Se muestran los artículos pertenecientes a Mayo de 2013.
Condenan a 22 años de prisión a un abusador múltiple de Quilmes.
PARO TOTAL AJB.
Frente a la falta de convocatoria del PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, para retomar las negociaciones paritarias, los trabajadores judiciales de la Provincia de Buenos Aires, realizan una medida de fuerza con PARO TOTAL de actividades para el día viernes 3 de mayo.
Los judiciales exigen al gobierno provincial la urgente convocatoria a una reunión para retomar las negociaciones salariales, por un aumento salarial digno y por una recomposición del salario que incluya un aumento de la bonificación especial.
Inseguridad: Se incrementó la denuncia de delitos en la Justicia de Quilmes.
EN DOS AÑOS: DE 136 DENUNCIAS DIARIAS A 143
Durante el año pasado se presentaron en total 52.294 causas, a un promedio de 143 denuncias por día. En tanto, en el 2011 se habían iniciado 51.141 expedientes, a un ritmo de 141 denuncias diarias.
En el Fuero Criminal y Correccional ascienden a 50.374, contra 49.397 de 2011. En tanto, en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil son 1.920, contra 1.744 en 2011. Más del 50% de esas denuncias recibidas son con autores ignorados. De las 52.294 presentaciones penales, en 27.236, se desconoce quién o quiénes son los responsables de los hechos delictivos.
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS:
El relevamiento de la Procuración divide las IPP en delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública, la fe pública y otros delitos (averiguación de paradero, de ilícito y hallazgos).
En lo que respecta a delitos contra las personas cometidos en el Fuero Criminal –mayores y menores- se registraron el año pasado 219 homicidios, de los cuales 14 se produjeron en ocasión de robo, y 98 en forma accidental.
En tanto, sobre delitos contra la integridad sexual, en 2012 se iniciaron 76 causas por abusos con acceso carnal, mientras se relevaron 121 casos de apremios ilegales y torturas el año pasado.
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD:
Respecto al delito contra la propiedad, la Procuración bonaerense relevó 12.721 robos y hurtos, a un promedio de casi 35 denuncias por día en la región que abarca Quilmes, Berazategui y Varela.
Las estadísticas oficiales de la Procuración General de la Provincia confirman lo que los vecinos denuncian día a día, que la inseguridad aumenta. Según los números que se conocieron en las últimas horas, en el Departamento Judicial Quilmes las denuncias judiciales (Investigaciones Penales Preparatorias, conocidas como IPP) iniciadas durante 2012, son más que en 2011.
El alcohol como factor en un accidente.
El Código Penal carece de legislación sobre los delitos cometidos por personas ebrias. Ante un caso concreto, los jueces basan sus posturas en teorías que muchas veces derivan en sentencias cuestionadas por la opinión pública.-
Los últimos accidentes de tránsito con desenlaces fatales en donde se constató que alguno de los conductores estaba alcoholizado agitaron el debate público sobre las respuestas que puede dar el derecho.
“Estaba borracho, chocó, mató y sigue en libertad; ¿cómo puede ser?”, suele escucharse. Y más allá de cuestiones técnicas procesales que escapan al objeto de esta nota, la respuesta es compleja de elaborar.
El alcohol como factor determinante en la comisión de un delito no es un tema de análisis nuevo para la juristas. En 1964, el prestigioso profesor y camarista Jorge Frías Caballero ya abordaba los diferentes aspectos de la cuestión durante su voto en el plenario Segura. Y en la actualidad especialistas como el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni aportan su mirada en tratados y sentencias.
El derecho penal reprime acciones típicas, antijurídicas y culpables. Una de las mayores dificultades que tienen los jueces es determinar si la persona acusada de cometer un delito actuó con culpa, dolo o dolo eventual. Ante un mismo caso puede haber respuestas encontradas de acuerdo al enfoque de quien realice el análisis. En definitiva, lo que se hace es tratar de interpretar qué fue lo que pensó el imputado al momento de actuar, misterio técnicamente imposible de desentrañar para cualquier profesional.
