaría que ocurra esto, pero lo cierto es que si se va a modificar un código que rigió durante 140 años, lo mejor sería hacerlo bien claro”.
6. La maternidad subrogada

“Otro tema es que una pareja use el vientre de otra mujer para tener un hijo. Más allá de que el proyecto diga que no se puede obtener un lucro por eso, sabemos que la realidad va a ser otra porque es algo muy difícil de controlar, y se va a transformar en una suerte de comercio que vulnera derechos humanos elementales. Y hay cosas no previstas, como que la mujer que aloje al bebé en su vientre luego se niegue a entregarlo”.
7. El uso de gametos de terceros

“El problema con las modificaciones realizadas sobre la familia excede completamente a lo planteado por la Iglesia o por cualquier postura religiosa. Por ejemplo, según el proyecto, va a haber chicos que podrían nacer usando gametos de personas externas a los padres, y que no van a tener garantizado el conocimiento de su identidad”.
8. La ausencia de notas aclaratorias

“El Código actual tiene notas que ayudan a la interpretación. El nuevo se hizo deliberadamente sin ellas. Esto le deja a la justicia un enorme arbitrio, ya que se habilitarán interpretaciones más amplias y polémicas”.

9. La composición de la comisión redactora
“Nadie puede cuestionar la calidad de los juristas que integraron la comisión. Lo que quizás se podría discutir es que hayan intervenido dos ministros de la Corte Suprema. Si un recurso contra algún artículo llegara hasta la Corte tendrían que juzgar sobre cosas que ellos mismos escribieron. Aunque es cierto que con la lentitud de la justicia en Argentina, cuando llegue un recurso de este tipo ante el Tribunal, quizás ya no estén en el cargo”.

10. Las rondas de consulta

“Modificar el Código no es algo que la sociedad esté reclamando para poder vivir. Por eso no creemos razonable hacerlo a toda carrera. Por ejemplo, el ejecutivo estipula que entre en vigencia sólo seis meses después de su aprobación. No está mal redactar un nuevo código, y es cierto que ninguna versión puede ser perfecta y conformar a todos, pero creo que nos podemos tomar más tiempo para discutirlo. Porque la comisión redactora trabaja desde hace más de un año en el proyecto, pero el público recién pudo verlo cuando se presentó en el Congreso”.

04/11/2012 23:32 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Lomas de Zamora, corre una maratón contra la violencia de género.

Unos 15000 corredores forman parte de una jornada gratuita y abierta que pretende llamar la atención sobre la escalada de crímenes contra mujeres cometidos en el país. La largada es a las 9.30. La competencia forma parte de la campaña internacional “sacá tarjeta roja al maltratador”.


Unas 15000 personas correrán hoy la maratón municipal de Lomas de Zamora, enmarcada en la campaña internacional “sacá tarjeta roja al maltratador”, que apunta a generar conciencia acerca de la violencia de género.

La competencia está dividida en tres categorías según la distancia a completar: habrá carreras familiares de 1,3 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros, todas de participación gratuita y abierta para la comunidad.

El epicentro de la maratón, que iniciará a las 9.30, será la plaza Victorio Grigera. Allí, en Hipólito Yrigoyen al 8700, se montará un arco que simbolizará el punto de partida y el lugar de llegada de los maratonistas.

En diálogo con Info Región, fuentes oficiales informaron que, en materia de seguridad, el evento contará con la asistencia de “Bomberos, Cruz Roja, Policía, Defensa Civil y Gendarmería”. Además, se sumarán “550 voluntarios, para poder tener dos personas por cuadra que asistan a los corredores”.

Si bien las tres categorías de la maratón correrán sobre la avenida Yrigoyen, los inscriptos para la competencia de 10 kilómetros partirán desde la plaza, rodearán el centro comercial e hipermercado de Temperley para retomar la ex avenida Pavón y seguirán entonces hasta Aráoz. Allí harán un giro en “U” para encarar el último tramo del recorrido hasta regresar a la plaza Grigera.

Antes de la partida, como muestra de rechazo hacia el maltrato a las mujeres, se organizará una largada simbólica en la que a todos los integrantes de la competición les entregarán una tarjeta roja para que la muestren en señal de repudio a la violencia de género.



11/11/2012 10:20 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Dia de los Trabajadores Judiciales.

 


 

 

Este 16 de noviembre, Día de los Trabajadores Judiciales, conmemoramos el sesenta aniversario del primer intento nacional de organización sindical de nuestro gremio. Fue en 1952 y representó un hecho que valoramos altamente porque durante ese Congreso realizado en Catamarca, no solo se conformó la Confederación Judicial Argentina, sino además porque desde ahí comenzamos a andar el camino de la defensa de nuestros derechos. Valga recordar que en aquel Congreso se planteó la necesidad de la unidad de los judiciales argentinos y, ya entonces, un modelo de remuneración “proporcional” al sueldo de los magistrados que significó el inicial antecedente concreto del reclamo de porcentualidad.

Con el golpe de 1955 la Confederación fue disuelta, pero en 1958 muchos de esos mismos compañeros que la habían conformado pusieron en marcha la Federación Judicial Argentina, precisamente en otro 16 de noviembre.

Hoy, al hacer un recorrido por la historia, la FJA celebra y conmemora las grandes jornadas de lucha de los judiciales y la toma de conciencia de ser trabajadores, de ese orgullo por pertenecer a la clase.

Como tales hemos sido protagonistas de memorables debates. Fuimos parte de la CGT, junto al entrañable compañero Agustín Tosco y otros grandes sindicalistas fuimos parte del Movimiento Nacional Intersindical, de la CGT de los Argentinos, participamos de los Comités de Libertad por los Presos Políticos en los años 70, Y ya por 1975 se estaba poniendo en marcha el primer convenio que garantizaba a los judiciales argentinos “a igual trabajo, igual remuneración”.

Enfrentamos las dictaduras, varios de nuestros compañeros han sido secuestrados y desaparecidos, y con ellos tenemos el compromiso de lucha permanente por los derechos humanos, por la democracia y libertad sindical, por la democratización del Poder Judicial y por todas las demandas que a través de sesenta años de historia van jalonando nuestro andar.

Todos los homenajes, todas las fiestas y alegrías por este nuevo Día de los Trabajadores Judiciales, es como exclamar que estamos vivos para seguir peleando por la misma causa de los compañeros que hoy no están En sesenta años de historia también rescatamos el constante combate por la democracia sindical, y por aquellos momentos en que recuperamos el sistema de porcentualidad gracias a la pelea de los judiciales en el último período de la dictadura genocida.

Hoy nos encontramos habiendo logrado que la OIT haya reconocido nuestros derechos y condenado al gobierno y a las conservadoras Cortes Superiores provinciales por no reconocerlos.

Estamos pues en la pelea por la discusión paritaria, y además por la conformación de una Justicia con amplia participación popular en la selección de magistrados como parte de la democratización de la Justicia en cuya actividad acabamos de saludar un nuevo triunfo: la creación de la Policía Judicial en el ámbito bonaerense, que si bien no es el ideal que reclamábamos, representa un importante avance en dirección a promover la independencia real de los Poderes Judiciales frente a los intereses partidarios y económicos de turno.

 

 
14/11/2012 15:32 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Sin actividad hoy en tribunales, por el Día del trabajador judicial.



 

Con motivo de celebrarse el Día del Trabajador Judicial, hoy no habrá actividad en los tribunales ni ninguna dependencia de la Justicia provincial.

En ese marco, el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari, emitió ayer un comunicado, en el que expresó su “reconocimiento” a los empleados del sector.

“Con motivo de esta celebración, quiero hacer llegar un cordial saludo a los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Esta fecha es oportuna para expresar mi reconocimiento por la labor que con dedicación y esfuerzo llevan adelante en miras de cumplir la trascendente misión de brindar un cada vez mejor y más eficiente servicio de justicia”, afirmó de Lázzari en el comunicado.

Vale señalar que, por una suma de factores diversos, la inactividad en los tribunales de nuestra ciudad se prolongará durante varias jornadas.

