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"DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y otro/a S/ AMPARO".

Expte. n° LP-20622-2017.

 

La Plata, 02 de Marzo de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

1°) Liminarmente, señálase que de la lectura de la copia de poder general acompañada a fs. 88/91 se advierte que no se guarda correlación entre el último renglón de fs. 89 vta. con el primer renglón de fs. 90. Sin perjuicio de ello, procédese al proveimiento del escrito en vista.

A mérito de la aludida copia de poder acompañada, tiénese a los peticionantes por presentados en el caracter invocado, parte y constituídos los domicilios físico y electrónico en los lugares indicados (arts. 86 Constitución Nacional; 55 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4, 7 Ley 13.928 t.o. ley 14.192; 40, 47, 49 C.P.C.C. texto según ley 14.142).

2°) Habida cuenta que en esta instancia liminar, la presente acción de amparo -colectivo- cumplimenta prima facie las exigencias legales para su procedencia formal, declárase inicialmente admisible la mentada acción deducida (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y concs. ley 13.928 t.o. ley 14.192).

3°) Consecuentemente, frente a la naturaleza de la acción promovida y en orden a lo preceptuado por el art. 20 inc. 2º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo establece el art. 10 de la ley 13.928 t.o. según ley 14.192, de la acción deducida córrese traslado a la parte demandada por el plazo de cinco días bajo apercibimiento en caso de silencio de decretar su rebeldía (art. 59 del C.P.C.C.), a cuyo fin líbrese cédula con carácter de urgente y habilitación de días y horas inhábiles con adjunción de copia del escrito de demanda, eximiéndose de acompañar copias de la documentación acompañada conforme se dispone infra, la que se notificará en la persona del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, quedando la confección de la misma en cabeza de la parte actora interesada (conf. Dec. ley 7543/69; arts. 120, 121, 122, 135 inc. 1°, 136, 153 Cód. Procesal; 10 ley 13.928 t.o. según ley 14.192).

4°) Atento la citación de tercero requerida a fs. 94 primer párrafo, señálase que el instituto de la citación de terceros es procedente en resguardo del interés de la parte que lo peticiona (conf. Cám. Iª Sala 1ª La Plata, causa 234278, sent. 15/2/00, en JUBA B101293) y que, asimismo, debe respetarse el derecho de defensa en juicio (arts. 18 C. Nac. y 15 C. Pcia. Bs. As.), toda vez que el efecto de la citación no lo es sólo con relación al presente proceso, sino también que la sentencia a dictarse pueda serle opuesta al indicado como tercero ante otra eventual acción, debiendo advertirse que con el fallo que pudiera surgir de la resolución de la causa puedan verse afectados los intereses o comprometida la responsabilidad del indicado como tercero, existiendo comunidad de controversias en los términos del art. 94 del Cód. Procesal Civ. y Com. En este sentido, la citación de terceros, si bien es de carácter restrictivo, cuando las circunstancias demuestren que lo exige la protección de un interés jurídico vinculado con el objeto de la pretensión, o indican la existencia de una comunidad de controversia que llegue a afectar al tercero, debe admitirse. Se entiende que la controversia es común cuando existe una conexión que puede mediar entre la relación jurídica que vincula al tercero con una de las partes originarias y los elementos objetivos de la pretensión -objeto y causa- (conf. SCBA, causa L 79676, sent. 29-10-2003, Juez SALAS (SD), en autos "Barzola viuda de Navarrete Griselda Carmen y otros c/ Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A. s/ Indemnización por daños y perjuicios", en JUBA sum. B48985).

En virtud de ello y más allá que el instituto no se halle previsto en la legislación específica (ley 13.928 texto según ley 14.192), teniendo en cuenta las remisiones contenidas en los arts. 484 y 496 del Cód. Procesal, cabe admitir la citación de tercero requerida y consecuentemente, a los fines del art. 94 del Código de rito, corresponde citar en calidad de tercero interesado a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) para que dentro del plazo de CINCO días se presente en autos a tomar la intervención que le corresponda en autos bajo apercibimiento de darle por perdido -a petición de parte interesada- el derecho que haya dejado de usar. NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula con carácter de urgente y habilitación de días y horas inhábiles con entrega de copias del escrito de inicio, eximiéndose de acompañar copias de la documentación acompañada conforme se dispone infra (arts. 120, 121, 122, 135 inc. 1°, 136, 153 Cód. Procesal), cuya confección queda en cabeza de la parte actora.

