La situación en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
La Asociación de Abogados Laboralistas envió una carta llamando a los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para que tomen en sus manos esta grave situación en la Justicia y partan desde el principio protectorio y los derechos humanos esenciales para buscar el camino de la solución al conflicto.
El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental para todas las personas que habitan el suelo argentino y el servicio de justicia es una obligación que la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires pone en cabeza del Estado.
Para ello es fundamental contar con un Poder Judicial idóneo con personal capacitado y remunerado conforme a la responsabilidad que les cabe para que aquellos preceptos constitucionales se cumplan acabadamente.
Por otra parte, el salario justo, la negociación colectiva y el derecho de huelga son otros de los derechos esenciales reconocidos constitucionalmente a las personas y los gremios.
En este encuadre, la situación que se vive en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires es por demás preocupante.
Como suele suceder con un ligero análisis de la situación, aparecen como responsables aquellos que han decidido adoptar medidas de lucha para que se respeten sus derechos, pero en esta lectura se omite considerar quienes son los responsables de que se llegue a ese estado de cosas, a la cual los trabajadores judiciales arriban luego de tratar por todos los medios de buscar una salida consensuada y no encontrar interlocutor al efecto.
El sistema de porcentualidad que relaciona los salarios de los magistrados con el de los trabajadores judiciales ha sido reconocido jurisprudencialmente y generó en su momento un Acta Acuerdo entre el Gobierno Provincial y el gremio. Pese a ello y al compromiso asumido en ese sentido, el Gobierno Provincial se niega a considerarlo y a sentarse para buscar los caminos para su implementación
Por otra parte, y pese a que el Ejecutivo Provincial, acta mediante, se comprometió a intervenir en paritarias con el gremio judicial, a la fecha ha puesto todo tipo de obstáculos para que se materializara en su real dimensión la negociación que ese instituto prevé y que como se señalara tiene garantía constitucional.
Pese a que en realidad el único responsable de la situación es el Estado empleador, ante las medidas de lucha que emprende la Asociación Judicial Bonaerense, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires produce descuentos unilaterales de salarios, agravando aún más el conflicto y omitiendo cumplir con la disposición del art. 39.4 de la Constitución provincial que establece la conformación de un órgano imparcial que debería actuar en virtud de la existencia del presente conflicto.
Los trabajadores pretenden que se cumpla con la normativa vigente y se respeten sus derechos laborales y sindicales. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución provincial y las leyes que la reglamentan. El servicio de justicia requiere que las partes puedan sentarse a negociar, y no es la penalización del conflicto ni la negativa a sentarse en una mesa para acordar paritariamente la cuestión, el camino apropiado al efecto.
Cuando los trabajadores reclaman sus derechos, se debe poner atención a sus necesidades para así materializar lo que muchas veces se proclama.
Los ciudadanos y los profesionales que actuamos en la justicia requerimos una solución al conflicto, pero también pretendemos una solución justa y rápida.
La Asociación de Abogados Laboralistas llama a los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para que tomen en sus manos esta grave situación y partan desde el principio protectorio y los derechos humanos esenciales para buscar el camino de la solución al conflicto.
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