Ocurre que hoy, como se dijo, se celebra el Día del empleado judicial. El lunes, en tanto, será feriado en la ciudad de LA PLATA por el aniversario de su fundación. Y la Asociación Judicial es uno de los gremios que adhiere al paro convocado para el martes próximo por un sector sindical.

 

16/11/2012 08:06 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Los abogados perderían espacios en el Consejo de la Magistratura.

Pasarán de tener cuatro miembros a dos, de acuerdo a un proyecto que aprobó el Senado en medio de una dura polémica

Los abogados perderían espacios en el Consejo de la Magistratura

 

El Colegio de Abogados de la Provincia perderá representación en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar jueces y fiscales. Los cuatro sillones reservados para sus delegados pasarán a ser dos, lo que convertirá al colegio profesional en el estamento con menos miembros dentro de ese cuerpo.

Así lo contempla una proyecto de reforma integral en la conformación y funciones del Consejo de la Magistratura bonaerense que fue aprobado ayer en medio de una fuerte polémica por el Senado provincial y que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que fue rechazada por todos los bloques opositores, contiene otros aspectos controvertidos. Además de los cambios en la cantidad de representantes dispone que la presidencia, que hasta ahora estaba reservada al representante de la Suprema Corte, sea ocupada en forma rotativa por sus diferentes miembros.

El proyecto forma parte del paquete de leyes vinculadas a reformas en el Poder Judicial que impulsó el kirchnerismo en el Senado de la mano del vicegobernador Gabriel Mariotto y la jefa del bloque oficialista y autora del proyecto Cristina Fioramonti, esposa de Carlos Kunkel.

En este caso, apunta a introducir cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el organismo integrado por representantes de los Poderes Judicial, Legislativo, Ejecutivo y del Colegio de Abogados de la Provincia y que se encarga de seleccionar a los postulantes a jueces y fiscales.

MODIFICACIONES

El proyecto aprobado ayer reduce de 18 a 17 el número de miembros, quitándole dos representantes a los Colegios de Abogados y sumando uno al Ministerio Público Fiscal.

De esta forma, el órgano estará integrado por 6 representantes de la Legislatura -3 por cada cámara, 1 de los cuales representa a la oposición-; 5 de la justicia -tendrá dos representantes del ministerio público, uno de la Suprema Corte, un juez de cámara y uno de Primera Instancia-; 4 del Poder Ejecutivo y 2 de los Colegios de Abogados.

En tanto, la presidencia -que actualmente recae en el representante de la Corte- será ejercida en forma rotativa por un representante de cada estamento.

Entre las modificaciones más salientes a la actual ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Senado eliminó la obligatoriedad de que los miembros de la Legislatura sean abogados para integrar el cuerpo.

Además, se establece que los jueces y los abogados deberán elegir a sus representantes mediante el voto directo, mientras que el Ejecutivo, la Suprema Corte, la Legislatura y el Ministerio Público los elegirán de manera directa. En cualquier caso, los mandatos durarán 4 años, con una renovación parcial cada bienio, y los consejeros titulares no podrán ser reelectos sino con intervalo de un período.

También hay cambios en la forma de evaluación, que consistirá en un examen, que dará hasta 60 puntos, un análisis de antecedentes (20 puntos) y la entrevista personal (otros 20 puntos).

Cuando se implementen los cambios, los aspirantes a cubrir los juzgados deberán exhibir sus antecedentes profesionales en los medios de comunicación y estarán expuestos a posibles impugnaciones y objeciones.

Con todo, se eliminó del proyecto original un controvertido artículo que disponía un mecanismo de evaluaciones periódicas para los jueces y fiscales designados que había generado cuestionamientos desde el Poder Judicial.

La autora del proyecto, la senadora Fioramonti, explicó durante el debate que “tomamos como eje la transparencia y la igualdad de trato, que a partir de ahora van a estar garantizadas. Y establecimos que las audiencias del Concejo de la Magistratura tienen que ser públicas, como indica la Constitución. Es un avance importantísimo”.

 

16/11/2012 18:47 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Gutiérrez encabeza el acto por el Día del Militante en Quilmes.-

El jefe comunal de Quilmes y presidente local del Consejo del Partido Justicialista de local, será quien encabece las celebraciones por el Día del Militante en la ciudad. Será hoy desde las 10.30 en el local central de la Corriente Peronista Felipe Vallese, ubicado en Humberto Primo e Irigoyen.

Como conductor del PJ local, Gutiérrez encabeza el acto central por el Día del Militante que se conmemora este sábado 17 de noviembre.

A las 10.30 comienzan las actividades en el local central de la Corriente Peronista Felipe Vallese, ubicado en Humberto Primo e Yrigoyen de Quilmes centro.

Durante el acto se realizarán homenajes y reconocimientos a la trayectoria de históricos militantes de la ciudad.

Un 17 de Noviembre de 1972 volvía al país el General Juan Domingo Perón, después de diecisiete años de exilio y un retorno frustrado en 1964. A partir de entonces se conmemora el Día de la Militancia.

17/11/2012 19:01 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Familiares de víctimas de accidentes viales reclamaron "sentencias efectivas."

Es en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes Tránsito.

 
Familiares de personas que fallecieron en siniestros viales reclamaron hoy "sentencias judiciales efectivas" y un "mayor control" policial, al conmemorar el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes Tránsito.

Del acto, que tuvo lugar en la intersección de las avenidas 9 de Julio e Independencia, participaron las doce organizaciones de familiares que conforman el Grupo 1 del Comité Consultivo de la ANSV.

Los familiares reclamaron "sentencias efectivas" y un mayor "control policial" para evitar futuras muertes a causa de accidentes viales, en el marco de una iniciativa que se llevó a cabo en las principales ciudades del mundo.

En ese marco, más de 830 cuarteles de bomberos del país hicieron sonar sus sirenas bajo el lema "Esta vez escuchémosla para evitar, reflexionar y concientizar. Por menos siniestros viales".

El Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios sostuvo que los accidentes de tránsito "son un flagelo que nos azota a diario y losbomberos somos testigos de esto ya que más de 60 por ciento de las intervenciones que se realizan son por accidentes de tránsito".

La presidenta de la agrupación ACTIVVAS, Ema Cibotti, quien perdió a su hijo en un accidente en 2006, encabezó esta mañana un acto en el barrio porteño de San Cristóbal, del que participó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Laguens.

Las organizaciones de familiares que conforman el Grupo 1 del Comité Consultivo de la ANSV se reunieron en la plazoleta ubicada en el cruce de las avenidas Lima e Independencia para "recordar" a las víctimas, además de "concientizar y prevenir" a la población.-

18/11/2012 17:02 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Oficial: Hay casi 28.500 familias que viven en 29 villas de Quilmes.




En Quilmes viven 28.470 familias, que se hallan en 24.087 hogares ubicados en 29 villas y asentamientos. En total, se estima que hay 40.000 casas en el Distrito en extrema pobreza.

En el partido quilmeño 60.000 chicos reciben la Asignación Universal por Hijo, aunque esta cifra podría incrementarse con los datos que se conocerán en las próximas semanas.

Se atienden por día en la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio local, 150 personas; de las cuales 40 presentan graves problemas sociales. Estos datos surgen de una radiografía de la pobreza y de la realidad social de la ciudad que se encuentra elaborando el área a cargo de Valeria Isla, Secretaria de Desarrollo Social.

Ayer, la funcionaria entregó un informe de gestión de la Secretaría a la Prensa local. En la ocasión confirmó que 22.500 hogares de Quilmes son beneficiarios del Plan Más Vida, que 14.200 hogares reciben la tarjeta de compras de planes sociales, y que se pagan 8.316 pensiones no contributivas por distintos motivos.

Isla no dudó en asegurar que se logró hacer un piso de políticas sociales que el vecino de Quilmes debería pelear por sostener más allá de los gobiernos. Volvió a recordar y a hablar del estado desmantelado en que encontró el área cuando llegó al cargo y de los programas y presupuestos sub-ejecutados existentes, al tiempo que denunció la deteriorada relación institucional que tenía la Comuna tanto con Provincia como con Nación.

