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El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los movimientos socialistasanarquistas y comunistas, entre otros.

Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo.///

01/05/2017 10:26 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Fallo comentado: Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata en Pleno23/02/2017 - "FEDERACION MEDICA DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ OBRA SOCIAL UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION ACCORD SALUD S/ REPETICION SUMAS DE DINERO" (causa 121.017)

            I. Introducción.

            Seguimos advirtiendo como de manera incipiente pero sostenida que se vienen  perfilando y consolidando pautas jurisprudenciales en torno a la interpretación de los nuevos institutos y modalidades que han irrumpido en el ámbito del derecho procesal, con la implementación y la operatividad del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas en el ámbito judicial de la provincia de Buenos Aires[1].

            En esta oportunidad, analizamos un acuerdo plenario dictado el día 23 de febrero de 2017 por la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial, donde se debatió y decidió sobre las consecuencias que corresponde asignar a la falta de constitución de domicilio electrónico por parte de los litigantes, en virtud de la disparidad de criterios sustentados por las distintas Salas que componen ese Tribunal en relación a esa importante cuestión[2].

            Se trata de un trascendente pronunciamiento, cuya relevancia radica en su naturaleza plenaria, en razón de la cual la interpretación de las normas allí en juego deviene en lo sucesivo obligatoria para las Salas de la misma Cámara y para los Jueces del Departamento Judicial de La Plata[3], además de representar una insoslayable guía  para la totalidad de los órganos judiciales de la provincia, más allá de no resultar de obligatorio acatamiento fuera del ámbito del referida Departamento Judicial.

 

II. El Domicilio electrónico. Concepto. Domicilio real. Domicilio legal. Domicilio procesal.

La definición de domicilio real que refiere que es el lugar de residencia permanente de la persona, con la intención de establecer allí el asiento de su actividad, contempla la noción legal dada por el artículo 73 del Código Civil y Comercial de la Nación (vigente) contemplada por el elemento intencional, que es un ingrediente indispensable de aquel tipo de domicilio. [4]

El domicilio real no se "constituye", se ostenta como atributo de la personalidad, por lo que, siendo "el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios" (art. 89), se trata de un hecho sujeto a prueba.[5]

Según el artículo 73 de dicho cuerpo normativo, el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

El domicilio procesal es distinto del domicilio legal, pudiendo no coincidir ambos. Sin embargo, por su intermedio se posibilita la notificación plena que la existencia del domicilio legal requiere. De manera que es lo adecuado conferir al domicilio legal el carácter de constituido procesal para viabilizar sin futuros inconvenientes la notificación para la cual, entre todas las otras, aquél fue instituido.[6]

Con la implementación de las nuevas tecnologías. surge un nuevo concepto, el DOMICILIO ELECTRÓNICO definiendo el mismo como un espacio de almacenamiento que el Poder Judicial pone a disposición de todos los auxiliares de la justicia, para depositarles ahí sus notificaciones electrónicas, a través del portal web SNPE y desde el cual se pueden remitir presentaciones y notificaciones electrónicas a los organismos jurisdiccionales.

Este lugar de almacenamiento está coligado a la identificación de cada letrado, que se consigue a través de la generación de un Certificado de Firma Digital. –

Aclaramos que una casilla de correo electrónico (Gmail, Hotmail, yahoo, etc…) no hacen las veces de domicilio electrónico. El domicilio electrónico es especial, diseñado para una utilidad especifica vinculada a la profesión del titular y debe ser generado conforme una serie de procedimientos establecidos por la autoridad regulatoria.

 

            III. El caso.

            En el caso particular, se trata de un Acuerdo plenario convocado en el marco de los autos “Federación Médica de la Pcia. de Bs. As. c/ Obra Social Unión Personal Civil de la Nación Accord Salud s/ Repetición de sumas de dinero” por los magistrados de la Sala Tercera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, quienes advirtieron que lo atinente a las consecuencias derivadas de la falta de oportuna constitución del domicilio electrónico, dio lugar a diversos criterios de las distintas Salas de ese Tribunal, con el objeto de sentar un criterio imperante a fin de brindar seguridad jurídica a los justiciables.

            Reunido en Acuerdo Plenario, los Sres. Jueces del mencionado órgano de Alzado, decidieron plantear y resolver las siguientes cuestiones:

            a) Conforme la coexistencia del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas con el de presentaciones formato papel (Res. 1647 SCBA) y ante la falta de constitución del domicilio procesal electrónico, ¿debe hacerse efectivo el apercibimiento del art. 41 C.P.C.C.?

            b) En caso afirmativo, ¿deben notificarse en los términos del art. 133 C.P.C.C. las providencias o resoluciones que se adopten en el curso del proceso y que no deban ser notificadas en formato papel conforme el C.P.C.C.?

 

  IV. Antecedentes. Fallo De Blasis.

La Cámara Civil y Comercial de La Plata, Sala Segunda, integrada, en la causa N° 120513, autos “De Blasis Luis Silvio c/ Saban Adrián y Otros s/ Daños y perjuicios”, resolvió hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 41 del CPCCBA  ante la falta de constitución de domicilio electrónico de una de las partes, sanción que (según el criterio de la Cámara) no puede alcanzar al domicilio procesal físico constituido en el proceso, que queda subsistente.