El accidente de tránsito es un hecho, no un delito. Los delitos son acciones tipificadas en el Código Penal que resguardan un bien jurídico determinado. En el caso de que una persona matara a otra hay un homicidio y el bien jurídico protegido es la vida humana.
Las muertes en accidentes de tránsito suelen ser calificadas como homicidios culposos porque se entiende que el autor obró con “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo” y no con la intención concreta de matar a otro.
Son tan disímiles las consecuencias de tomar una u otra postura que muchas veces se instala una sensación de impunidad muy grande cuando un juez califica un homicidio como culposo, ya que conlleva penas muy bajas e incluso excarcelables. Por el contrario, se habla de una “sobrereacción penal” cuando se opta por el dolo eventual, figura que deriva en condenas más altas.
El hecho de que una persona produzca un accidente bajo un estado de embriaguez no lo libera de su responsabilidad penal. Tampoco provoca per se el agravamiento de una eventual condena. Los tribunales carecen de una fórmula aplicable a todos los casos y su tarea es analizar acciones que surgen de las pruebas y subsumirlas en las leyes que sanciona el Congreso.
El sistema jurídico argentino permite que haya tantas soluciones como jueces, sin embargo el análisis de los expertos y la evolución jurisprudencial permiten acercarse a las teorías mayormente aplicadas.
¿Inconsciencia absoluta o relativa?
El artículo 34 del Código Penal argentino señala que son “no punibles” las acciones de las personas que no comprenden la criminalidad de sus actos ya sea por “insuficiencia de sus facultades”, “alteraciones morbosas de las mismas” o por “estado de inconsciencia”. Es por ello que sólo se reprimen acciones libres en donde el sujeto haya tenido el control de los sucesos.
En los casos donde una persona haya actuado con sus facultades disminuidas por la ingesta de alcohol, el juez se encuentra ante la compleja tarea de analizar si el imputado mantuvo el dominio de su accionar. El mismo escenario es aplicable ante el consumo de drogas o estupefacientes o ante un brote psicótico o esquizofrénico.
En los casos en donde se comprueba que el sujeto había consumido alcohol pero podía dirigir sus acciones con libertad, se habla de una inconsciencia relativa y no hay mayores inconvenientes para encuadrar la acción dentro de la teoría de la pena. El juez tendrá en cuenta que había cierta disminución de las facultades al momento de analizar la culpa y de aplicar una eventual condena, pero nada le obsta de encuadrar el delito como doloso o culposo, según lo que surgiese del análisis del expediente.
Las dificultades más grandes surgen cuando los hechos se realizaron bajo una inconsciencia absoluta, como lo podría ser un estado de embriaguez avanzado. Es que de acuerdo a lo analizado anteriormente, la acción en ese momento no sería reprochable porque el sujeto no tuvo el libre dominio de sus actos.
¿Hay dolo o culpa? ¿Se le puede aplicar una pena de 25 años? Nada de ello puede analizarse con respecto al momento en que se generó el accidente de tránsito -o cualquier otro hecho pasible de tratamiento en el derecho penal- porque la acción no fue libre. Ante esta situación, el juez va analizar la conducta del sujeto en el momento que libremente decidió emborracharse, drogarse o lo que fuera aplicable en cada caso concreto.
La teoría que se aplica se llama “actio libera in causa” -del latín, acción libre en su causa- y retrotrae al juez a analizar cómo fueron los sucesos en los que el imputado tuvo pleno dominio de su obrar para ponerse a sí mismo en un estado de inconsciencia absoluta, es decir, los hechos previos a la conducta delictiva por la cual se lo juzga.
Para la aplicación de esta teoría, deben darse dos factores: la persona deliberadamente debe ponerse en esa situación y al momento de la conducta delictiva debe encontrarse en una situación de inconsciencia absoluta -caso contrario se volvería al escenario de inconsciencia relativa-.