Asimismo, remarcó haber logrado construir ámbitos de transparencia, participación para sostener las actuales políticas públicas de desarrollo social para el distrito de Quilmes.

También habló del aumento de la cobertura a los más necesitados, aunque reconoció que aún faltaba; y destacó el incremento en inversión social de la administración Gutiérrez.

La Secretaria señaló, que en el marco de la Política Social que viene desarrollando la Secretaría se crearon en el año 2008 las Mesas Participativas de Gestión Barrial. Las Mesas son encuentros abiertos a vecinos, vecinas, organizaciones e instituciones que trabajan en propuestas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en los barrios más vulnerables. También mencionó la realización de los proyectos Participativos Transversales, el armado del registro de Organizaciones dedicadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes y la conformación del Consejo Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente.
18/11/2012 19:56 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Sospechan de una banda criminal de Los Álamos, por el asesinato del policía en Berazategui.-


Los integrantes de una peligrosa banda de delincuentes autodenominada LPC, Los Pibes de la Calle, de Villa Los Álamos, son los principales sospechosos de haber asesinado al capitán de la policía bonaerense, Rubén Fernández de 51 años. El hecho ocurrió en la noche de ayer en Berazategui durante un asalto a una familia vecina de la víctima. El grupo de criminales está siendo intensamente buscado y aún no hay detenidos.

El comisario Marcelo Aimone a cargo de la seccional tercera de Quilmes, informó que buscan intensamente a los culpables del asesinato del policía Rubén Fernández de 51 años, ocurrido anoche en la intersección de las calles 13 y 138 en Berazategui.

Para Aimone, los autores del hecho fueron identificados y se trataría de la banda de criminales reconocidos en la zona de Villa Los Álamos como LPC Los Pibes de la Calle.

Sin embargo, el jefe policial indicó que no hay detenidos por el asesinato, mientras los integrantes del grupo delictivo está siendo intensamente buscado.

El capitán Rubén Fernández de 51 años, cumplía funciones en la Jefatura Departamental de Quilmes y quiso evitar un robo a un vecino.

El policía fue sorprendido por los delincuentes que le dispararon al menos dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho.

Murió tras ser trasladado al Hospital El Cruce de Florencio Varela, producto de las heridas que le ocasionó la balacera.

18/11/2012 19:59 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Los principales accesos a Capital Federal están cortados por la huelga.

 

Empleados de Kraft interrumpen el ramal Campana de la Panamericana, en el km 35. Militantes del PTS se concentraron en el microcentro, en la esquina de Callao y Corrientes. El Partido Obrero bloquea el Puente Pueyrredón. También hay protestas en General Paz y Constituyentes y en Riccheri y Puente 12. Se esperan más de 150 cortes.

Las columnas de militantes del Partido Obrero llegaron al Puente Pueyrredón y bloquean la principal vía de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde la zona sur del conurbano bonaerense.
 
Decenas de activistas se movilizaron y mantendrán el corte total por tiempo indeterminado, según señaló Néstor Pitrola, dirigente del PO.
 
"Desde hace semanas estamos organizando con un entusiasmo muy grande esta movilización", sostuvo Pitrola y destacó que "no hubo necesidad de cortar una vía para que el ferrocarril Roca saque ninguna formación".
 
El dirigente de izquierda comparó el acatamiento a la medida, convocada por la CGT y la CTA opositoras, "con los grandes paros de la década del 90".  "Hay un programa definido de reivindicaciones más allá de la diversidad política de los dirigentes convocantes", agregó.
 
En tanto, otro grupo de manifestantes se moviliza y corta la Autopista Riccheri, a la altura del Puente 12, en sentido a la Capital Federal. Los activistas portan pancartas con distintas reivindicaciones y queman cubiertas sobre la calzada. Gendarmería Nacional dispuso una custodia en la zona pero no interviene para desalojar la autopista.
 
En tanto, la circulación en la General Paz se encuentra totalmente paralizada. Sucede que un grupo de gremialistas realiza un piquete a la altura de Constituyentes.
 
También hay protestas en el Acceso Oeste, altura Vergara, y en el Camino de Cintura, altura rotonda de Burzaco.
 
Además, continúan las manifestaciones en Panamericana, kilómetro 35, y en Callao y Corrientes, en el microcentro porteño.
 
Los piquetes, minuto a minuto
 
- La huelga general del 20 de noviembre comenzó con un corte en la intersección de Callao y Corrientes por parte de un grupo de militantes del PTS. Los manifestantes llegaron a las 6:20 y cortan desde esta mañana la circulación.
 
- A las 6:30 -media hora antes de lo anunciado- trabajadores de la empresa alimenticia Kraft iniciaron un corte en la Panamericana, ramal Campana, altura kilómetro 35, en ambas manos de circulación.
 
Uno de los delegados de los manifestantes sostuvo que la protesta se va a extender “como mínimo” hasta horas del mediodía. "Todavía no está determinado, pero la de hoy va a ser una jornada de lucha durante todo el día", afirmó.
 
"En su debido momento decidiremos a qué hora se levantará el corte", agregó el delegado, pero anticipó: "Va a durar hasta el mediodía mínimamente".
 
- A las 7:40 militantes del Polo Obrero cortaron el Puente Pueyrredón, tal como habían anunciado. La protesta impide la circulación en una conexión clave entre la Ciudad y la Provincia.
 
- A las 8:00 comenzó una protesta en Riccheri, altura Puente 12.
 
-A las 8:30 comenzó el corte en General Paz, altura Constituyentes. El tránsito sobre la avenida que recorre todo el límite de la Capital Federal está paralizado.
 
-A las 8:45 comenzó la protesta en el Acceso Oeste, altura Vergara. También se inició el piquete en el Camino de Cintura, altura rotonda de Burzaco.
 
-A las 9 se inició un bloqueo en la bajada Castillo, de la Autopista Illia. También hay una protesta que impide la salida de ómnibus de la terminal de Retiro. 
 

20/11/2012 09:16 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Caso Soria: condenan a Susana Freydoz a 18 años de prisión.

Susana Freydoz fue condenada a 18 años de prisión por el homicidio de su marido, el ex gobernador de Río Negro Carlos Soria.

Para el Tribunal, "no ha existido inimputabilidad ni emoción violenta excusable". Además, solicitaron que cumpla prisión preventiva en su domicilio.

La fiscalía había solicitado para ella la pena de prisión perpetua y que se cumpla en una cárcel común, en tanto, la defensa había pedido la absolución o la atenuación por emoción violenta.

La sentencia fue dictada por la Cámara Primera en lo criminal de General Roca, integrado por los jueces Carlos Gauna Kroeger, María García Balduini y Fernando Sánchez Freytes. Los jueces la consideraron, por mayoría, autora de "homicidio calificado por el vínculo agravado por el uso de arma de fuego con circunstancias extraordinarias de atenuación".

La fiscal de la causa, Laura Pérez, consideró que la mujer, de 61 años, debe cumplir la pena en una unidad penitenciaria y si es necesario, realizar tratamiento médico ambulatorio.

El crimen.-

El fin de año último el ex gobernador falleció luego de recibir un disparo en el rostro. Había asumido su mandato tres semanas atrás.

Desde febrero, Freydoz permanece internada en el área de Salud Mental de un hospital de Cipoletti.

En el juicio, por el que pasaron 31 testigos, la fiscalía señaló que Soria murió en su casa de Paso Córdoba por el disparo intencional propinado por su esposa, mientras él se encontraba recostado a punto a dormir.

La presunción de un estado de emoción violenta de Freydoz al momento de disparar fue desacreditada por la fiscal.

20/11/2012 18:36 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Violar la orden de restricción de acercamiento es un delito.

Así lo consideró un fallo de la Justicia cordobesa, en un caso de violencia de género

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) afirmó que constituye un delito el NO acatamiento a la orden de no acercarse a la victima por parte de los hombres golpeadores.