En ese momento se estableció que, si no se ha fijado expresamente domicilio electrónico, éste queda instaurado en los estrados del Juzgado y las notificaciones que deban ser dirigidas a aquél, quedarán realizadas en los términos del artículo 133 del CPCCBA; debiendo anoticiarse en el domicilio físico constituido las notificaciones a las que se refieren los incisos 1, 10 y 12 del artículo 135 del CPCCBA

Bajo nuestro punto de vista, dicho apercibimiento debió ser aplicado tanto al domicilio físico constituido como al domicilio electrónico constituido (todo conforme lo establecido en artículo 3 del Acuerdo SCBA 3540/2011 en conjunto con ley 14.142 modificatoria del CPCCBA) ya que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 del CPCCBA en su totalidad, se deberá constituir domicilio electrónico conjuntamente con un domicilio físico.

Al no cumplimentarse alguno de los dos requisitos, es viable la consecuencia que deriva del artículo 41, que no es otra que la constitución del domicilio en los estrados del Juzgado o Tribunal, aplicándose dicha regla englobando a ambos, y no considerando que dichas exigencias de constitución son individuales e independientes entre sí, siendo que a nuestra interpretación son conexos, con la salvedad de aquellas notificaciones que según la normativa, obligatoriamente deban notificarse en formato papel (y que desarrollaremos en el apartado correspondiente).

Sin embargo, destacamos que el fallo afianzo la posición del Acuerdo SCBA 3540/2011 en lo que respecta a las notificaciones electrónicas, ya que en uno de los apartados pertinentes deja bien en claro que "...deben ser notificados al domicilio procesal físico -que queda subsistente- todas las notificaciones que no deban ser dirigidas al domicilio electrónico (arts. 135 inc. 1, 10 y 12; artículo 143 T.O. ley 14.142, CPCCBA)…", siendo estas las que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones; la que dispone la citación de personas extrañas al proceso; y las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que resuelvan negligencias en la producción de la prueba. Por ende, todas las demás notificaciones (la gran mayoría de las establecidas en el artículo 135) deberán hacerse al domicilio electrónico en conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo SCBA 3540/2011. Dicho artículo establece que en los supuestos en que esté disponible la notificación electrónica, no se podrá utilizar la notificación en formato papel, salvo que existieren razones fundadas en contrario. Idéntica redacción mantuvo el Acuerdo SCBA 3733/2014, que instauró la obligatoriedad del sistema en toda la provincia.

En último lugar, dicha resolución reconoce las amplias facultades que posee la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para reglamentar sobre toda esta nueva normativa al establecer "...En lo que atañe al domicilio electrónico, la ley 14.142 delegó en la SCBA la reglamentación de su uso. Mas, es la misma norma la que señala su obligatoriedad y no las disposiciones que ha dictado la S.C.B.A. al respecto. Así, el artículo 8° de la ley citada prescribe "La Suprema Corte de Justicia reglamentará el uso del correo Electrónico como medio de notificación y uso obligatorio para litigantes y auxiliares de la justicia."

 

            V. Las normas implicadas.

 

            a) La Acordada 3399/08 S.C.B.A.

            La Suprema Corte provincial inició en el año 2008 el proceso de implementación de la tecnología de firma digital en el ámbito de la justicia bonaerense, con el loable objetivo de modernizar la administración de justicia, reducir los tiempos de los procesos y disminuir el uso del tradicional soporte papel. Con ese propósito, elaboró y envió al Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley de reforma del código ritual[7], a la par que implementó una "prueba piloto" para el uso de las notificaciones por medios electrónicos (Ac. 3399/08 S.C.B.A.).

En su considerando 5 establece que: “… resulta necesario avanzar en la implementación de estos modernos sistemas de comunicación procesal, en el entendimiento de que los mismos tendrán directa repercusión en la eficiencia del servicio de justicia, reduciendo los tiempos del proceso (arts. 15, Const. Pcial.; 18 Const. Nac.; 8 Conv. Americana de Derechos Humanos) y procurando una paulatina reducción en la utilización del soporte papel en los expedientes judiciales (conf. aspiración de “progresiva despapelización” reconocida con carácter general por el artículo 48 de la ley 25.506, a la que la Provincia prestara adhesión por ley 13.666, y en la que por otra parte se encuentra interesada la protección del medio ambiente -conf. arts. 41, Const. Nac., 28, Const. Pcial. - ).”

En un primer lugar, fue implementado en ciertos organismos jurisdiccionales específicamente seleccionados, siendo los mismos: el Juzgado Civil y Comercial 14 de La Plata, Juzgado Civil y Comercial 1 de Olavarría, y el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata.

Pero que una vez superada esta primera fase, se universalizará la utilización de los medios electrónicos de notificación, adoptándoselo con carácter obligatorio en todos los procesos de la Provincia.

