Provincia oficializó el proyecto para modificar la Ley de Mediación Penal

 

El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, lo presentó en la cámara de Diputados provincial. La iniciativa busca impedir que se acceda a este mecanismo en casos de violencia de género y de homicidios culposos o dolosos.

Finalmente el gobierno de Daniel Scioli presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el proyecto de reforma de la Ley de Mediación Penal de modo de exceptuar de la posibilidad de acceder a este recurso a aquellos casos que contemplan homicidios culposos o dolosos y los de violencia de género.

La iniciativa estipula la modificación de los artículos 6 y 20 de la norma que establece el régimen de resolución alternativa para conflictos penales y que propicia mecanismos para la reconciliación entre las partes, a partir de la reparación voluntaria del daño causado, en casos de delitos que se enmarcan en penas de menos de seis años.

Además busca determinar que en casos por accidentes de tránsito, se otorgue al fiscal supeditar un acuerdo de mediación a la fijación de una prohibición para conducir vehículos de hasta un año y medio.

Con esta propuesta, el gobernador Scioli y su ministro de Justicia, Ricardo Casal, buscan reformar la norma por la cual se benefició al hijo de la modelo Bárbara Durand, Gianfranco Dolce, tras el episodio en el que atropelló y mató a tres personas, al excluir de toda mediación penal, a los casos de violencia de género y homicidios culposos.

Es que el joven, imputado el año pasado por un triple "homicidio culposo agravado" al conducir alcoholizado por la autopista Panamericana, no podrá ser juzgado ni condenado por la Justicia Penal bonaerense luego de un acuerdo de mediación establecido por su familia y las de las víctimas.

"El espíritu de la ley siempre fue bueno porque está indicado para casos correccionales, casos menores, con penas menores a seis años, para que haya una suerte de acuerdo entre víctima y victimario, y no haya exceso de actividad judicial de una situación menor", explicó Casal.

Añadió que "en este caso en particular no se tomó en cuenta una resolución de la Procuradora General de la provincia, la doctora María del Carmen Falbo, que dice que en los casos que hubiere conmoción pública o hechos que afectaran seriamente intereses personales o familiares, (su aplicación) debería evitarse".

Sostuvo, además, que "una falla que en la ley nadie percibió y nosotros veníamos percibiendo, es que también están sujetos a mediación los conflictos familiares, y conflicto familiar es equivalente a violencia de género" y agregó que "así que podemos tener un escándalo jurídico en poco tiempo, con un caso grave de violencia de género donde por una resolución económica se termine perdonando al imputado