Las órdenes de restricción están basadas en la Ley de Violencia Familiar Nº 9.283 encuadra en el delito de desobediencia a la autoridad, previsto por el artículo 239 del Código Penal.

"Nos encontramos frente a un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición y su incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido”
, indicó el fallo.


Puntualiza que “esto, es el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intra familiar”.

Remarcó que “estas órdenes son impartidas con el fin de hacer cesar conductas que denuncian violencia y para prevenir o evitar que ellas se reiteren poniendo en peligro, la vida, la salud o la integridad psicofísica de la víctima”.

La información del Poder Judicial destaca que “de esta manera, el Alto Cuerpo zanjó una discrepancia jurídica entre distintos órganos jurisdiccionales de la provincia en relación con el tratamiento que debía darse a las personas que infringían las órdenes de exclusión dictadas en casos de violencia doméstica”.
20/11/2012 19:55 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

08-11-2012 | Cámara Civil y Com. Sala III de Mar del Plata. Pagaré. Operación de Crédito para consumo. Relación de consumo. Incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 36 de la ley 24.240. Rechazo de la ejecución.

REGISTRADA BAJO EL N° 226 (S) F°1222/1231

EXPTE. N° 152243 Juzgado Nº 14

En la ciudad de Mar del Plata, a los 06 días de Noviembre de

2012, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala

Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los

autos:

"CARLOS GIUDICE S.A.C/ FERREYRA MARCOS DE LA CRUZ

S/COBRO EJECUTIVO"

habiéndose practicado oportunamente el sorteo

prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del

Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación

debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES:

1) ¿Es justa la sentencia de fs. 30/45 vta.?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ

DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

I) Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo

rechazar la ejecución iniciada por la firma "Carlos Giudice S.A." contra el Sr.

Marcos de la Cruz Ferreyra, y dejó sin efecto la medida cautelar de embargo

preventivo dispuesta a fs. 19 vta., con costas en el orden causado atento lo

novedoso de la cuestión planteada.

II) Dicho pronunciamiento es apelado a fs. 46 por la parte actora,

fundando su recurso a fs. 53/58 vta. con argumentos que no merecieron

respuesta de la contraria.

III) Se agravia la recurrente de las afirmaciones del primer

juzgador respecto de las oportunidades para el estudio de la habilidad de los

títulos que se pretenden ejecutar por considerarlas inconsistentes en su

objeto de pretender justificar lo que

a posteriori va a desembocar en el

rechazo de la presente demanda.

Señala que los pagarés acompañados constituyen títulos

ejecutivos con todos los recaudos previstos por el ordenamiento legal.

Sostiene que la legitimación del accionante tiene que surgir

expresa o implícitamente del propio título ejecutivo atento ser la única forma

susceptible de ser constatada por el juez antes de dictar el primer proveído

que despacha la ejecución.

Indica que del análisis efectuado por el juzgador en su primer

despacho surge que efectivamente consideró viable la ejecución, ordenando

librar mandamiento de intimación de pago y embargo preventivo sobre los

haberes y otras remuneraciones del deudor.

Destaca que dicho análisis se efectuó con fecha 9 de Agosto de

2011, encontrándose vigente la ley 24.240, modificada por la ley 26.361.

Explica que su parte no es una entidad financiera ni efectúa

préstamos o créditos para consumo, razón por la cual entiende que los

pagarés ejecutados no encubren ninguna relación de esa naturaleza.

Manifiesta que su actividad es la venta de artículos

electrodomésticos, realizando operaciones comerciales puras y simples que

no implican el otorgamiento de créditos ni préstamos para la venta de su

propia mercadería, sino que cuando alguna persona adquiere dichos

productos sin el dinero suficiente para comprarlos de contado, dicha

operación se concreta mediante la suscripción de pagarés por la diferencia

no abonada oportunamente.

Concluye solicitando la revocación del pronunciamiento de

primera instancia, por entender que el mismo agravia, injuria y amenaza

seriamente el buen nombre y patrimonio de su parte, en tanto aduce no

haber incurrido en ningún accionar fraudulento como lo considera el

a quo.

IV) Pasaré a analizar los agravios planteados.

A.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA.

En el caso de autos la firma "Carlos Giudice S.A." promueve

demanda ejecutiva contra el Sr. Marcos de la Cruz Ferreyra acompañando

dos pagarés a fs. 8/9.

Las cartulares han sido libradas

el día 5 de Julio de 2008 con

vencimiento el día 5 de Agosto de 2008 por la suma de pesos

cuatrocientos noventa y dos ($ 492) por crédito N° 9714039, y el día 10

de Julio de 2008 pagadero el 12 de Agosto de 2008 por crédito N°

1630396 de pesos mil ochocientos dieciseis ($ 1.816)

, totalizando la

suma de pesos dos mil doscientos ocho ($ 2.208) reclamado en el escrito de

demanda de fs. 16/18. Al promover la acción, el

ejecutante expresa que

“a pesar de las incontables diligencias

extrajudiciales, tendientes a obtener el pago de la referida obligación, las

mismas arrojaron resultado negativo, por lo que la interposición de la

presente demanda deviene inevitable",

reclamando la suma

precedentemente indicada con más su reajuste por el sistema monetario que

rija al momento del efectivo pago, intereses legales, costos y costas de la

ejecución (v. fs. 16/18).

A fs. 19/20 se decreta el embargo preventivo sobre el sueldo y/o

cualquier otra remuneración percibida por el demandado, y se ordena librar

mandamiento de intimación de pago por la suma antes referida más la de

pesos mil ($ 1.000) presupuestada

prima facie para responder a intereses,

costos y costas del juicio, importando tal intimación la citación al ejecutado

para oponer excepciones.

A fs. 27/28 se agrega al expediente el mandamiento de intimación

de pago, el que se encuentra diligenciado en el domicilio denunciado al

suscribirse los respectivos pagarés sin haberse presentado el demandado.

A fs. 29 la actora pide que se dicte sentencia.

A fs. 30/31 vta. el primer juzgador, previo a lo solicitado, requiere

a la parte actora que manifieste si el ejecutado se trata de un consumidor o

de un comerciante, resolviendo el Sr. juez de primera instancia que se

presume que el préstamo se efectuó como consecuencia de la existencia de

una relación de consumo en caso que no se acredite el segundo de los

extremos.

El ejecutante se presenta a fs. 32 y refiere que no tiene

conocimiento si el demandado desarrolla actividades comerciales. No

obstante ello, sostiene que la relación que vincula a las partes es la

compraventa de un producto de los que habitualmente comercializa,

suscribiendo el ejecutado pagarés como consecuencia de no tener el dinero

suficiente para abonar la obligación contraída.

A fs. 33/45 vta. el

a quo dicta sentencia en los términos expuestos

en el pto. I.

B.- OPORTUNIDAD PARA ANALIZAR LA HABILIDAD DEL

TITULO EJECUTIVO.

En primer lugar, cabe recordar que el Tribunal tiene la posibilidad

de determinar la verdadera y real existencia de los títulos objeto de

ejecución, sin que ello signifique indagar en la causa de la obligación, sino

juzgar si realmente existe título ejecutivo

legítimo y hábil a los efectos de

despachar la ejecución que se solicita (argto. doct. Roberto Alfredo Muguillo,

"Revista de Derecho Privado y Comunitario" 2005-3

, Ed. Rubinzal-Culzoni,

Cdad. de Sta. Fe, 2005, pág. 176/177; argto. jurisp. esta Sala, causa N°

145995 RSD 180/10 del 6/7/2010).

Es por ello que el juzgador debe examinar cuidadosamente la

bondad ejecutiva y certidumbre del título que se trae como base de la

ejecución, pues corresponde al beneficiario acreditar que es merecedor de

ese trato privilegiado que le concede la ley (argto. doct. y jurisp.

ut supra

cit.).