Dentro de la misma Resolución se establece un “Reglamento para la notificación por medios electrónicos”, incorporando reglas claras para la metodología de aplicación del mismo y las herramientas necesarias para su implementación, tanto a nivel infraestructura digital requerida como en lo que respecta a las capacitaciones de personal para su funcionamiento, ese Reglamento hoy se encuentra sustituido (aunque no derogado expresamente) por el Acuerdo SCBA 3540/11 “Reglamento para la Notificación por Medios Electrónicos”.

Esta prueba piloto tuvo carácter voluntario para los abogados actuantes en procesos judiciales dentro de estos organismos seleccionados. –

 

            b) La ley 14.142.

En sustancial sintonía con el proyecto que la Suprema Corte oportunamente enviara a la Legislatura provincial, se sancionó la ley 14.142[8] que vino a modificar los artículos 40 y 143 del C.P.C.C., y a incorporar a dicho cuerpo legal el artículo 143 bis, contemplando la notificación por medios electrónicos en el proceso civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Como bien sabemos, el domicilio electrónico se gestiona a través de la creación del certificado digital, y mediante el cual, podemos firmar digitalmente nuestras presentaciones electrónicas (o documentos digitales). Es uno de los requisitos indispensables y necesarios que tienen los profesionales para poder utilizar el sistema conforme ley 14.142 y Acuerdo SCBA 3540/2011, Resoluciones SCBA 582/16 y SCBA 707/16. Cada domicilio electrónico se asocia inescindiblemente con el titular del Certificado de Firma Digital, permitiendo su individualización y directa vinculación. -

            Es así que en la redacción actual del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (modificado por dicha ley) encontramos que:

a) El artículo 40 del CPCCBA impone la obligación a toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero de constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo Juzgado o Tribunal, juntamente con una casilla de correo electrónico, que será la asignada oficialmente al letrado que lo asista, donde se le cursarán las notificaciones por cédula que no requieran soporte papel. Estos requisitos se cumplirán en el primer escrito que presente o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene.

La elección de un domicilio procesa por las partes o su representante tiene efectos exclusivos para un juicio determinado, pues en él se practicarán, en general, las notificaciones por cédula La norma impone al representante la carga de denunciar el domicilio real de su representado.

Si el domicilio procesal, también llamado ad lítem o simplemente constituido, fuera inexistente, sea por equívoco o malicia, automáticamente se lo tendrá por constituido en los estrados del juzgado. [9]

b) Asimismo, se modificó el artículo 143 del CPCCBA incluyendo al correo electrónico oficial como medio de notificación fehaciente, equiparando su aplicación a las notificaciones por cédula papel en los mismos casos que establece el artículo 135.

c) Se incorpora el artículo 143 bis, que establece: “Notificación por correo electrónico. El letrado patrocinante o apoderado de la parte que tenga interés en la notificación, el síndico, tutor o curador “ad litem”, en su caso, enviará las notificaciones utilizando el sistema de correo electrónico habilitado al efecto por el Poder Judicial, conforme determine la reglamentación. La oficina de notificaciones encargada de la base de datos del sistema de comunicaciones electrónicas del Poder Judicial emitirá avisos de fecha de emisión y de recepción a las casillas de correo electrónico de las partes y del Tribunal o Juzgado. El envío de un correo electrónico importará la notificación de la parte que lo emita.”

Este artículo prevé la posibilidad de enviar notificaciones electrónicas utilizando el sistema que habilitara el Poder Judicial a sus efectos (recordemos que a ese tiempo aún no había marco regulatorio para las notificaciones electrónicas y el portal SNPE se encontraba recién dando sus primeros pasos).

Asimismo, la ley 14.142 en su artículo 8, le concede a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos, la facultad regulatoria de dictar Resoluciones pertinentes sobre la forma de utilización del correo electrónico oficial como medio de notificación fehaciente, siendo que al día de la fecha esto lo vemos plasmado en lo que llamamos “notificaciones mediante cédulas electrónicas” a través del portan SNPE.

 

            c) Los Acuerdos 3540/11 y 3733/14 S.C.B.A.

            En ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 8 de la ley 14.142, el Supremo Tribunal dictó la Acordada 3540/11, por medio de la cual se aprobó el Reglamento para la Notificación por Medios Electrónicos. Asimismo, se dispuso la implementación de un plan para la progresiva adopción del sistema de notificaciones electrónicas, lo que fue materializado mediante el Acuerdo 3733/14 S.C.B.A.

            En particular (y en lo que aquí nos interesa), merece destacarse el artículo 3 del Reglamento aprobado por la Ac. 3540/11, en tanto dispone que “Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 del C.P.C.C., toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de un tercero, deberá constituir domicilio electrónico en el casillero virtual que le será asignado al letrado que la asista o represente…”

 

            d) La Resolución 582/16 S.C.B.A.

            Mediante la referida Resolución, dictada el día 13 de abril de 2016, los jueces del Alto Tribunal hicieron saber a todos los magistrados la necesidad de aplicar la consecuencia que deriva del artículo 41 del C.P.C.C., frente a la inobservancia de las partes de constituir domicilio electrónico de conformidad con la carga que impone el artículo 40 del mismo ordenamiento, ello con el objeto de posibilitar la concreción del sistema de notificaciones electrónicas[10].