A su vez, no toda borrachera es sinónimo de condena. Por ejemplo, Frías Caballero hace una distinción entre la embriaguez involuntaria fortuita -estado al que el individuo lleva por ignorancia-, embriaguez involuntaria -es el caso de que el individuo toma una sustancia tóxica sin saberlo-, voluntaria -el sujeto bebe con conciencia y voluntad-, accidental -la embriaguez es consecuencia de circunstancias que escapan a toda previsión- y la preordenada -cuando se busca darse ánimo para la ejecución de otra conducta audaz, como la comisión de un delito-. También se analizan por separado los casos de embriaguez crónica o patológica que, en principio, serían inimputables; así un alcohólico que mata a una persona en un accidente de tránsito podría no recibir condena alguna.
AJB Quilmes.
Asamblea en Fuero Civil y Comercial.
Ante la falta de convocatoria por parte del Ejecutivo Provincial a una nueva reunión para discutir la paritaria salarial y, en vistas a la urgente necesidad de un aumento salarial que aún no se ha hecho efectivo, los trabajadores judiciales de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela se reuniran en asamblea para definir los pasos a seguir.
La cita es este martes 07 de mayo, a las 12.00 hs, en el hall del edificio del Fuero Civil.
Trabajadores judiciales realizarán un paro por 48 horas.
La Asociación Judicial Bonaerense de Quilmes convocó a dos días de huelga. A partir de las 9 de la mañana de hoy, se movilizarán, desde el edificio de los Tribunales penales, hacia la ciudad de La Plata, para rechazar el aumento ofertado por el Gobierno Provincial, en tres cuotas.
El gremio rechaza las cifras propuestas por la Gobernación en el último encuentro en el Ministerio de Trabajo. El rango de aumentos iba de 23 a 26,5 por ciento en tres cuotas.
En la capital bonaerense protestarán con el resto de los departamentos judiciales de la provincia. Además, la marcha coincidirá con la movilización que llevarán a cabo sus similares de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Caso Píparo: Los asesinos de Isidro fueron condenados a perpetua.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata dispuso esa pena para Miguel Silva (43); Juan Manuel Calvimonte (25); Luciano López (20); Carlos Juárez (45) y Carlos Moreno (20). En tanto, Carlos Burgos y Augusto Claramonte fueron absueltos.
El Tribunal Oral en lo Criminal 2 hizo una extensa lectura antes de dar a conocer la sentencia que condenó a cadena perpetua a cinco de los siete acusados de participar en la trágica salidera bancaria de 2010.
La audiencia comenzó a las 11 y la sentencia se conoció diez minutos antes de las 15, cuando ya se había generado una expectativa enorme.
El fiscal Marcelo Romero había pedido reclusión perpetua para cinco acusados (Moreno, Calvimonte, Jordán Juárez, López y Silva) y 15 años de pena para Claramonte y Burgos: el tribunal coincidió en los pedidos de perpetua pero absolvió a los dos últimos mencionados.
El tribunal determinó que hubo una "tentativa de homicidio criminis causa" (para ocultar un delito) para Carolina Píparo, y también "un homicidio criminis causa" sobre el bebé que llevaba la joven en su vientre al momento del hecho y que falleció tras una cesárea de urgencia por el balazo que la chica había recibido.
Moreno fue considerado autor material del disparo; López, el otro motochorro; Silva y Juárez, los marcadores de la víctima; y Calvimonte, reclutador y logística.
Antes de ingresar a los tribunales de San Isidro, Carolina Píparo tuvo un breve contacto con la prensa y reconoció estar "muy nerviosa" por la sentencia para los responsables del asesinato de su hijo Isidro, que cursaba el séptimo mes de gestación, durante una salidera bancaria.
La defensa de los siete imputados había alegado que la muerte del niño fue por un aborto, que nació muerto y tras ser reanimado falleció una semana después a raíz de una sepsis generalizada, por lo que solicitaron la absolución de los detenidos con respecto al delito de homicidio.
Sin embargo, el tribunal entendió que la muerte del bebé no fue producto de un aborto sino de un homicidio.
Además la Justicia señaló como irregular la actuación de la DDI de La Matanza en las tareas de detención de Juárez. Y pidió que se investigue una posible infracción de las normas que rigen la actividad bancaria.
Píparo fue baleada el 29 de julio de 2010 cuando con su madre, María Ema, retiró dinero de la sucursal del Banco Santander Río de 7 y 42, en La Plata, y se dirigió a su casa, en las calles 21 y 36 de la capital provincial.