Dicho control debe efectuarse en el marco del juicio ejecutivo al

momento de iniciarse el proceso, cuando el demandado opone excepciones

y, finalmente,

al momento del dictado de la sentencia de trance y remate

(conf. arts. 529, 542 y ccdtes. del C.P.C.; argto. doct. Enrique M. Falcón,

"Juicio ejecutivo y ejecuciones especiales"

, Tomo I, Rubinzal-Culzoni Edit.,

Cdad. de Sta. Fe, 2009, pág. 678).

Si bien el art. 540

in fine del C.P.C. prescribe que -en ausencia de

excepciones oportunamente opuestas-

"el juez, sin otra sustanciación,

pronunciará sentencia de remate"

y que esta sentencia de remate -según lo

explicita el art. 549 del C.P.C.-

"podrá determinar que se lleve la ejecución

adelante (...) o su rechazo...",

debe considerarse implícito en dicho precepto

el agregado a la última frase de la locución

"si correspondiere", pues el juez

no puede dictar una sentencia en contra de lo previsto por la ley

(argto.

doct.

ut supra cit., pág. 680).

Es por ello que la decisión del juez de despachar inicialmente la

ejecución no hace cosa juzgada, no importa prejuzgamiento ni genera

preclusión, desde que

la cuestión atinente a la habilidad del título puede

ser analizada aun de oficio por el tribunal hasta el momento del dictar

sentencia de trance y remate

, haya mediado o no oposición de

excepciones (argto. jurisp. Cám. Fed., Bahía Blanca, Sala II,

in re "YPF S.A.

c/ Ballesi, Juan A."

, sent. del 20/5/1999; Cám. Apel. Civ. y Com., Posadas,

Sala II,

in re "Banco Corrientes S.A. c/ Ballvé, Alejandro y otro", sent. del

29/2/2000; Cám. Apel. Civ., Com. y Lab., Rafaela,

in re "Coronel, Juan

Carlos c/ Sánchez, Petrona y otro",

sent. del 8/11/1998; doct. Carlos H.

Ravelli,

"Juicio ejecutivo. La segunda oportunidad para examinar la eficacia

del título",

LL. 1982-C-346, pto. VIII).

Sobre esta cuestión, la jurisprudencia es concordante en sostener

que ante una demanda ejecutiva, el juez tiene el deber primordial de analizar

la ejecutoriedad del instrumento con el que se la promueve, en primer

término al despachar o denegar la vía ejecutiva, y en segundo lugar,

al

momento de dictar la sentencia de remate

(argto. jurisp. Cám. Apel. Civ. y

Com. II, Morón,

in re "Iturrieta, Juan B. c/ Sircovich, Jorge O. s/ Juicio

ejecutivo"

del 28/12/1995; Cám. Nac. Com., Sala C del 15/2/1980, LL. 1980-

C-74; Cám. Apel. Civ. y Com. II, La Plata, Sala II,

in re "Sánchez, Ernesto L.

c/ Oviedo, Sonia s/ Desalojo"

del 13/12/1995, in re "Spacarotel, Carlos A. c/

Alvarez, Alejandro y otros s/ Cobro ejecutivo de alquileres y cláusula penal"

del 16/12/1995; Cám. Apel. Civ. y Com., Rosario, Sala II del 27/12/1979,

Zeuz 19-195).

En el mismo sentido, esta Sala sostuvo reiteradamente que el

juez se encuentra constreñido a analizar de oficio el título ejecutivo, ya sea

al momento de ordenar la intimación de pago o del dictado de la

sentencia

(arts. 529 y 549 del C.P.C.; argto. jurisp. esta Sala, in re "BBVA

Banco Francés S.A. c/ Tapparo, Cristian David Ricardo s/ Cobro ejecutivo"

,

Expte. N° 149281 RSD 230/11 del 7/12/2011;

in re "BBVA Banco Francés

S.A. c/ Nicoletto, Marcelo Andrés s/ Cobro ejecutivo"

, Expte. N° 148094 RSD

191/11 del 17/10/2011;

in re "BBVA Banco Francés S.A. c/ Pagano, Liliana

Raquel s/ Cobro ejecutivo"

, Expte. N° 149740 RSD 59/12 del 26/12/2012;

entre otros).

De allí que si en el examen preliminar de un título ejecutivo

efectuado por el juzgador no se hubiera advertido una cuestión que lo torna

inhábil,

el juez dispone al momento de sentenciar de una nueva

oportunidad para desestimar la ejecución

(argto. doct. argto. doct.

Enrique M. Falcón,

"Juicio ejecutivo y ejecuciones especiales", Tomo I,

Rubinzal-Culzoni Edit., Cdad. de Sta. Fe, 2009, pág. 679).

Llevando tales pautas al caso de autos, adelanto que corresponde

rechazar el agravio referido a la oportunidad para analizar los títulos objeto

de ejecución, toda vez que la decisión del primer juzgador de ordenar el

libramiento de mandamiento de intimación de pago, así como de trabar

embargo sobre el sueldo y/o demás remuneraciones del ejecutado (fs.

19/20), de ninguna manera condiciona el sentido de la sentencia de trance y

remate dictada a fs. 33/45 vta.

En efecto, si bien el Sr. juez de primera instancia efectuó un

primer examen de admisibilidad sobre los títulos traídos a ejecución al

momento de despachar la providencia de fs. 19/20, lo cierto es que dicha

decisión no hace cosa juzgada, no importa prejuzgamiento ni genera

preclusión sobre las decisiones posteriores, pudiendo declarar inhábil el

título incluso hasta el momento del dictado de la sentencia de mérito,

habiendo o no mediado oposición de excepciones, tal como aconteció en el

caso de autos ya que consideró vigente la ley 26.361.

Por los fundamentos dados, se rechaza el planteo referido a la

oportunidad del rechazo de la presente ejecución (arts. 529, 540, 542, 549 y

ccdtes. del C.P.C.).

C.- PAGARES - RELACION DE CONSUMO.

Se observa que del texto de los pagarés acompañados surgen no

sólo los montos sino que además, en el ángulo superior derecho se

identifican los números de

créditos y, a su vez, en el renglón destinado a

identificar el origen de la suscripción, se consignó:

"por igual valor recibido

en

servicios"
.

Sentado ello, cabe preguntarse si es procedente la ejecución de

los pagarés acompañados.

Para que ello sea viable es necesario que la ejecución recaiga

sobre pagarés que se caracterizan por su abstracción, autonomía, literalidad,

formalidad e independencia, es decir, bastarse a sí mismos (doct. Osvaldo

Gómez Leo,

"Manual de derecho cambiario", Ed. Lexis Nexis, Cdad. de Bs.

As., 2006, pág. 332; Carlos Gilberto Villegas,

"Títulos valores y valores

negociables"

, Ed. La Ley, Cdad. de Bs. As., 2004, pág. 549; Ignacio A.

Escuti,

"Títulos de crédito", Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., 2010, pág. 32;

Osvaldo Gómez Leo,

"El pagaré", Ed. Depalma, Cdad. de Bs. As., 1988,

pág. 24; Roland Arazi - Patricia Bermejo,

"Código Procesal Civil y Comercial

de la Pcia. de Bs. As."

- T. II, Ed. Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Sta. Fe, pág.

304; jurisp. Cám. Nac. de Comercio, Sala D,

in re "Compañía Financiera

Argentina S.A. c/ Heredia, Rodolfo Martín s/ ejecutivo"

, causa N° 68035/08

del 26/5/2009, cit. en

www.eldial.com).

En efecto, el pagaré es un título valor completo, que contiene una

promesa incondicionada y abstracta de pagar una suma de dinero

determinada, y quien goce de la legitimación cambiaria activa del papel de

comercio está habilitado para demandar la satisfacción de la prestación

documentada en éste (argto. jurisp. Cám. Civ. y Com. Fed.,

in re "Banco de

la Nación Argentina c/ Minuth, Armin y otro s/ Proceso de ejecución",

causa

N° 2888/98 del 28/6/2000, cit. en

www.eldial.com; SCBA C. 96876 del

2/3/2011).