El considerando 2º de dicha Resolucion señala: “…Que, por otra parte, se advierte que la falta de constitución del domicilio electrónico conspira contra la finalidad de avanzar en la concreción del nuevo sistema de notificaciones electrónicas. Que en esta situación se observa conveniente hacer saber a los magistrados la necesidad de aplicar la consecuencia que deriva del artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial, frente a la inobservancia de las obligaciones previstas en la primera parte del artículo 40 del aludido código, que no es otra que la constitución del domicilio en los estrados del Juzgado o Tribunal…. Que la consecuencia de la constitución del domicilio en los estrados del Juzgado o Tribunal se abre, pues, en la hipótesis de que ninguno o alguno de esos domicilios legales no se hubiere constituido por las partes en la oportunidad procesal indicada…”

El artículo 2° de la Resolución 582/16 establece: “Hacer saber a los magistrados la necesidad de aplicar la consecuencia que deriva del artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial, frente a la inobservancia, de las partes de constituir el domicilio procesal electrónico de conformidad a la carga prevista en el primer párrafo del artículo 40 del aludido digesto, a efectos de posibilitar el avance en la concreción del nuevo sistema de notificaciones electrónicas.”

 

            e) Las Resoluciones 707/16 y 1647/16 S.C.B.A.

            El 27 de abril de 2016, la Corte provincial estableció la "coexistencia" del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas con el tradicional esquema de presentaciones en formato papel, hasta el 1 de agosto de 2016, sin perjuicio de lo cual dejó aclarado que ello no obstaba la plena vigencia de lo dispuesto en la Resolución 582/16 y en el Acuerdo 3733/14.

            Finalmente, a través de la Resolución 1647/16 dictada el día 4 de agosto de 2016, se dispuso prorrogar la coexistencia del sistema hasta tanto el Tribunal evalúe un informe encomendado a una Mesa de Trabajo creada a tal fin[11].

 

            VI. Lo resuelto en el fallo plenario.

            Bajo el contexto normativo reseñado precedentemente y que resulta de aplicación al caso planteado, los magistrados integrantes de la Cámara Secunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata concluyeron (por mayoría de fundamentos) que corresponde exigir a las partes, además del domicilio procesal, la constitución de un domicilio electrónico, bajo apercibimiento de lo normado por el art. 41 del C.P.C.C., y que ante la falta de constitución de domicilio electrónico, corresponde notificar en los estrados del Tribunal las providencias y resoluciones que no sean de las previstas en los incisos 1, 10 y 12 del art. 135 del C.P.C.C.

            Para decidir de ese modo, la mayoría (conformada por los Dres. Hankovits, Soto, Bermejo y Larumbe), interpretó que la Suprema Corte, conforme las facultades conferidas por el art. 8 de la ley 14.142, ha reglamentado el uso del sistema de notificaciones electrónicas, implementando su funcionamiento en un primer momento mediante una prueba piloto y luego, ante los resultados satisfactorios, en forma obligatoria en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a través de un portal Web seguro, exhortando a los titulares de los órganos jurisdiccionales a hacer efectivo el apercibimiento del art. 41 del C.P.C.C.

            Así, puntualizaron que la coexistencia del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas con el sistema de presentaciones en formato papel dispuesta por el mismo Tribunal mediante Resoluciones 707/16 y 1647/16, se refiere únicamente a las presentaciones electrónicas y no al sistema de notificaciones previstas por los arts. 40 y 143 del C.P.C.C., desde que estas últimas están consagradas en la ley procesal a diferencia de las presentaciones electrónicas, y la misma Suprema Corte por aplicación del art. 8 de la ley 14.142 procedió oportunamente a la puesta en funcionamiento del sistema en plenitud remarcando su obligatoriedad.

            En forma paralela, hicieron hincapié en que de las propias resoluciones de nuestro Superior Tribunal provincial se advierte que el sistema de notificaciones electrónicas no sólo satisface la tutela judicial efectiva sino que la consolida a través de procurar se concrete en tiempo razonable, lo que justifica la necesidad de implementación de dicho sistema que agiliza la tramitación jurisdiccional de los litigios.

 

VII. Lineamiento con el Anteproyecto de Codigo Procesal Civil, Comercial y de Familia.

El articulo 37 de dicho anteproyecto establece:  “Domicilio. Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir un domicilio electrónico en los términos que establezca la reglamentación que dicte la Suprema Corte de Justicia.  Estos requisitos se cumplirán en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciarán en el domicilio constituido electrónico todas las notificaciones a domicilio que no deban serlo en el real.”

Es asi, y como ya mencionamos, que en el mismo orden, el “Reglamento Para La Notificación Por Medios Electrónicos - Acuerdo SCBA 3540/2011” prescribe en su artículo 3 que, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 del CPCCBA  (actual redacción), toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio electrónico en el casillero virtual que le será asignado al letrado que la asista o represente en la base de datos del sitio web de notificaciones, contando con certificado de Firma Digital que avalará la autenticidad e intangibilidad de la operatoria siendo que igual obligación pesa sobre los auxiliares de la justicia.