5°) a) Conforme lo pedido en el punto XIII de fs. 123 vta., exímese a la parte actora de acompañar copias de la documentación indicada haciéndosele saber a la parte demandada que la misma se encuentra a su disposición en el Juzgado para revisarla (arts. 121, 122 C.P.C.C.), adjuntándose el detalle por pieza en separado de la documentación cuya eximición de copias se ordena precedentemente.

b) Déjase establecido que la parte actora obra en los presentes con beneficio de gratuidad en los términos de los arts. 35 de la Ley 13.834; 52 y 53 de la Ley 24.240 y 25 de la ley 13.133.

c) Tiénese presente las autorizaciones conferidas en el punto XIV de fs. 123 vta. y de corresponder, con los alcances dispuestos por los arts. 1.5, 1.9 y·concs. Res. 854/73 S.C.B.A., 73 inc. 1° 5177 t.o dec.2885/01.

d) Conforme lo solicitado en el punto 4 del petitorio de fs. 124, procédase a la reserva de la documentación acompañada de fs. 2/83, consistente en dos (2) exptes. administrativos n°s 22.800-14.248/17 y 22.800-14.301, dejándose constancia que no se han adjuntado fotocopias para certificar como se manifiesta en dicho punto 4.

6°) Comuníquese por Secretaría -vía electrónica- el inicio de la presente acción en los términos del art. 8 ley 13.928 t.o. ley 14.192 (conf. Ac. 3660/2013 S.C.B.A. y Res. Pres. S.C.B.A. 115/2014), requiriéndose del Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva (que funciona dentro del Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva de la S.C.B.A.) que en el plazo de dos días de recibido electrónicamente el oficio supra ordenado informe respecto de "...la existencia de otras acciones que tengan un objeto similar o que estén referidas al mismo derecho o interés colectivo o que alcancen en forma total o parcial al mismo colectivo", así como lo que infra se resuelve en torno a la medida cautelar pretendida. A su vez, procédase también por Secretaría a la carga del presente como proceso colectivo en el sistema informático como así también lo infra resuelto en con respecto a la medida cautelar.

7°) De conformidad con lo establecido por los arts. 1, 2, 52, 53 y concdts. de la citada ley 24.240 -t.o. seg. ley 26631-, pasen los presentes actuados al Ministerio Público Fiscal a sus efectos, vista esta que queda supeditada al previo libramiento de las cédulas urgentes supra ordenadas respecto del Fisco demandado y tercero citado (arts. 34 inc. 5° ap. "e" Cód. Procesal; 12 y su arg. ley 13.928 texto según ley 14.192).

8°) En torno a la medida cautelar requerida, señálase que estos autos se encuentran en estado de resolver y de los que RESULTA: Que en los apartados II (ver fs. 93 vta.), X (ver fs. 120 vta./123) y XV.3 (ver fs. 124) del escrito de inicio, el Defensor de Pueblo de la Provincia de Buenos Aires -por la representación colectiva que invoca y ejerce emanada del mandato constitucional- solicita se decrete con carácter de urgente y por los motivos y extremos que expone, medida cautelar de no innovar para que se suspenda la aplicación de las Resoluciones n°s 78/17 y 79/17 modificada por Resolución 82/17 del Señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y, CONSIDERANDO:

Que la parte amparista expresa que la acción que promueve halla fundamento en las siguientes tres circunstancias que enumera: a) la falta de celebración de audiencia pública; b) la afectación de los intereses económicos de los usuarios; c) la falta de motivación en el dictado de las Resoluciones n°s 78/17 y 79/17 modificada por Resolución 82/17 del Señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que dispusieron los aumentos de las tarifas de peajes (ver fs. 118 segundo párrafo -capítulo VII, punto 6-).

En este punto, júzgase que los dos últimos fundamentos esgrimidos por la Defensoría del Pueblo provincial (apartados "b" y "c" supra referenciados) no resultan de recibo en esta instancia procesal -sin mengua, claro está, de lo que infra se meritúa en torno al peligro en la demora-, pues tratándose de resoluciones ministeriales los mismos gozan -en este estado precautorio- de la presunción de legalidad de los actos del poder público (arg. Cám. 2º Sala 1ª La Plata, causa B 71228, RSD 67-91 del 5/6/91, en JUBA sum. B250680; Cám. 1ª San Nicolás, causa 960263, RSI 169-96 del 23/4/96, en JUBA sum. B854601), ello sin perjuicio y más allá de lo que oportunamente se decida en la oportunidad del dictado de sentencia definitiva (arts. 15 ley 13.928 texto según ley 14.192; 34 incs. 3° y 4°, 163, 195 y sgtes., 496 y concs. Cód. Procesal; 23 ley 13.133 -y modif.-).

