La Suprema Corte alerta al Poder Ejecutivo sobre la reforma judicial y pide más presupuesto.

17/07/2018

  A través de una resolución firmada por el Tribunal Supremo, se pone en conocimiento de la Gobernación y de la Legislatura el descontento con el avance de la reforma y ponen en el centro del debate la autarquía presupuestaría.

 

  Claro está, sin hacer referencia a dicho punto en particular, destaca que en caso de avanzarse con la modificación que desea El Ejecutivo se deberá modificar la estructura actual lo que representaría gastos de miles de millones. Por caso, la resolución de la Suprema Corte asevera que “será necesario solicitar entre 850 y 1.000 cargos adicionales, la mayoría de los cuales deberían ser letrados”.

 

  A su vez, sostiene que será necesario “la construcción o locación de alrededor de 20.000 metros cuadrados de espacio”. De esa manera, traduciéndolo en costos anuales se trataría de “aproximadamente $971.000.000 en el rubro personal, además de $37.600.000 en gastos de alquileres, respetando las configuraciones actuales en materia de organización del trabajo”.

 

  De esa manera, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se suma a las voces del Poder Judicial que rechazan la variable que busca el Ejecutivo.

 

  Hace algún tiempo, la voz fue levantada por el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia que expresaron su postura en rechazo a la reforma del fuero laboral.

 

  Mediante un comunicado oficial, destacaron que el “Ejecutivo provincial pretende modificar tanto la forma en que se organiza el Fuero Laboral, como el procedimiento por el cual se rigen los juicios”. De esa manera, subrayaron que “el proyecto propuesto, lejos de solucionar los problemas que denuncia, tiende a profundizarlos”.

 

  Asimismo, exigieron la autarquía del Poder Judicial y destacaron que “cualquier reforma que pretenda introducir cambios, importa necesariamente la afectación de fondos destinados a ese Poder y no debería recibir tratamiento hasta después de sancionarse una ley que le reconozca la autonomía administrativa y la autarquía financiera que le corresponde como Poder independiente”.

 

  Cabe destacar que, la variable que planea el Ejecutivo, como ya ocurrió con los textos de otras normativas, llegó a la discusión con una impronta amarilla y lejos de ser consensuada con las patas de la Unión Cívica Radical, el otro gran integrante del cuarteto de fuerzas gobernantes. Si bien, a grandes rasgos, hay unidad de criterios en la necesidad de establecer una modificación, el camino para lograrlo es el punto de conflicto.

 

  En definitiva, Vidal plantea que la nueva normativa apuesta a garantizar juicios más rápidos y menos costosos para el Estado, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora. Además aparecería en escena la Cámara de Apelaciones, algo que en la instancia laboral no existe y para apelar un fallo se debe ir a la Suprema Corte.

 

  Ahí es donde, nuevamente, aparece el problema presupuestario en el horizonte. Es que, por el costo que representa establecer cámaras de apelaciones en los departamentos judiciales bonaerenses, con toda la infraestructura, personal y logística necesarios, no se puede proyectar en el corto plazo. Por eso, el texto plantea que en los años que se demore poner a punto al sistema judicial, la apelación transcurra en la órbita de la Justicia Civil. Tanto el radicalismo como el peronismo rechazan que sean juzgados civiles los que lleven adelante los litigios de trabajadores.

 

 

 

  En el oficialismo, hay voces de disidencia, pero tampoco rechazan trabajar para lograr el acuerdo. Claro, con la oposición crítica, el bloque necesita mantenerse homogéneo para que las fisuras no muestren puntos débiles de la normativa y eviten fortalecer el discurso rival.