Según los términos de la redacción del anteproyecto, es muy importante concluir que se extingue la carga procesal de constituir un domicilio constituido físico y en su lugar se suplanta por la constitución del domicilio electrónico, donde serán remitidas todas las notificaciones que no deban ser dirigidas al domicilio real. –

           

            VIII. Lo sostenido por la minoría que conformó el plenario.

            La postura minoritaria, de la que participaron los Dres. Sosa Aubone y Lopez Muro, pregonó que correspondía exigir a las partes, además del domicilio procesal físico, la constitución de un domicilio electrónico, mas sin el apercibimiento de lo normado por el art. 41 del C.P.C.C., mientras tanto se mantenga la coexistencia del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas con el de presentaciones en formato papel.

            Para arribar a esa deducción, el Dr. Sosa Aubone, en consonancia con el criterio sostenido por la Sala Primera que integra[12], indicó que de una interpretación armónica de las normas dictadas por la Suprema Corte en cuanto al Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, se desprende que la constitución de los domicilios procesales, físico y electrónico, es una “carga procesal” que conlleva, para el litigante que no la cumpla, la consecuencia de tenerle por constituido el domicilio en los estrados del Tribunal.

            Señaló que la Resolución 707/16 de la Suprema Corte postergó la aplicación de la normativa disponiendo la coexistencia de ambos sistemas y ulteriormente dispuso la continuidad de tal coexistencia hasta contar con el informe de una Mesa de trabajo creada ad hoc (Res. 1647/16).

            En base a ello, arribó a la conclusión de que, si bien el Superior Tribunal ha actuado, en uno y otro caso, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 8 de la ley 14.142, existe una imprecisión en el texto de la Resolución 1647/2016, en virtud de que se señala la coexistencia de dos sistemas distintos: uno el de notificaciones y presentaciones electrónicas y otro el de presentaciones en formato papel.

            Por ello, entendió que la coexistencia aludida se refiere tanto al domicilio procesal físico como al electrónico. Consecuentemente, interpretó que habiéndose constituido domicilio electrónico, procede notificar de ese modo todas las resoluciones que no requieran soporte papel y la intervención del oficial notificador, ni estén comprendidas en los incs. 1 y 12 del art. 135 del C.P.C.C. Pero, mientras se mantenga la coexistencia, si no se hubiere constituido domicilio electrónico, las notificaciones que hayan de realizarse conforme el art. 135 del C.P.C.C., habrán de efectuarse al domicilio físico tradicional.          

            IX. Conclusiones.

            Como vemos, de acuerdo al criterio sentado por mayoría en el fallo plenario en comentario, pocas dudas van quedando en relación a la recta aplicación de las normas contenidas en el código de procedimientos y de la reglamentación dictada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense en torno a la operatividad de la constitución de domicilio electrónico por parte de las partes y auxiliares de justicia en general, y de los efectos que acarrea su omisión.

  1. La constitución de domicilio procesa físico como así también el electrónico es una carga de la parte y de acatamiento obligatorio. -
  2. Disponiendo el artículo 41 del mismo cuerpo legal que su incumplimiento importará la constitución automática del domicilio en los Estrados del Tribunal, no existiendo norma alguna que imponga una previa intimación a dichos fines.
  3. La regla general impone que quien no constituye domicilio legal queda notificado en los estrados del Juzgado (artículo 41, CPCCBA). [13]
  4. Este acto jurídico de constitución de domicilio electrónico debe ser realizado en forma manifiesta y expresa ya que no alcanza para tener por cumplida esta obligación él envió de una mera presentación electrónica por el portal web de la SCBA.
  5. Es que en efecto, más allá de que la carga procesal en cuestión no es ni más ni menos que una imposición que emana del propio texto de la ley, consideramos que la plena y definitiva implementación del sistema de notificaciones electrónicas únicamente puede acometerse mediante el estricto acatamiento de la normativa en juego, tal como exhortara el cimero Tribunal en la Resolución 582/16.
  6. Destacamos del plenario bajo glosa el lúcido voto emitido por el Dr. Soto, quien con elocuencia explicó que las reiteradas alusiones a la “coexistencia” de ambos sistemas que emana de las sucesivas resoluciones dictadas por la Suprema Corte bonaerense, lejos está de propiciar que no se haga efectivo el apercibimiento del artículo 41 del código adjetivo, sino que lo que ha sucedido en este profundo proceso de reemplazo del soporte papel por el digital iniciado en el año 2008, “es solamente una aminoración en la velocidad de su implementación total y definitiva, que no implica la suspensión de la operatividad de las normas procesales en juego”[14].
  7. Asimismo, no podemos más que coincidir en las ventajas comparativas que imparte la utilización de los medios electrónicos de comunicación frente al tradicional sistema de notificaciones descriptas en el voto vertido en el Acuerdo por la Dra. Silvia P. Bermejo[15], en tanto contribuyen en la optimización de los tiempos procesales. 
  8. En definitiva, juzgamos que el fallo plenario en comentario define adecuadamente la consecuencia que ha de observarse frente al incumplimiento por parte de los litigantes de la carga procesal de constituir un domicilio electrónico, esto es, que corresponderá notificar al renuente en los estrados del Tribunal las providencias y resoluciones que no sean las previstas en los incisos 1, 10 y 12 del art. 135 del Código Procesal.

