COLEGIO DE

MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE QUILMES C/ POZA,

ANABELLA S/INFRACCIÓN LEY 10.973: MARTILLEROS Y CORREDORES

PÚBLICOS - F-9011

 A fin de efectuar la regulación de honorarios, en principio he de expresar que adhiero a

los fundamentos del fallo de la Sala I de la Cámara Segunda de Apelaciones en

lo Civil y Comercial de La Plata la cual en autos "S.P.N. y otro/a s/

Divorcio por presentación conjunta" (Causa: 123674), al abordar la

cuestión respecto a la regulación de honorarios y la aplicación de la ley

14.967, a través del voto del Dr. Lopez Muro ha sostenido que "....II...

Los Jueces juramos respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes

dictadas en armonía con ésta. En ese contexto la cuestión parece tener una

respuesta obvia. Empero , si la solución afirmativa se impone, no por ello he

de omitir la reflexión. Para ello es adecuado referirme a la impecable

construcción formulada por la Dra. Bermejo en su voto en la causa

"Cosentino" (Esta Cámara, Sala II "Cosentino Eduardo David

c/Cervan Carlos Diego s/Daños y perjuicios""L" de sentencias

Definitivas n° LXXII Causa n° 120368, Sent.23/11/16 REG.SENT. 261 sala II

-folio 1620).. Allí se expidió en armonía con "la postura de la Corte de

la Nación en la causa "Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército

Argentino s/daños y perjuicios"(Sent del 27-XII_-2012), y explicó que

"el Supremo Tribunal, luego de relatar la evolución jurisprudencial del

control de constitucionalidad desde el reconocimiento en los primeros

pronunciamientos (Fallos: 23:37, considerando 8vo del fallo referido), lo

cotejo con el control de convencionalidad que de oficio deben realizar los

magistrados. Ello, en especial , luego de la reforma constitucional de 1994 al

imponerse atender a las directivas emanadas del derecho internacional de los

derechos humanos. Recordó este máximo Tribunal Federal en la causa referida que

en el precedente "Mazzeo" (Fallo 330.3248)...se enfatizó que la

interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse

por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que

impone una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos

argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las

obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de

protección de los derechos humanos "(Considerando 20)(Considerando 11,

causa cit. publicado en Fallos 335:2333)". Dijo nuestro máximo Tribunal,

en considerando 12 del fallo precitado que la Corte Interamericana de Derechos

Humanos "...precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no

sólo un control de constitucionalidad, sino también "de convencionalidad

" ex officio entre las normas internas la Convención Americana. (Caso

Trabajadores Cesados del Congreso- Aguado Alfaro y otros vs.Perú del 24 de

noviembre de 2006, parágrafo 128) ..Recientemente el citado Tribunal ha

insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en

dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia

deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación

que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (conf, caso "Fontevecchia

DÁmico vs.Argentina" del 29 de noviembre de 2011). Otra vez haciendo mías

las palabras de la Dra. Bermejo señalo que "la jurisprudencia reseñada no

deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han

ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a

ejercer , de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas

internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría pues, un contrasentido

aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango

constitucional a la mencionada Convención (art.75 inc.22) incorpora sus

disposiciones al derecho interno y , por consiguiente, habilita la aplicación

de la regla interpretativa-formulada por su intérprete auténtico, es decir, la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Tribunales

nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro

lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de

salvaguardar su supremacía frente normas locales de menor rango"... Sin

merma de la valoración de tal doctrina restrictiva, considero que la

Constitución es la primera norma que habrán de observar los jueces y que,

frente a ello, no debe esperarse que la contradicción entre las normas y la

constitución sean "manifiestas e indubitables". Es que por esa vía

podría admitirse la aplicación de leyes inconstitucionales a condición de que

tal agravio no apareciere "manifiesto e indubitable". Diré aún más,

muchas de las contraposiciones que se advierten entre la Constitución y las

normas de menor grado en materia económica , requieren de un delicado y fino

análisis". La contradicción no aparece de manera "manifiesta e indubitable":

requiere cuidadoso y profundo análisis y genera muchas dudas al juez. Ello no

hace que la incongruencia sea menor. Una norma no es menos inconstitucional

porque tal aspecto esté finamente vedado. Solo hace que sea más difícil

advertirlo y declararlos, por lo que habrá de exigírsele a los jueces mayor

profundidad de análisis. Agrego que también cabe realizar esta revisión de

constitucionalidad atendiendo las disposiciones de la Constitución de la

Provincia cuya supremacía, en armonía con la Nacional, deber ser asegurada y

con mayor ahínco o atención cuando se advierta que se encuentran afectados

intereses de menores o personas de mayor vulnerabilidad ...III- La primera

norma que habré de analizar es la contenida en el art. 16 in fine de la ley 14.967

que prevé como causal de mal desempeño en los términos del artículo 21 de la

Ley N° 13661 el dictado de resoluciones que realicen regulaciones por debajo de

los mínimos fijados por la indicada ley de honorarios...-...La principal

obligación de los decisores reside en conocer en los casos sometidos a su

examen en la órbita de su competencia y decidir fundadamente y con arreglo a

derecho en el momento correspondiente. El deber de fundamentar las sentencias

tiene fundamento en el artículo 18 de la Carta Magna que garantiza el debido

proceso y la decisión fundada en ley...-...3) Esta larga introducción sobre la

independencia del juez, y su obligación de fundar razonablemente las

sentencias, que puede resumirse en lo dispuesto en el art. 3 del nuevo CCCN, pone

de relieve la absurda imposición de la norma que analizo. Es que por la vía de

amenazar con una causal de mal desempeño, el juez podría verse obligado a fijar

el mínimo legal y explicar que lo decide así en razón de la obligación prevista

en el art. 16 de la ley 14.967 cuya sanción, de tal manera evita, aún en contra

de sus convicciones. Reconocer, expresa o implícitamente, que se sigue una

conducta para no ser sancionado es un fundamento racional, pero no razonable.