En el caso de autos surge que los pagarés glosados se refieren a

créditos otorgados por la ejecutante al demandado

, en tanto la cartular

librada el día 5 de Julio de 2008 con vencimiento el día 5 de Agosto de 2008

por la suma de pesos cuatrocientos noventa y dos ($ 492) remite al

crédito

N° 9714039

, y el documento librado el día 10 de Julio de 2008 pagadero el

12 de Agosto de 2008 por la suma de pesos mil ochocientos dieciseis ($

1.816) alude al

crédito N° 1630396 (v. pagarés obrantes a fs. 8/9).

Es decir no gozan de los caracteres propios del pagaré (arts. 101,

102, 103 y ccdtes. del dec. ley 5965/63; conf. Osvaldo Gómez Leo,

"El

pagaré",

Ed. Depalma, Cdad. de Bs. As., 1988, págs. 20/21).

Efectivamente

cuando la pretensión ejecutiva tiene arraigo en

una relación de crédito para el consumo, es posible y necesario

interpretar las normas procesales, de modo compatible con los

principios derivados de la legislación de protección de usuarios

, es lo

que la doctrina considera diálogo de fuentes (arts. 1, 2, 36 y 37 de la ley

24.240, modif. por ley 26.361; argto. jurisp. SCBA Rc. 109305

in re "Cuevas,

Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo"

del

1/9/2010; doct. Juan Carlos Cabañas García,

"Los procesos civiles sobre

consumidores y usuarios y de control de las cláusulas generales de los

contratos"

, Ed. Tecnos, Madrid - España, 2005, pág. 21).

Sentado lo anterior explicaré porqué se trata de una relación de

consumo.

El primer dato a tener en cuenta es que

la relación jurídica de

consumo se encuentra definida por las normas de derecho positivo

predeterminadas, las cuales vienen a establecer: 1) las materias en que

se manifiesta, 2) la posición de cada uno de los sujetos de la relación, y

3) la finalidad que la operación presenta para uno de ellos, que

convierte a la persona en consumidora o usuaria

(Juan Carlos Cabañas

García,

"Los procesos civiles sobre consumidores y usuarios y de control de

las cláusulas generales de los contratos"

, Ed. Tecnos, Madrid - España,

2005, pág. 21).

Tal como lo señala la ley, la relación de consumo es el vínculo

jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario (art. 3 de la ley 24.240,

modif. por ley 26.361).

El art. 2 de la ley 24.240 -modif. por ley 26.361- señala que

proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que

desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de

producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación,

concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios,

destinados a consumidores o usuarios.

A renglón seguido se establece quiénes no se encuentran

comprendidos por la referida disposición (art. 2 de la ley 24.240, modif. por

ley 26.361).

La noción de proveedor se extiende a quienes brindan servicios,

alcanzando a todas las prestaciones apreciables en dinero, ya sean de

naturaleza material (vgr. reparaciones o limpieza), o de naturaleza financiera

(vgr. seguro, crédito, de naturaleza intelectual, salud o de asistencia jurídica;

argto. doct. Ruben S. Stiglitz - Gabriel A. Stiglitz,

"Contratos por adhesión,

cláusulas abusivas y protección al consumidor"

- 2da. Ed. actualizada, Edit.

La Ley, Cdad. de Bs. As., 2012, pág. 181/182).

La accionante se encuentra comprendida dentro de la noción de

proveedor de una relación de consumo, toda vez que con motivo de la venta

de los productos que comercializa, financió el pago en forma directa con el

consumidor, prestando una operación de venta de

crédito para consumo

(arts. 2 y 36 -Capítulo VIII- de la ley 24.240, modif. por ley 26.361; argto.

doct. Diego H. Zentner,

"La protección del consumidor en las operaciones de

crédito"

, pub. en DJ 23/6/2010, 1674, www.laleyonline.com).

En efecto, la firma ejecutante "Carlos Giudice S.A." se trata de

una empresa dedicada a la venta de artículos electrodomésticos tal como se

expresa en la fundamentación del recurso, iniciando la presente ejecución

con la finalidad de perseguir el cobro resultante de operaciones de

compraventa de estos artículos cuyo pago es a plazo (ver fs. 32 y 56).

Es cierto que la ejecutante no se trata de una entidad financiera.

Sin perjuicio de ello, en virtud que las circunstancias descriptas en los

antecedentes de la causa -actividad que desarrolla- reviste la calidad de

proveedor en una relación de consumo, en tanto financia de manera habitual

la venta de sus productos (art. 2 de la ley 24.240, modif. por la ley 26.361;

argto. doct.

ut supra cit.).

Repárese que al momento de consignar la razón por la cual se

suscriben los pagarés se consigna, expresamente, que es por "servicios", lo

que no puede interpretarse más que como servicios correspondientes a la

financiación de los productos que vende.

También siguiendo con los conceptos dados, entiendo que

efectivamente se trata de una relación de consumo por la posición de los

sujetos contratantes (arts. 1 y 53 de la ley 24.240, modif. por ley 26.361;

conf. Juan Carlos Cabañas García,

"Los procesos civiles sobre

consumidores y usuarios y de control de las cláusulas generales de los

contratos"

, Ed. Tecnos, Madrid - España, 2005, pág. 21).

Se presume

a partir de la calidad de las partes involucradas

en las actuaciones que el vínculo subyacente efectivamente se trata de una

operación de crédito para consumo (argto. jurisp. Cám. Nac. Apel. Comercial

en pleno,

in re "Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero

comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se

invoquen derechos de consumidores"

, sent. del 29/6/2011).

Obsérvese que en autos se inicia la ejecución contra una persona

física -Sr. Marcos de la Cruz Ferreyra- con ingresos fijos que al tiempo de

contraer la deuda se desempeñaba como "Guardia (EG)" del Servicio

Penitenciario Bonaerense (v. fs. 49), lo que constituye la prueba más

evidente que se trata de una relación de consumo (arts. 375 y 384 del

C.P.C.).

Consecuentemente y a partir de la calidad del sujeto ejecutado -

persona física destinataria final del producto o servicio- surge la existencia

de una relación de consumo (argto. jurisp. SCBA Rc. 109305

in re "Cuevas,

Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo"

del

1/9/2010).

Sentado lo anterior, ¿cabe preguntarse si de la documentación

acompañada es aplicable al consumidor el art. 36 de la ley 24.240

modificada por ley 26.361?

Veamos.

En el marco del art. 36 de la ley 24.240 -modif. por ley 26.361- se

encuentran comprendidas las siguientes operaciones de crédito (v. Capítulo

VIII):

a) Operaciones financieras para consumo: son las brindadas por

una entidad financiera al consumidor para aplicarlo genéricamente a la

contratación de bienes y servicios, sin que este último mantenga relación

alguna con el proveedor, o por lo menos, sin que entre ambos exista una

relación exclusiva (vgr. tarjeta de crédito, apertura de crédito).

y b) Créditos para consumo -propiamente dicho-: son los

otorgados con la finalidad concreta e inmediata de acceder a la contratación

de determinados bienes o servicios. A su vez, este tipo de créditos pueden

ser

de tipo directo, es decir, concedidos por el propio proveedor de

bienes o servicios a los fines que el consumidor aplace el pago o lo

fraccione en cuotas (ej. compraventa a crédito con tarjeta de compra,

mutuo con garantía prendaria, leasing operativo

); o indirecto, que son los

otorgados por un tercero vinculado funcionalmente con el proveedor

respecto a la operación principal (vgr. mutuo, leasing financiero, ahorro

previo; Ricardo L. Lorenzetti,

"Consumidores" - 2da. Ed. actualizada, Edit.

Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Sta. Fe, 2009, pág. 455; Hugo Anchaval,

"Insolvencia del consumidor"

, Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., 2011, pág. 99;

Jorge Mosset Iturraspe - Ricardo L. Lorenzetti,

"Defensa del consumidor" -

Ley 24.240, Ed. Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Sta. Fe, 1993).