 

[1] Ver al respecto nuestros anteriores comentarios a resoluciones de la Suprema Corte provincial: “Reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre la actuación del letrado patrocinante en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires”, publicado en www.pensamientocivil.com el día 08/02/2016; “El cargo electrónico y los estados de las presentaciones electrónicas. Incipiente jurisprudencia de la SCBA”, de fecha 03/02/2017 (Protocolo A00399426703 de Utsupra).

[2] La Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata ha considerado que ante la imprecisión en el texto de la Resolución 1647/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en virtud de las facultades previstas en el artículo 8 de la ley 14.142, sobre todo en torno a la coexistencia de los sistemas de notificaciones y presentaciones electrónicas, no corresponde hacer efectivo el apercibimiento del artículo 41 del Código ritual ante la falta de constitución del domicilio procesal electrónico, por lo que en estos casos la notificación debe efectuarse en los términos del artículo 135 del C.P.C.C., en el domicilio físico constituido (Causa 120.721, RSD 289/2016 del día 27/10/2016).

Por su parte, las Salas Segunda y Tercera del mismo Tribunal, en aplicación del apercibimiento contenido en el artículo 41 del C.P.C.C., han considerado notificadas ministerio legis (art. 133 del C.P.C.C.) a las partes interesadas, de las providencias que deben ser anoticiadas al domicilio procesal electrónico, ante la falta de constitución del mismo (Sala Segunda: Causa 120.513, RSI 223/2016 del 04/10/2016; Causa 120.925, RSD 226/2016 del 01/11/2016; Causa 120.962, RSD 227/2016 del 01/11/2016; Sala Tercera: Causa 116.163 RSI170/2016 del 29/06/2016; Causa 120.939, RSD 164/2016 del 27/10/2016).

03/05/2017 13:24 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

La Corte Suprema, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad.

    La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.

    En disidencia, votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

    La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).


    Mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti

    Voto de los jueces Highton y Rosenkrantz

    En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban  conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.

    Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna  lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso.

    Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse,  en tanto el artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que entre nosotros sucedió con la sanción de la ley 24.390 que, justamente, concedía este beneficio.

    A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos.

    En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley 26.200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho principio.

    Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.


    Voto del juez Rosatti

    En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.

    Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos en las casos “Villamil” y “Alespeiti”, de marzo y abril pasados.

    Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado.


    Disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda

    Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.

    Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).

    Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto,  y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.

    Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso.

    Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390.

    Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente,  es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).


    Hechos de la causa y su calificación legal

    En la presente causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal).

    Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.

    Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29/12/2011 Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad a la pena de trece (13). El fallo quedó firme el 21/8/2013 cuanto la Corte declaró inadmisible –por aplicación del art. 280 del CPCCN– el recurso extraordinario articulado por la defensa del nombrado.

    A partir del carácter firme de la condena, con fecha 9/9/2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones del art. 7 de la ley 24.390, determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016.

    Dicho cómputo fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal, siendo finalmente anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014, que dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso.

    Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.

     

    03/05/2017 22:36 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

    Causa P128468. Violencia ejercida contra la mujer. Exclusión de la posibilidad de aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba.

    La Suprema Corte de Justicia, en la causa P. 128.468, "Altuve, Carlos Arturo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 74.617 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", resolvió hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal de Casación, dejar sin efecto el fallo recurrido y remitir con carácter de urgente- las actuaciones al Tribunal de Casación para que dicte nuevo pronunciamiento a fin de evitar la posibilidad de incumplir con obligaciones impuestas al Estado Argentino por el derecho internacional.


    Ver sentencia (p128468).pdf 122 Kb.

    07/05/2017 17:39 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

    La AJB realizará el próximo miércoles 10 una Jornada Provincial de Protesta.-

     

    la Asociación Judicial Bonaerense fue convocada a una nueva reunión de paritaria salarial para el próximo jueves 11 de mayo a las 11 horas en la sede del Ministerio de Trabajo.

     

    La continuidad de la negociación salarial es producto de la medida de fuerza realizada la semana pasada en repudio a la propuesta salarial del 18% en cuatro cuotas, rechazada enérgicamente por la AJB.

    Por lo tanto, la AJB realizará el próximo miércoles 10 una Jornada Provincial de Protesta con asambleas, recorridas y otras acciones locales, en reclamo de una oferta salarial digna, por la devolución de los descuentos por paros y en solidaridad con los trabajadores judiciales en todo el país que se encuentran en conflicto.

    La medida de la AJB se realizará en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la Federación Judicial Argentina, convocada ante el escenario de negociaciones salariales trabadas en varias provincias, en repudio a la intervención ilegal al sindicato judicial de Mendoza y en solidaridad con los trabajadores judiciales de Santa Cruz que padecen serias demoras en el cobro de sus haberes y se encuentran en lucha defendiendo su sistema salarial.