Ahora bien, en torno al restante fundamento, el que fuera reseñado en el ítem "a" precedente, remárcase que más allá de la invocación por la parte amparista de la ley provincial 13.569, la misma no impone como obligación aplicable al caso particular la fijación de una audiencia pública previa, sino que expresamente deja dicha circunstancia librada a criterio de la autoridad convocante (art. 4 ley cit.), es decir, el Poder Ejecutivo ó el Poder Legislativo de la Provincia (art. 1 ley cit.).

Sin perjuicio de lo anterior, repárase que el propio art. 4 de la ley 13.569 refiere que podrá ser objeto de la audiencia pública todo asunto de interés general, no hallándose el caso particular dentro de las exclusiones previstas por el mismo artículo.

En este tramo del análisis es que cobra especial virtualidad y relevancia el principio pro consumidor emanado del reticulado consumerista, pues la propia normativa en la materia establece el deber de información para con el usuario ó consumidor (arts. 42 Const. Nacional; 38 Const. Pcia. Bs. As.; 4 ley 24.240 texto según ley 26.361; 2, 18 ley 13.133), quedando comprendido el mismo en la expresión "brindar un apropiado servicio al usuario" utilizada en el art. 2 primer párrafo in fine de la ley 14.105 aplicable al Corredor Vial Integrado del Atlántico.

Es que más allá que el concedente y/o el concesionario se hallen o no frente a la obligación legal de convocar a una audiencia pública previa al aumento de las tarifas (ver, a modo de ejemplo, lo manifestado al respecto en los informes de fs. 72/74 y 75/78, emanados tanto del Área Consumidores, Secretaría de Derechos y Garantías, de la Defensoría del Pueblo, como de la Asociación Consumidores Responsables respectivamente), lo cierto es que la normativa consumeril sí exige el cumplimiento del deber de información, resultando dicho procedimiento -la audiencia pública- el más idóneo al permitir una amplia convocatoria y un debate de todos los sujetos involucrados. Aún cuando la apreciación acerca de si la forma que debe darse a la convocatoria de los usuarios debe ser o no la audiencia pública, lo que no puede soslayarse de ningún modo es el deber de informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados (conf. S.C.B.A., causa A 72408, RSD 331-14, sent. del 03/12/2014, en autos "Negrelli Oscar R. y ots. c/ Poder Ejecutivo y ots. s/ Amparo. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley", en JUBA sum. B4002530).

Al respecto, puntualízase que el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario vial, es una relación de consumo. Quien paga el peaje… es consumidor en la medida que reúna los requisitos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas de la ley 24.240 (arts. 1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales, estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se derivan de la prestación del servicio. El concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio... Al respecto, el art. 5, inc. m, de la ley 24.449 al definir al concesionario vial señala que es "...el que tiene atribuido por la autoridad estatal la construcción y/o mantenimiento y/o explotación, la custodia, la administración y la recuperación económica de la vía mediante el régimen de pago de peaje u otro sistema de prestación..." (C.S.J.N., Fallos T°329, Pág. 646 -voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, puntos 5° y 6°-, en autos "Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios").

Es decir, nos encontramos ante un servicio público concesionado en torno al cual, desde el punto de vista del usuario de las rutas, autopistas ó vías afectadas, resulta aplicable la legislación consumeril (arts. 3 inc. "e", 10 y concs. ley 13.133; 1 y sgtes. ley 24.240 texto según ley 26.361).