Tras apoderarse del dinero, y antes de huir, el ladrón disparó a Píparo en el rostro, lo que motivó que le realizaran una cesárea de emergencia para que diera a luz a su hijo Isidro, pero el niño finalmente perdió la vida una semana después.
La Bonaerense no podrá detener a menores por simples contravenciones.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ratificó ayer un fallo de la Cámara Penal de La Plata que prohíbe a la Policía la detención de menores de edad por contravenciones, averiguación de identidad o por razones asistenciales.
El fallo del máximo tribunal avala el límite vigente promovido por la Cámara Penal respecto al accionar de la Policía Bonaerense frente a menores de edad, quienes seguirán sin poder ser aprehendidos ni trasladados a comisarías.
En cambio, deberá darse intervención a los servicios de protección de la infancia, según establecen la ley 13298 y la ley nacional 26061.
Según la Corte, el recurso de apelación interpuesto por Casal contra el límite vigente del accionar policial frente a menores declara la inconstitucionalidad del Decreto-Ley nº 8.031/73 y del art. 15 de la ley 13.482, en cuanto permiten la aprehensión o detención de menores de 18 años de edad”, y ordena al Ministerio de Seguridad bonaerense a que “instruya a todos los órganos policiales” para que los funcionarios y agentes policiales que se desempeñan allí, “se abstengan de aprehender o detener a menores de 18 años de edad, por presuntas infracciones o averiguación de identidad”.
La causa se había iniciado tras un hábeas corpus que interpuso el defensor del fuero de Responsabilidad Juvenil, Julián Axat, que cuestionó la detención por averiguación de identidad de menores.
Tribunal bonaerense declaró la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Necochea rechazó esa pena para tres acusados de asesinato porque es "cruel, inhumana y degradante". La decisión fue adoptada el lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de esa ciudad, que por mayoría resolvió "declarar la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua en el caso concreto, prevista para el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".
Se trata del crimen del joven Máximo Matías Rodríguez Ajargo, asesinado por heridas de arma blanca por tres agresores el 24 de julio de 2011 en el predio perteneciente al ex Liceo Naval Argentino de la ciudad de Necochea.
El artículo 80 del Código Penal establece que "se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 (accesoria por tiempo indeterminado) al que matare", y el inciso 6to. especifica: "Con el concurso premeditado de dos o más personas".
"La imposición de una pena de prisión perpetua colisiona con el principio de culpabilidad por el acto, con la división de poderes, con el mandato resocializador de las penas privativas de la libertad, con el principio de estricta legalidad y con la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, principios inherentes al estado democrático y republicano de derecho", sostiene el voto mayoritario.
En la perpetua, "el derecho a la individualización de la pena (la certeza sobre la finalización de la sanción) se ve obstaculizada, ya que no existe la certeza que al cabo de los 35 años de encierro que prevé el artículo 13 del Código Penal el condenado pueda acceder a la libertad condicional, situación que podría extenderse de manera indefinida".
Entonces -señala el fallo firmado por los jueces Mario Alberto Juliano y Ernesto Juliano, con la disidencia de la magistrada Mariana Giménez- se configura un castigo considerado dentro de las penas "crueles, inhumanas y degradantes".
El fallo subraya que los defensores de la perpetua incurren en "una inusual paradoja: la pena perpetua no es cruel, inhumana y degradante porque existe la posibilidad que no sea cruel, inhumana y degradante por el otorgamiento de la libertad condicional".
Pero ello "no sólo demanda requisitos temporales para su concesión sino que además exige la observancia con regularidad de los reglamentos carcelarios, y un informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social".
Transcurridos los 35 años, la posibilidad de libertad queda condicionada al cumplimiento de esos requisitos, sin los cuales tampoco el condenado podría salir de la prisión, explica el fallo.
La resolución de 40 páginas recuerda que la Suprema Corte bonaerense sostuvo que "impedir al condenado a prisión o reclusión perpetua y también declarado reincidente la posibilidad de acceder en algún momento a la libertad, importa negar que la ejecución de la pena pueda surtir efecto resocializador -consagrada constitucionalmente- en la persona del delincuente, impidiéndole absolutamente reintegrarse a la sociedad, vulnerándose derechos fundamentales del ser humano".