    09/05/2017 10:25 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

    El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, visitó el Municipio de Quilmes y entregó al intendente Martiniano Molina 22 nuevas patrullas policiales y una torreta de seguridad móvil.
    Se trata de 16 camionetas Renault Oroch y 6 móviles Toyota Etios con cámara de monitoreo en 360º. Además, se hizo entrega de la torre vigía móvil, que también dispone de cámaras que transmiten vía 4G al Centro de Monitoreo. La misma sería ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.

    El ministro Ritondo expresó que con esto “pudimos cumplir el sueño que teníamos desde el primer día de gestión: tener una flota de gran porte con mucha presencia en Quilmes y los vecinos lo van a notar”. Según informó, estas unidades fueron compradas por el Municipio “con el Fondo de Fortalecimiento que dispuso la gobernadora María Eugenia Vidal el año pasado”. 

    De este modo se mostró satisfecho por poder contribuir a la renovación de la flota del Municipio con patrulleros 360º. “La torre vigía, que ya fue entregada en Lanús y en Lomas de Zamora, ahora también está en Quilmes. Permite tener una visión a 500 metros y grabar en 360º”, detalló el Ministro. 
    09/05/2017 18:02 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

    AJB-PARO X 48HS.

     

    En el día de ayer se realizaron asambleas en los 19 departamentos judiciales de la provincia para informar sobre la ultima reunión paritaria, donde el ejecutivo lejos de traer a la mesa de negociaciones una oferta superadora a la ofrecida en diciembre de 2016 y el ultimo 2 de mayo, repitió la misma oferta del 18% en cuatro cuotas, con la novedad de  un 10% a partir de abril a cuenta de lo que se siga negociando y un futuro acuerdo, que, ante la pregunta de cuando seria la próxima convocatoria, la AJB, no recibió respuesta concreta alguna.

    Este ultimo ofrecimiento es una planificada estrategia que juega con la necesidad urgente de los trabajadorxs que ven deteriorarse día a día su poder adquisitivo, y estirar en el tiempo las negociaciones para ir desgastando el espíritu de lucha y así poder imponer su política de paritarias a la baja. De los mandatos emanados de las asambleas se decidió, por mayoría, profundizar el conflicto e ir por 48 hrs de paro total en todas las departamentales los próximos miércoles 17 y jueves 18, en reclamo de una propuesta salarial digna y la devolución de los descuentos por días de paro, hechos por la Corte. 

    13/05/2017 18:03 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

    Resolución 700/17. Prueba piloto en Juzgados de Familia Nºs 2 y 3 de Quilmes para realizar análisis comparativos de ADN en los casos de filiación con el dispositivo Whatman EasiCollect (isopos).

    Ver resolución 700-17.pdf 126 Kb.

    13/05/2017 18:05 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema


    Tribunal de Casación Penal. Sala I. Homicidio agravado por el vínculo. Responsabilidad Penal Juvenil en contexto de vulnerabilidad. Valoración probatoria. Falta de fundamentación en la condena de instancia. Absolución.

    La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 77.925 caratulada "G. F., M. I. s/ Recurso de Casación", respecto de la sentencia del día 10 de mayo de 2016, el Sr. Juez Doctor Eduardo Adrián Campos Campos, integrante unipersonal del Juzgado de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial Dolores, impuso a M. I. G. F., en el marco de un juicio abreviado, un (1) año de tratamiento penal reeducativo con cumplimiento de pautas de conducta, por haberla encontrado co-autora del delito de homicidio agravado por el vínculo, en relación a su hija L. T. A..
    De allí que frente al análisis de la prueba producida en la causa, el magistrado determinó que de las valoraciones efectuadas por el "A Quo surgen contradicciones profundas e interpretaciones parciales que no permiten fundamentar la certeza requerida." En efecto, sostuvo que "pese a la afirmación efectuada por el sentenciante al respecto, el fundamento que utiliza no permite, en realidad, sustentar la atribución del hecho a la acusada."
    Asimismo, elaboró acerca de la intención de la imputada, afirmando que la lógica indicó que M. I. G. F. tenía un vínculo de cuidado y protección con la menor, descartando cualquier intención de querer quitarle la vida. En conclusión, la dinámica familiar presentada en autos, permitió evidenciar que ella era la única que se hacía cargo de la pequeña, aunque esto no fuera de su exclusiva responsabilidad. En el mismo sentido, la sentencia de casación destacó el contenido de los informes psiquiátrico y psicológico que enfatizaron sobre el contexto de vulnerabilidad caracterizado por la precariedad económica, la violencia y los traumas pasados.
    Continuó expresando que "la posición respecto de la verdad que asumiera el A Quo, pone de manifiesto la falta de certeza sobre la existencia de algún acto de M. I. G. F. que ocasionara la muerte de su hija L. T. A., que su muerte haya sido por un acto intencional y no por algún accidente doméstico, y que nadie haya ingresado a la casa y/o a la habitación donde la menor estaba durmiendo cuando quedara sola, cuestiones reflejadas incluso en el razonamiento del juez sentenciante, pero que no se ven plasmadas en la resolución a la que arriba."
    Finalmente, concluyó el magistrado del primero voto, el Dr. Maidana, que la valoración probatoria no se encontró ajustada a los términos del artículo 210 c.c. y s.s del C.P.P., insuficiencia en la fundamentación utilizada por el A Quo sobre los extremos de la imputación, habiendo efectuado una evaluación parcial y lineal de la prueba. Por lo que resolvió casar la sentencia y absolver a la imputada.