En virtud de todo lo anterior y avizorándose acreditados prima facie a criterio del Infrascripto los extremos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora (conforme expedientes administrativos acompañados por la Defensoría del Pueblo amparista y fundamentos supra vertidos, teniendo especial relevancia el principio protectorio enunciado precedentemente y resultando prima facie afectado el interés económico de los usuarios -atento el aumento de tarifas-, máxime si se tienen en cuenta -a efectos de motivar la urgencia invocada- situaciones particulares como el colapso en fechas determinadas de las principales rutas que conducen a la costa atlántica -v.gr.: rutas 2 y 11 tal lo acontecido el pasado fin de semana "largo" de carnaval- o la postergación que se mantiene hasta el día de la fecha de la rehabilitación de la línea del tren Roca que llega a La Plata y que repercute directamente en la Autopista La Plata - Buenos Aires; circunstancias estas que resultan de público y notorio conocimiento -arg. art. 163 inc. 5° Cód. Procesal-), es que corresponde en el caso hacer lugar al requerimiento precautorio ordenando -como medida cautelar de no innovar- tanto al demandado Fisco de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires) como a la empresa concesionaria citada como tercero Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) que suspendan la aplicación de las Resoluciones n°s 78/17 y 79/17 modificada por Resolución 82/17 del Señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, y procedan inmediatamente al cobro de las tarifas de peaje en el Corredor -y/ó Sistema- Vial Integrado del Atlántico (que comprende las rutas 2, 11, 36, 56, 63, 74 y rutas vinculadas físicamente en forma directa o indirecta, conforme art. 1 ley 14.105 -con la particularidad referida en dicha norma en torno a la ruta 88-) y en la Autopista La Plata - Buenos Aires de acuerdo a los valores y categorías existentes con anterioridad a la aplicación de las citadas Resoluciones n°s 78/17 y 79/17 y modif. 82/17, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones (arg. S.C.B.A., causa B 65834, sent. int. del 07/03/2007 -voto del Dr. Roncoroni en mayoría-, en autos "DE.U.CO. Defensa de Usuarios y Consumidores Asoc. Civil c/Org. Regulador de Aguas Bonaerense y Aguas del Gran Bs. As. s/Amparo-Cuestión de competencia art. 6° CCA", en JUBA sum. B94039). Dejándose establecido que no corresponde exigir a la amparista Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires caución alguna por tratarse de un organismo de la constitución, admitiéndose de esta forma la eximición pedida a fs. 123 primer párrafo (arts. 38, 55 Const. Pcia. Bs. As.; 195, 199, 200 inc. 1°, 230, 232 y concs. Cód. Procesal; 9, 23, 25 ley 13.928 texto según ley 14.192; 2, 25 y concs. ley 13.133 -y sus modif.-).

POR ELLO, consideraciones precedentes, citas legales y jurisprudenciales, y lo normado en los arts. 34 incs. 3° y 4°, 230 y concs. Cód. Procesal; 9, 23, 25 ley 13.928 texto según ley 14.192; 23 ley 13.133 -y sus modif.-;

RESUELVO: I) Hacer lugar al requerimiento precautorio ordenando -como medida cautelar de no innovar- tanto al demandado Fisco de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires) como a la empresa concesionaria citada como tercero Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) que suspendan la aplicación de las Resoluciones n°s 78/17 y 79/17 modificada por Resolución 82/17 del Señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. II) Disponer que dicho Fisco demandado y citada como tercero procedan inmediatamente al cobro de las tarifas de peaje en el Corredor -y/ó Sistema- Vial Integrado del Atlántico (que comprende las rutas 2, 11, 36, 56, 63, 74 y rutas vinculadas físicamente en forma directa o indirecta, conforme art. 1 ley 14.105 -con la particularidad referida en dicha norma en torno a la ruta 88-) y en la Autopista La Plata - Buenos Aires de acuerdo a los valores y categorías existentes con anterioridad a la aplicación de las citadas Resoluciones n°s 78/17 y 79/17 y modif. 82/17, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones. III) Dejar establecido que no corresponde exigir a la amparista Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires caución alguna por tratarse de un organismo de la constitución y, por ende, admitir la eximición pedida a fs. 123 primer párrafo.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a la parte actora en forma íntegra el presente resolutorio y todo lo demás previamente proveído por cédula electrónica a librarse por Secretaría; y al Fisco demandado y citada en garantía personalmente o por cédula -cuya confección queda en cabeza de la parte actora amparista- con carácter de urgente y habilitación de días y horas inhábiles, en forma conjunta con el traslado de demanda y citación supra dispuestos -y transcripción íntegra de todo lo aquí proveído y resuelto- (arts. 34 incs. 4° y 5° aps. b, c y e, 38, 40, 42, 135, 143, 143 bis, 153 y concs. Cód. Procesal; 18, 25 y concs. ley 13.928 texto según ley 14.192).

  

CARLOS JOSÉ CATOGGIO

JUEZ 

RESERVA N° 50/17 (fs. 2/83, exptes. adm. n°s 22.800-14.248/17 y 22.800-14.301). Conste.