La decisión fue adoptada el lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de esa ciudad, que por mayoría resolvió "declarar la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua en el caso concreto, prevista para el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".
Se trata del crimen del joven Máximo Matías Rodríguez Ajargo, asesinado por heridas de arma blanca por tres agresores el 24 de julio de 2011 en el predio perteneciente al ex Liceo Naval Argentino de la ciudad de Necochea.
El artículo 80 del Código Penal establece que "se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 (accesoria por tiempo indeterminado) al que matare", y el inciso 6to. especifica: "Con el concurso premeditado de dos o más personas".
"La imposición de una pena de prisión perpetua colisiona con el principio de culpabilidad por el acto, con la división de poderes, con el mandato resocializador de las penas privativas de la libertad, con el principio de estricta legalidad y con la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, principios inherentes al estado democrático y republicano de derecho", sostiene el voto mayoritario.
En la perpetua, "el derecho a la individualización de la pena (la certeza sobre la finalización de la sanción) se ve obstaculizada, ya que no existe la certeza que al cabo de los 35 años de encierro que prevé el artículo 13 del Código Penal el condenado pueda acceder a la libertad condicional, situación que podría extenderse de manera indefinida".
Entonces -señala el fallo firmado por los jueces Mario Alberto Juliano y Ernesto Juliano, con la disidencia de la magistrada Mariana Giménez- se configura un castigo considerado dentro de las penas "crueles, inhumanas y degradantes".
El fallo subraya que los defensores de la perpetua incurren en "una inusual paradoja: la pena perpetua no es cruel, inhumana y degradante porque existe la posibilidad que no sea cruel, inhumana y degradante por el otorgamiento de la libertad condicional".
Pero ello "no sólo demanda requisitos temporales para su concesión sino que además exige la observancia con regularidad de los reglamentos carcelarios, y un informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social".
Transcurridos los 35 años, la posibilidad de libertad queda condicionada al cumplimiento de esos requisitos, sin los cuales tampoco el condenado podría salir de la prisión, explica el fallo.
La resolución de 40 páginas recuerda que la Suprema Corte bonaerense sostuvo que "impedir al condenado a prisión o reclusión perpetua y también declarado reincidente la posibilidad de acceder en algún momento a la libertad, importa negar que la ejecución de la pena pueda surtir efecto resocializador -consagrada constitucionalmente- en la persona del delincuente, impidiéndole absolutamente reintegrarse a la sociedad, vulnerándose derechos fundamentales del ser humano".
Mariotto impulsa una reforma similar a la nacional en la Provincia.
El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, adelantó el martes que se presentaron cinco proyectos para reformar la justicia bonaerense en consonancia con los cambios a nivel nacional, durante el Congreso Nacional de la Democratización de la Justicia que se llevó a cabo en La Matanza.
Según el portal La Tecla, durante su exposición, el presidente de la Cámara alta bonaerense destacó que la iniciativa de la presidente Cristina Fernández de democratizar la justicia, que se concretó con la reforma judicial que aprobó el Congreso, "encontró al senado provincial trabajando en ese tema".
En este sentido, pronosticó también cambios en la justicia provincial. "Se presentaron cinco proyectos para que la Justicia de Buenos Aires sistematice la transformación al mismo tiempo que lo hace la Nación" dijo.
De acuerdo con diario La Nación, la reforma presentada por el Frente para la Victoria en el Senado bonaerense comprende la modificación del Consejo de la Magistratura -con el voto popular de los miembros del Ministerio Público y de los representantes de los abogados, el "ingreso igualitario" del personal al Poder Judicial; la creación de la Cámara de Casación Laboral, un proyecto de "ética en la función pública" y otro para facilitar el acceso a la información pública.