Efectivamente, el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor

regula tres clases de créditos:

los otorgados por el propio vendedor del

bien o del servicio

; los que puede conceder, con igual fin, cualquier tercero;

y los que otorgan las entidades financieras, especialmente a través de las

tarjetas de crédito (argto. doct. Diego H. Zentner,

"La protección del

consumidor en las operaciones de crédito"

, pub. en DJ 23/6/2010, 1674,

www.laleyonline.com

).

En el caso de autos, la accionante "Carlos Giudice S.A." afirma

que se dedica a la venta de artículos electrodomésticos, reconociendo

además que

los pagarés ejecutados han sido suscriptos como

consecuencia de compras de dicha mercadería pagada a plazo

(v. fs. 32

y 56).

De lo dicho surge entonces que en autos se han celebrado

operaciones de crédito para consumo, en las cuales se le permitió al

consumidor el acceso a determinados bienes desplazando el pago de los

mismos o fraccionándolo en cuotas, tal como lo afirma la ejecutante en su

expresión de agravios, incumpliendo las exigencias del art. 36 de la Ley de

defensa del consumidor

bajo pena de nulidad (v. fs. 53/58 vta.; argto. doct.

Diego H. Zentner,

"La protección del consumidor en las operaciones de

crédito"

, pub. en DJ 23/6/2010, 1674, www.laleyonline.com).

Efectivamente, las contrataciones efectuadas en autos -como lo

alega la propia accionante- se tratan de operaciones de crédito para

consumo de carácter "directo", es decir, en las cuales el proveedor de la

relación de consumo otorga al consumidor la posibilidad de aplazar el pago

de los bienes o servicios adquiridos o el franccionamiento en cuotas con

financiamiento provisto por el propio proveedor (argto. doct.

ut supra cit.).

De allí que debe tenerse por cierto que en los pagarés

presentados por el ejecutante se han instrumentado operaciones de

compraventa de electrodomésticos, omitiéndose acompañar en autos los

instrumentos en que se materializó la compraventa, la entrega del recibo o

factura con el precio de venta, los pagos efectuados, número de cuotas,

intereses y demás previsiones establecidas por el art. 36 de la ley 24.240,

modif. por ley 26.361 (argto. arts. 208, 450, 451, 452 y 463 inc. 2 y 3 del

Cód. de Comercio).

En la fundamentación del recurso (fs. 55/vta.), la letrada

apoderada de la parte actora formula varias preguntas que llevan como

respuesta fundamentalmente que

la aplicación de la Ley de defensa del

consumidor no acarrea necesariamente la imposibilidad de iniciar una

demanda, sino que el proceso que corresponde imprimir al cobro de

las sumas adeudadas en tales supuestos requiere la presentación de

los instrumentos que dieron lugar a la compraventa

, en cumplimiento

con los recaudos previstos por el art. 36 de la ley 24.240, modificada por la

ley 26.361.

Tales requerimientos son:

a) La descripción del bien o servicio

objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes

o servicios;

b) El precio al contado, sólo para los casos de adquisición de

bienes o servicios;

c) El importe a desembolsar inicialmente –de existir- y el

monto financiado;

d) La tasa de intereses efectiva anual; e) El total de

intereses a pagar o el costo financiero total;

f) El sistema de amortización del

capital y cancelación de los intereses;

g) La cantidad, periodicidad y monto

de los pagos a realizar;

h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los

hubiere (art. 36 de la ley 24.240, modif. por ley 26.361).

Deviene evidente entonces que de los pagarés acompañados no

puede comprobarse el cabal cumplimiento de los recaudos exigidos bajo

pena de nulidad por el artículo 36 de la ley 24.240 –ref. por ley 26.361-.

Debe tenerse presente en tal sentido que el proyecto de

unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente debatido

en el Congreso Nacional, también contempla esta situación, en tanto -en

palabras del actual presidente del Máximo Tribunal Nacional Dr. Ricardo L.

Lorenzetti- el proyecto de nuevo código impone a los jueces un rol

protagónico en la dirección del proceso, mirando la Constitución Nacional y

los Tratados Internacionales, es lo que se llama Derecho Privado

Constitucional (conf. discurso del presidente de la C.S.J.N. Dr. Ricardo L.

Lorenzetti en las

"III Jornadas Marplantenses de Responsabilidad Civil y

Seguros"

celebradas en la U.N.M.D.P.).

Bajo este prisma, debe tenerse presente que las empresas

comerciales que habitualmente financian sus ventas, frecuentemente

imponen a los consumidores la suscripción de pagarés para la concreción de

las pretensas operaciones de crédito, generando de este modo la duplicidad

formal de las deudas, sintomáticas de una débil trasparencia contractual

(argto. doct. Eduardo Barreira Delfino,

“Créditos para consumo, pagarés y

abstracción cambiaria”

, pub. en "Revista de Derecho Bancario y Financiero”

IJ-L-208).

Por otra parte, también debe considerarse que en este tipo de

supuestos la vulnerabilidad o debilidad del ejecutado y el destino final de los

bienes adquiridos, sean para beneficio propio o de su grupo familiar o social,

a los fines de justificar la especial tutela protectoria conferida por el

ordenamiento jurídico argentino, acentúan la aplicación del referido principio

protectorio ante la presencia de consumidores especialmente vulnerables en

razón de concretas condiciones personales (argto. doct. María L. Duarte -

Mateo G. Schott,

"Soluciones compositivas al sobreendeudamiento del

consumidor. El consumidor como sujeto especial y diferenciado a los fines

de un tratamiento sistemático acorde. Sobreendeudamiento reperable;

irremediable y proceso abreviado"

(5-B011), Libro de ponencias - T. III, VIII

Congreso Argentino de Derecho Concursal - VI Congreso Iberoamericano de

la insolvencia, Cdad. de Tucumán, 2012, pág. 161).

Ello por cuanto requiere un grado pronunciado de protección el

consumidor que dispone de ingresos relativamente modestos, o quien

carezca de suficiente discernimiento y perspicacia en cuestiones jurídicas y

económicas, o posea limitaciones en cuanto a su diligencia y atención,

resultando fácil víctima de engaño o potencialmente influenciable de manera

no objetiva (argto. doct. Ruben S. Stiglitz - Gabriel A. Stiglitz,

"Contratos por

adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor"

- 2da. Ed.

actualizada, Ed. La Ley, Cdad. de Bs. As., 2012, pág. 180).

Entiendo que en el caso de autos dicha tutela se encuentra

plenamente justificada al llevarse adelante la ejecución contra una persona

física -Sr. Marcos de la Cruz Ferreyra- con ingresos fijos que se

desempeñaba como "Guardia (EG)" del Servicio Penitenciario Bonaerense

(v. fs. 49), de lo que se infiere que percibe modestos ingresos y que no

posee conocimientos específicos en materia financiera, resultando pasible

de la protección conferida por la legislación consumerista.

Es lo que la doctrina y jurisprudencia denomina

sobreendeudamiento del consumidor, definido por el Máximo Tribunal

Nacional como la imposibilidad del deudor de buena fe de afrontar el

conjunto de deudas exigibles, y la implicancia que conlleva al

sobreendeudamiento familiar (conf. CSJN

in re "Rinaldi Francisco Augusto y

otro c/ Guzmán Toledo Ronal Constante y otra s/ Ejecución hipotecaria"

, R.

320. XLII. RHE del 15/03/2007; Ricardo L. Lorenzetti - Claudia Lima

Marques,

"Contratos de servicios a los consumidores", Ed. Rubinzal-Culzoni,

Cdad. de Sta. Fe, 2005, pág. 393; Elvira Méndez Pinedo,

"La protección de

consumidores en la Unión Europea"

, Ed. Marcial Pons, Madrid - España,

1998).

En las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en

el año 2011 en la ciudad de Tucumán se analizó esta cuestión, al considerar

que el sobreendeudamiento del consumidor ha llevado a desligar distintos

créditos: el crédito "prime" común corriente, el crédito "superprime" de alta

tasa y el crédito "predatorio" que produce un grave daño y que tiene por

objetivo el consumo sin preocuparse por la capacidad económica de las

personas (conf. Comisión Octava, pág. 160; Directiva 2008/48 del

Parlamento Europeo y del Consejo; argto. doct. Hugo Anchaval,

"Insolvencia

de consumidores"

, Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., 2011).