    Ver Sentencia (77925).pdf 529 Kb.

    19/05/2017 10:43 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

    CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN.

    Ley 27352.

    Modificación.

    El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley:

    MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 119 DEL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO III DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN

    ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 119 del Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

    Artículo 119: Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

    La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

    La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.

    En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho (8) a veinte (20) años de reclusión o prisión si:

    a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;

    b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;

    c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;

    d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;

    e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;

    f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

    En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).

    ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

    DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

    — REGISTRADA BAJO EL Nº 27352 —

    EMILIO MONZÓ. — FEDERICO PINEDO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

    Fecha de publicación 17/05/2017

    19/05/2017 10:47 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema



    La DDI local desarticuló a un grupo de individuos que se dedicaba a realizar secuestros extorsivos en la Zona Sur. Los delincuentes eran intensamente buscados

    noticias
    Parte de los elementos secuestrados en los allanamientos en varios puntos del distrito

      Una banda que se dedicaba a realizar secuestros extorsivos en la zona fue desarticulada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes en las últimas horas. En total, fueron cinco los aprehendidos, entre ellos, el cabecilla de la gavilla y hay dos prófugos, que son intensamente buscados por la Policía.


      Todo comenzó con el secuestro de un hombre, que sería residente del barrio privado Nuevo Quilmes, que circulaba en una camioneta Land Rover negra por la calle Caseros y, al llegar a la altura entre Almafuerte y Constitución, en Villa Alcira, Bernal Este, fue interceptado por dos vehículos -un Volkswagen Fox rojo y una Peugeot Partner gris- y lo privaron de su libertad.


      Los delincuentes efectuaron una llamada extorsiva a su familia y, tras las negociaciones, cobraron un rescate de 20 mil dólares y 10 mil pesos, además de dos relojes; por lo que la víctima fue liberada sana y a salvo junto con su rodado.


      Como consecuencia de este hecho, la Policía puso manos a la obra y se analizaron cámaras municipales y privadas de todo el recorrido que efectuaron los sujetos, como así también del lugar de pago y el sector en donde liberaron a la víctima y abandonaron la camioneta.


      De esas filmaciones se determinaron algunos detalles que implicarían a un guardia de seguridad que accionó la barrera del ingreso al barrio cerrado Nuevo Quilmes donde vive la víctima, como así detalles de los rodados implicados, el VW Fox rojo y la Peugeot Partner gris.


      Así, se realizaron pericias de dictado de rostro por parte de la víctima y el pagador y esto, sumado a las tareas de campo, logró determinar que los autores del hecho resultaron ser integrantes de una banda delictiva que cometía delitos en toda la Zona Sur. 


      Por ello, contando con las fotografías de los mismos, se realizó una pericia comparativa con los dibujos de dictados de rostro arrojando resultados positivos. Ya con esa información se concretaron intervenciones telefónicas con escuchas directas. Una vez cumplimentadas dichas diligencias investigativas, se solicitaron las órdenes de detenciones y nueve órdenes de allanamiento, que se realizaron en las últimas horas.


      Como resultado de los mismos, se procedió a la detención del líder de la banda y de tres de sus cómplices, quienes son integrantes activos de la gavilla. Además, se aprehendió a otro sujeto, quien sería el que proveía a la banda de los celulares. De hecho, a este último se le incautaron 35 teléfonos.


      Entre otros elementos, la Policía secuestró un revólver calibre .32 marca Doberman, con numeración suprimida, una campera con la inscripción "Seguridad", precintos y un reloj marca Michael Kors con malla de acero propiedad de la víctima y dinero por 75.000 pesos.


      Intervienen en la causa la Fiscalía Federal a cargo de la doctora Silvia Cavallo y el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Luis Armella.

    19/05/2017 12:21 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

    FALLO PLENARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL.- PAGARE DE CONSUMO.- JUICIO EJECUTIVO.- INTEGRACION DOCUMENTACION ADICIONAL.-


    La Cámara Civil y Comercial de Azul en fallo plenario dictado en causa “HSBC Bank Argentina c/ PARDO Cristian Daniel s/ COBRO EJECUTIVO” estableció como doctrina judicial que el pagaré de consumo resulta título de crédito reclamable por acreedor mediante el proceso ejecutivo, siendo que por sus particularidades el pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veráz, y además cumplir con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC para las operaciones de financiación o crédito de consumo.- Dicha documentación debe agregarse en primer instancia, hasta el momento de la sentencia, sin que permita su integración en la Alzada.-

    Ver sentencia (causa N° 61380) (1)

    26/05/2017 19:48 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema


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