"Los consejeros de la Magistratura van a tener una elección tal cual lo propone el proyecto nacional", reiteró Mariotto en declaraciones radiales. El compañero de fórmula de Daniel Scioli aseguró que hay aval del gobernador para avanzar en la denominada democratización de la Justicia. "En charlas informales que mantuvimos, el gobernador estaba totalmente de acuerdo con los temas de la Justicia de la Nación. Seguramente lo va a implementar la provincia", precisó Mariotto.
El proyecto que pretende cambiar el órgano de designación y remoción de los magistrados, firmado por el senador Santiago Carreras, propone que el Consejo de la Magistratura esté conformado por 19 miembros. De ellos, uno representará a la Suprema Corte, habrá tres jueces de las instancias inferiores (elegidos por voto popular), tres del Ministerio Público (fiscales y defensores), también elegidos por voto universal), seis del Poder Legislativo, tres del Poder Ejecutivo y tres abogados de la matrícula de la provincia, surgidos de elecciones generales. En la actualidad son 18 miembros: cuatro por el Poder Judicial, seis por el Legislativo, cuatro por el Ejecutivo y cuatro por el Colegio de Abogados.
El proyecto para crear la Cámara de Casación Laboral dispone que estará integrada por ocho salas, de tres miembros cada una, con sedes en La Plata, San Martín, Lomas de Zamora, Mercedes y Mar del Plata.
La Justicia ordena pesificar una deuda en dólares.
A partir de esta decisión de la Justicia, Gustavo José Álvarez deberá, previa acreditación de la denegatoria por parte de la AFIP de la autorización para la compra de dólares, pagar en pesos la deuda que contrajo en dólares estadounidenses con Alberto Micheloni por un total de U$S15.133, más los intereses devengados. La Justicia estableció que para el cálculo debe tomarse el valor de la cotización de la mencionada divisa extranjera en el Banco de la Nación Argentina -tipo vendedor- del día que corresponda efectuar el pago. Asimismo, aclara que la tasa activa de interés, es la que cobra el banco público para las operaciones de descuento de obligaciones en dólares estadounidenses a treinta días.
El fallo de la Cámara de Apelaciones de Pergamino sienta precedente en tiempos de control y cepo cambiario, ya que obliga a pesificar deudas contraídas en su momento en dólares al tipo de cambio oficial cuando el deudor pueda acreditar “fehacientemente” que la AFIP no lo autoriza a comprar las divisas que necesita en el mercado oficial. La Justicia, en este caso, protege al deudor, evitando que tenga que ir al mercado paralelo a comprar dólares a precio blue para pagar sus deudas, donde la brecha con el precio oficial supera el 80%.
Judiciales aceptaron la oferta salarial del Gobierno Bonaerense.
24-05-2013
Los empleados judiciales de la Provincia de Buenos Aires aceptaron el incremento salarial del 26,5 por ciento ofrecido por el gobierno bonaerense.
El gremio puso la propuesta a consideración de sus afiliados de los 18 departamentos judiciales de la Provincia y la misma fue aceptada por amplia mayoría, según se informó.
La oferta salarial prevé un aumento del 26,5% para los cargos más bajos en tres cuotas y del 24% para los cargos de Oficial 4to hasta Auxiliar Letrado, también a pagar en tres cuotas.
La propuesta incluye, además, un incremento en la bonificación que perciben los empleados de los tribunales por lo que ésta, que se calculaba en un 25% sobre el básico y la antigüedad de cada agente, pasará a ser del 30% a partir del 1 de diciembre.
Intensa persecución en Quilmes Oeste terminó con un delincuente herido y otros dos detenidos.
24-05-2013 -18.00 hs
Esta tarde, en la intersección de Vicente López y Lamadrid, efectivos de la comisaría tercera de Quilmes intentaron identificar a un vehículo Peugeot 307 gris, pero al momento que los móviles policiales se acercaron al rodado, los ocupantes comenzaron a disparar con armas de fuego y emprendieron la huída. A partir de allí inició una persecución que tuvo final en Catamarca y Martín Rodríguez, cuando el conductor perdió el control de su vehículo y los malvivientes que se encontraban en el automóvil fueron detenidos. Quien manejaba el rodado, con pedido de secuestro en el partido de Avellaneda, sufrió una herida por un disparo en el cuello, mientras que los otros dos ocupantes, ambos menores de edad, fueron aprehendidos sin heridas, justo detrás de La Bernalesa. El delincuente mayor de edad, que posee antecedentes penales, fue trasladado al hospital y luego será puesto a disposición de la Justicia. En tanto, los menores están detenidos y a disposición de la Fiscalia de Responsabilidad Juvenil a cargo del Dr. Bruno.
