Sobre el peligro de usar armas para garantizar la seguridad personal

El presente informe tiene como finalidad primordial advertir sobre el peligro de la utilización de armas para defensa personal. En los últimos años en nuestro país y en el marco de un escenario de mayor conflictividad social, la cuestión de la seguridad se ha puesto en el centro de la agenda pública. Frente a numerosos reclamos por la (in)seguridad, que hacen eco diariamente en los medios de comunicación, se retomó el debate en torno a la utilización de armas de fuego por parte de la población como instrumento de defensa ante la posibilidad de ser víctima de un delito y hecho violento. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación en un estudio realizado durante el periodo 1997-2007, en la Argentina nueve muertes por día son causadas por la utilización de armas de fuego, de las cuales solo un cuarto de ellas ocurren en ocasión de delito, en sentido contrario a la idea predominante en el imaginario colectivo. El resto son provocadas en diversas situaciones conflictivas, accidentes en el hogar, violencia de género, casos de gatillo fácil, riñas interpersonales, suicidios, crímenes pasionales, venganzas y otras formas de violencia. Cabe preguntarnos qué sucede en aquellos casos donde las armas son utilizadas para la defensa personal frente a un hecho delictivo. Para ello relevamos, en un plazo determinado (enero a agosto de 2012), casos que involucran el uso de armas como respuesta defensiva ante un hecho delictivo a partir de noticias periodísticas de tres de los principales diarios de alcance nacional: Clarín, Página 12 y La Nación. Encontramos que en la mayoría de los casos la utilización de armas provocó heridas o muerte para la víctima del delito y/o para su entorno. Las estadísticas lo confirman. Según cifras de la Red Internacional contra Armas Pequeñas (IANSA, por sus siglas en inglés) a nivel mundial en nueve de cada diez casos de intentos de autodefensa a través con un arma de fuego por parte de los ciudadanos ocurren lesiones o muertes no deseadas en el entorno. El uso de armas para defenderse provoca situaciones impredecibles y efectos contrarios a los fines buscados: introduce riesgo, no seguridad. Algunos de los casos que ocuparon mayores espacios en los medios de comunicación ponen en evidencia el peligro de usar armas de fuego para defenderse. El resultado es el mismo en los casos que involucra a miembros de las fuerzas de seguridad, quienes presumiblemente estarían mejor capacitados para manipular armas. Existen casos de policías fuera de servicio que resultan heridos, mueren o bien provocan la muerte de terceros al resistirse a un robo o actuar para impedirlo. El debate de fondo Los casos con fuerte eco en los medios de comunicación nos invitan a reflexionar sobre el lugar de las armas de fuego en los hogares como protección frente a la inseguridad. Es por ello, que resulta importante dilucidar el debate de fondo a los fines de pensar y construir horizontes de resolución de la conflictividad social, a través de mecanismos de intervención democráticos que provean de seguridad a la ciudadanía. Bajo tal pretensión, no debe permitirse la libre adquisición de un elemento que genera altos niveles de violencia como son las armas de fuego. ¿Cuál es ese debate? Hay quienes sostienen que la restricción en el uso de armas en manos de la sociedad civil los dejaría en una situación de desprotección frente a la delincuencia armada. Los ciudadanos “de bien” no podrían defenderse frente a los ataques inminentes de los “malos” ciudadanos. Dividir la sociedad en dos bandos contrapuestos no permite vislumbrar cuáles son los factores que inciden en la conflictividad social y a su vez, no da cuenta del complejo entramado de relaciones interpersonales de naturaleza claramente social y que dista de erigirse en componentes éticos (los “buenos” y los“malos” ciudadanos) tal como lo sostienen los defensores del “buen orden”. Asimismo, no podemos inferir que ante cualquier deber incumplido por parte del Estado los ciudadanos puedan actuar en su reemplazo utilizando sus propios medios, más aun, cuando bajo dicha pretensión se ponen en situación de altísimo riesgo. Es imprescindible que los ciudadanos sean actores protagónicos de los propios conflictos y tengan el poder de resolverlos junto con las instituciones del Estado, que tengan potestad para hacerlo de una manera pacífica y democrática y no a través de soluciones violentas. Acontecen tiempos en que la sociedad argentina percibe a la cuestión de la seguridad como uno de los principales problemas. La demanda de mayor seguridad no debe interpretarse como un pedido de “mano dura”sino como reclamo de la ciudadanía por gestionar los conflictos sociales y asumir la tolerancia y la paz como valores predominantes. En este sentido, el rol del Estado es central pues no debe ceder terreno en su responsabilidad indelegable de proveedor de la paz social en tanto garante del pleno goce de los derechos y libertades fundamentales.