Tan racional como patético, en el sentido mas profundo de esta palabra que

indica un padecimiento moral que conmueve profundamente, causa un gran dolor o

tristeza y que resulta insuperable (ver Diccionario de la Real Academia

Española)...-...VI) Las normas, y en particular aquellas que atienden a los

aspectos económicos, deben juzgarse en atención a su proporción y adecuación

razonable entre los fines previstos y los medios arbitrados para perseguirlos

(Cdr. Cianciardo, Juan, El Principio de razonabilidad, Ed. Abaco, 2004, pp.

62). Es que si no se hallare tal armonía, el juez no podrá fundar

"razonablemente" la sentencia. No se trata de que un juez funde su

decisión en la normativa, sino que debe dar cuenta de que tal normativa es

razonable, que es razonable su aplicación a la decisión que se toma y que son

razonables los efectos así buscados... En relación a las normas específicas de

la ley de honorarios que fijan los mínimos para cada tarea, en tanto no

advierto ninguna justificación razonable para el fuerte incremento en la

cuantía de los honorarios mínimos fijados en la ley 14.967 y conforme lo he

analizado mas arriba, he de concluir que tales disposiciones configuran con una

decisión irrazonable e ilegítima en el ejercicio de las facultades conferidas a

los poderes políticos (Cf. "Razonabilidad De Las Leyes" Linares Juan

Francisco Editorial: ASTREA, ed. 1970 pp. 165/166). Por ello, señalando que las

mismas carecen de fundamento que permita a este juez evidenciar la proporción

entre medios a fines (SCJN Fallos, 118:278), o la razonabilidad de los

presupuestos (SCJN Fallos, 306:400) habré de sugerir a mi distinguido colega

descalificarlas como disposiciones legales válidas en cuanto establecen mínimos

y modificables y disponer que, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1627 y

1628 CC. actual art. 1255 CCNC se fijen los emolumentos del letrado

interviniente "conf. SCBA LP C 118775 S 10/08/2016 in re "Vessoni,

Abel Oscar contra Cabaña Santa Rita. Daños y perjuicios")...". Por su

parte el Dr. Sosa Aubone ha dicho "...c) Si bien no desconozco la preocupación

del legislador provincial en orden a que la regulación de los abogados sea

digna (ver arts. 1, 2, 5, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y cctes.

ley 14.967); que el derecho a una "justa retribución" está

garantizado por el art. 14 bis de la C.N.; ni el carácter alimentario que tiene

la remuneración por el trabajo profesional que realiza un letrado (art. 1, ley

14.967); no lo es menos que la ley contiene honorarios mínimos (arts. 9 y 22)

que aplicados en ciertos casos - como el de autos con el art. 9 - no resultan

razonables. El problema que se presenta en el presente caso es que el art. 16

"in fine" de la ley 14.967 establece que es causal de mal desempeño

en los términos del art. 21 de la ley 13.661 - de Enjuiciamiento de Magistrados-

el dictado de resoluciones en que se realicen regulaciones por debajo de los

mínimos fijados en la precitada ley de honorarios, lo cual afecta la

independencia judicial, ya que coloca a los jueces que interpreten la norma y

establezcan en forma razonada y fundada honorarios por debajo del mínimo legal

en situación de ser separados de su cargo por "mal desempeño" del

cargo. Y, si afecta la independencia judicial al direccionar los

pronunciamientos en un solo sentido, está violando lo normado por los arts. 2,

3, 15, 56, 57, 160, 168, 171, 176 y 180 de la Constitución Provincial.-... d)

No pierdo de vista que si bien el art. 1 de la ley 14.967 consagra su carácter

de norma de orden público en función de la necesaria participación del abogado

para el adecuado servicio de justicia y establece su aplicación exclusiva y

excluyente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, hay normas nacionales

que rigen por sobre todas las leyes arancelarias y su aplicación pueden entrar

en conflicto con los mínimos legales que establecen los arts. 9 y 22 de la ley

14.967 (v.gr. límite del 25% del monto del juicio en el pago de las costas

procesales de los arts. 277, ley 20.744 -L.C.T.- y 730 del C.C.C.N.; art. 13,

ley 24.432 que autoriza a regular honorarios sin atender a los montos o

porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o

locales; art. 1255 del C.C.C.N. que permite al juez fijar equitativamente la

retribución si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una

evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la

importancia de la labor cumplida). Es por ello que si bien el "orden

publico" es tal, para esas cuestiones en particular, se puede hablar de un

"orden público atenuado" (conf. Hitters, Juan Manuel-Cairo, Silvina,

"Análisis normativo de la ley 14.967", Revista ADLA n° 11, noviembre

2017, pág. 68)...".-Por todo lo expuesto considero ajustado a derecho

declarar la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 14.967 en cuanto dispone

que el juez que no aplique sus pautas incurrirá en falta en los términos del

art. 21 de la ley 13.661 y modificatorias, tal como lo ha dicho el tribunal

citado. Así resuelto lo anterior, y toda vez que corresponde regular honorarios

en los términos de la Ley 14967 y haciendo una valoración de la actuación

profesional ,entiendo procedente aplicar el criterio establecido en el articulo

1255 del C.C.y C.N, a los fines de evitar arribar a una evidente desproporción

entre el monto a percibir por la profesional y la efectiva tarea realizada. Por

todo ello considero ajustado a derecho