Es también preocupación del Congreso Nacional la cuestión

planteada toda vez que adquirió media sanción en la Honorable Cámara de

Senadores de la Nación, el denominado proyecto de

"Ley de prevención de

sobreendeudamiento personal y familiar”

(actualmente llamado "Régimen de

sobreendeudamiento de personas físicas"

), presentado por la senadora

nacional Liliana Negre de Alonso, como consecuencia de que

"el

endeudamiento de las familias argentinas ha alcanzado un máximo en estos

últimos tres años donde, por ejemplo, según la Consultora abeceb.com el

stock de préstamos al consumo llega a representar un volumen promedio en

torno al 22% de los salarios totales en la economía"

(v. fundamentos del

proyecto de

"Ley de prevención de sobreendeudamiento personal y

familiar"

).

A lo dicho cabe agregar que el proyecto de unificación del Código

Civil y Comercial de la Nación, actualmente debatido en el Congreso

Nacional, contempla la compraventa de cosas, incorporando en los arts.

1142, 1143, 1145, 1146 y 1162 también las normas de defensa del

consumidor.

Concluyo que siendo la accionante una entidad dedicada a la

venta de electrodomésticos –enmarcada dentro del concepto de proveedor

sentado por el art. 2 de la ley 24.240- y habiendo reconocido a fs. 32 y 58

vta. que los pagarés fueron emitidos como consecuencia de compras de

bienes a plazo efectuadas por el ejecutado, devienen aplicables las

previsiones de la ley 24.240 con las modificaciones incorporadas por ley

26.361 pues ésta última se encontraba en vigencia –fue publicada el

7/4/2008- al momento de creación de la cartulares en ejecución -5/7/2008 y

10/7/2008- (arts. 1, 2, 3, 36 y ccdtes. de la ley 24.240).

Así las cosas, en virtud de la naturaleza de los bienes

comercializados por el proveedor de la relación de consumo que tienen por

finalidad el crédito otorgado -electrodomésticos-, el monto que se pretende

ejecutar ($ 2.208), la multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados por

el accionante (v.

www.scba.gov.ar - M.E.V.), así como la condición de

persona física con ingresos fijos del ejecutado (fs. 32; art. 53 de la ley

24.240, modif. por ley 26.361), es válido considerar que nos encontramos

efectivamente ante una relación de consumo y, por ende, el cobro de la

misma debe regirse por la Ley de defensa del consumidor (art. 65 de la ley

24.240, modif. por ley 26.361; argto. jurisp. SCBA C. 116507

in re "Carlos

Giudice S.A. c/ Delgadillo Heredia, Agapito s/ Cobro ejecutivo"

del 7/3/2012).

Es en razón de lo expuesto que, habiéndose librado pagarés en

infracción a la Ley de defensa del consumidor, cuya observancia resulta

obligatoria atento su carácter de orden público, debe mantenerse la decisión

del Sr. juez de primera instancia de rechazar la ejecución deducida (arts. 18,

42 y ccdtes. de la Constitución Nacional; 15, 38 y ccdtes. de la Constitución

Provincial; 8 y ccdtes. del Pacto de San José de Costa Rica; 163 inc. 5, 521

inc. 5, 542 inc. 4, 529, 549 del C.P.C.; 21, 953, 1071, 1198 y ccdtes. del

Código Civil; 42 y ccdtes. de la ley 25.065; 18 y ccdtes. del dec. ley 5965/63;

1, 2, 3, 36, 53, 65 y ccdtes. de la ley 24.240 -modif. por ley 26.361-; 212 y

ccdtes. y arts. 208, 450, 451, 452, 463 inc. 2 y 3 y ccdtes. y apart. 5 del

Título Preliminar del Código de Comercio).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los

mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA.

NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

Corresponde: I) Rechazar el

recurso de apelación deducido a fs. 46 y, en consecuencia, confirmar la

sentencia de fs. 33/45 vta., rechazando la ejecución deducida. II) Imponer

las costas a la apelante (art. 68 del C.P.C). III) Diferir la regulación de

honorarios para su oportunidad (art. 31 y 51 de la ley 8904).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los

mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos dados en el

precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso de apelación deducido a fs. 46

y, en consecuencia, se confirma la sentencia de fs. 33/45 vta., rechazando la

ejecución deducida. II) Las costas se imponen a la apelante (art. 68 del

C.P.C). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31

y 51 de la ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del

C.P.C). Devuélvase.

NELIDA I. ZAMPINI RUBEN D. GEREZ

Pablo D. Antonini

Secretario

22/11/2012 21:07 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

La Cámara de Diputados aprobó la figura del abogado del niño.

 

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó una iniciativa de la legisladora Natalia Gradaschi , de Nuevo Encuentro, que crea la figura del abogado del niñao.

La norma garantiza ael derecho de los niños y adolescentes a expresarse y ser escuchados en cualquier instancia judicial o administrativa en la que se adopten medidas referentes a su vida.

"Esta institución del abogado del niño se basa en la Convención sobre los derechos del niño que plantea a los niños y niñas de todas las edades la posibilidad de ser escuchados en cualquier proceso judicial y administrativo en que se tomen decisiones sobre su vida", explicó la diputada.

La creación de la figura del abogado del niño se basa en la ley 26061 de protección integrala de los derechos de las niñas, niños y adolescentes quienes, según la norma, deben poder expresarse libremente, que sus opiniones sean tenidas en cuenta, poder peticionar a las autoridades y contar con una asistencia letrada. "Esto plantea la ley de protección integral y es lo que incorporamos a la legislación provincial, ampliamos derechos en consonancia con el proyecto nacional" señaló la legisladora de Nuevo Encuentro.

Gradaschi precisó que "entre las funciones del abogado del niño está la de ofrecer el patrocinio técnico en las situaciones judiciales o administrativas, y serán el que garantice que ese niño o niña puedan ser oídos y que su palabra esté presente en todo el proceso".

El ejemplo que dio la diputada fue el del hijo de una mujer que fue asesinadaa por su esposo. Los niños, en medio de la querella judicial, debieron esperar un año para poder ingresar al domicilio familiar a retirar sus pertenencias, las mochilas de la escuela y los juguetes. "De haber existido el abogado del niño, hubieran sido escuchados y el juez hubiese hecho lugar a sus legítimas demandas"

 

24/11/2012 19:45 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Fuga en los Tribunales: a mano armada liberaron a un preso.


27/11/2012 Dos personas irrumpieron con armas y lograron liberar a un detenido que estaba siendo trasladado para prestar declaraciones. Está acusado por robo y homicidio.

Un preso logró fugarse de los Tribunales de Lomas de Zamora al ser liberado por dos hombres que irrumpieron en el establecimiento y a mano armada, lograron reducir al personal de seguridad y escapar con el detenido.

Al implicado se lo acusa de robo y homicidio y estaba siendo trasladado a la UFI N°10 para prestar declaraciones por supuestos inconvenientes personales en prisión. "Fue todo muy rápido. Entraron con armas, maniataron al personal y lo liberaron. Acá entra gente a cada rato", relataron desde Tribunales.

El detenido fue identificado como Gustavo Suárez y acudió a los Tribunales para prestar declaración, en el marco de la causa que se le sigue por supuestos delitos cometidos en Marcos Paz. 

Según informaron empleados de la alcaidía, lo había solicitado por "tormentos sufridos en la cárcel". En ese momento dos personas armadas ingresaron y lograron llevar a cabo la fuga. "El preso estaba esposado, como corresponde, pero no había policías en la zona", advirtió un empleado que prefirió no dar su nombre a lomasdezamora.clarin.com. En estos momentos se ha montado un operativo cerrojo en la zona para dar con el paradero del detenido.

27/11/2012 19:43 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema


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