Todo comenzó en Vicente López y Lamadrid, cuando un móvil de la Tercera, a cargo del comisario Marcelo Aimone, se aventuró a identificar a los sujetos que se encontraban dentro de un vehículo Peugeot 307 gris.
Al momento que el móvil policial se acercó, los individuos que se encontraban dentro comenzaron a disparar y comenzaron a escapar. Rápidamente, varios vehículos se sumaron a la persecución.
El raid llegó hasta Martín Rodríguez y Catamarca, donde el conductor del 307 gris perdió el control y se estrelló contra el cordón. En ese momento, los efectivos tomaron las riendas de la situación en forma defintivia y lograron detener a tres malvivientes que se encontraban dentro.
En el auto, los efectivos lograron secuestrar una pistola 9mm marca Astra, con numeración limada, y una pistola calibre 22 marca Tala.
El Peugeot 307 poseía pedido de secuestro de la comisaria de Wilde por "Robo Automotor" del martes 21 de mayo pasado, y el hecho tenía como autores dos N.N. masculinos.
Los menores se encuentran detenidos a disposicion de la Fiscalia de Responsabilidad Juvenil a cargo del Dr. Bruno, mientras que el detenido mayor de edad fue puesto a disposicion de la Fiscalía N° 1 a cargo del Dr. Rivas, ambos del departamento judicial de Quilmes.
Ya son casi cien las presentaciones judiciales contra la reforma judicial.
Las hicieron jueces, abogados y dirigentes políticos en todo el país. Buscan una medida cautelar que frene la elección de consejeros.
Un juez de Mar del Plata frenó las elecciones en el Consejo de la Magistratura.
El magistrado Alfredo López dictó una medida cautelar que suspende la conformación del cuerpo hasta tanto se resuelva si la reforma es constitucional. "Estamos muy satisfechos", declaró el presidente del Colegio de Abogados.
La reforma judicial sufrió este viernes su primer traspié en tribunales. Es que el magistrado Alfredo López dictó una medida cautelar que suspende la elección en el Consejo de la Magistratura hasta tanto haya una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de una de las leyes aprobadas por el Congreso.
La decisión de López responde a una presentación realizada por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, que se mostró satisfecho por la decisión judicial.
En este marco, Fernando Román González, titular de ese cuerpo, aseguró que la decisión "responde a la intención del Colegio y de otros tantos de todo el país" que es "evitar esta nueva ley porque viola el articulo 114 de la Constitución Nacional".
Román González explicó que el planteo lo realizaron el lunes pasado y "el juez López, como medida cautelar, ordenó la suspensión del nuevo Consejo y de las primarias para el 11 de agosto".
"Estamos muy satisfechos porque en forma cautelar, también declarando la inconstitucionalidad de las nuevas normativas que impiden las precautorias, nos permite seguir discutiendo la constitucionalidad de este Consejo de la Magistratura", agregó el letrado.
Asimismo, en declaraciones a un canal de cable, Román González explicó que “el código de procedimiento dispone el efecto devolutivo cuando la medida cautelar es aprobada, es decir que la suspensión de la medida cautelar no tendría que tener viabilidad mas allá de los planteos” y apelaciones del gobierno nacional.
Para concluir, el titular del Colegio de Abogados habló de cómo continúa ahora la situación. En tal sentido, explicó que "será ahora el Estado nacional el que disponga el procedimiento, que puede ser por per saltum o a través de la Cámara Federal de Mar del Plata, situación que se dispondrá una vez que se notifique el Poder Ejecutivo”.
En este contexto, ayer la jueza María Servini de Cubría aseguró también que "no corresponde expedirse" sobre otro planteo, este del Colegio de Abogados de Capital, hasta tanto no se pronuncie el Gobierno.