 

 

HUGO DAMIÁN TARANTO

SECRETARIO

 

En la misma fecha se comunicó por Secretaría -vía electrónica- el inicio de la presente acción en los términos del art. 8 ley 13.928 t.o. ley 14.192 (conf. Ac. 3660/2013 S.C.B.A. y Res. Pres. S.C.B.A. 115/2014), y se procedió a la carga del presente como proceso colectivo en el sistema informático, en ambos casos en forma conjunta con la medida cautelar supra resuelta. Conste.

 

HUGO DAMIÁN TARANTO

SECRETARIO

03/03/2017 00:46 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Medidas de fuerza del 6 al 8 de marzo. Asociacion Judicial Quilmes. 

Para confrontar el proyecto de eliminación de la Feria Judicial y contra el techo salarial del 18%

 

Congreso Provincial conforme a los mandatos asamblearios de las 19 departamentales, se definieron las siguientes medidas de fuerza para confrontar el proyecto de eliminación de la Feria Judicial y contra el techo salarial del 18%:

 

Lunes 6 de marzo: Paro Total de actividades

Martes 7 de marzo: movilización a la tarde con el conjunto de los trabajadores del estado y privados de las distintas centrales.

Miércoles 8 de marzo a partir de las 12:00 horas: Paro de trabajadoras judiciales en el marco del Día de la Mujer

04/03/2017 11:59 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Quilmes: intentó asaltar a un policía y terminó muerto.-

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en 305 y 359 de Ranelagh cuando un oficial de la Policia Local de Quilmes estaba esperando el colectivo para ir a su trabajo.

En ese momento fue abordado por dos ‘motochorros’ esgrimiendo armas de fuego y tratan de asaltarlo.

El policía bonaerense de dio a conocer y tras un breve tiroteo abatió a uno de ellos mientras su cómplice se dio a la fuga. El policia resultó ileso.

07/03/2017 18:11 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Tribunal en lo Criminal Nº 4 de La Plata. Delito de Peculado. Condena a tres años de prisión e inhabilitación perpetua a dos oficiales de la policía bonaerense.

El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de La Plata, en causa nº 4890, resolvió condenar a JAVIER SANTIAGO CAO y a FERNANDO GABRIEL PARDO a la PENA de TRES AÑOS de PRISIÓN, de EJECUCIÓN CONDICONAL, con más la ACCESORIA de INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA para EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, a CADA UNO, como coautores culpables del delito de Peculado de Trabajos y Servicios e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, en los términos de lo normado por los artículos 261, segundo párrafo, y 248 del Código Penal, los que en cada caso concurren idealmente, a estar con lo reglado por el art. 54 del mismo cuerpo de leyes, por los hechos cometidos entre los meses de Julio a Septiembre del año dos mil catorce, en el espacio territorial asignado al Destacamento policial Barrio Aeropuerto de esta ciudad..


Ver sentencia (4890).pdf 573 Kb.

10/03/2017 23:11 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Proponen incluir delitos de violencia de género en el régimen de flagrancia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, impulsa una modificación del Código Procesal Penal que busca “proteger a las víctimas de violencia de género, permitiendo en estos casos una respuesta rápida de la justicia”.-
El proyecto de ley que impulsa el titular de la Cámara baja con el apoyo del vicepresidente, Ramiro Gutiérrez, y las diputadas Liliana Denot, Alejandra Lorden, Graciela Rego y Evangelina Ramírez, propone modificar el artículo 284 bis y cuáter de la Ley 11.922 que incluyó los delitos dolosos en el régimen de flagrancia (Ley 13.811).
Mosca aseguró que “es muy importante avanzar en legislación que tenga a la víctima como parte central del proceso y, en ese marco, poder hacer más eficiente la aplicación de justicia en los delitos de violencia de género. Creo que es un avance conceptual muy importante”.

El proyecto busca adoptar procedimientos que permitan “un juzgamiento sin dilación”, siendo un “un mecanismo eficaz y necesario para la protección de las víctimas”.
Mosca apunta a generar desde este ámbito un conjunto de herramientas que contribuyan a combatir los delitos por violencia de género, y este proyecto se suma al anuncio realizado ayer por el cual la Cámara de Diputados destinará una parte importante del presupuesto para un programa que busca asistir a las víctimas y generar conciencia sobre la problemática.
10/03/2017 23:14 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Paro y movilizacion 16-03.-

En reclamo del inicio de la paritaria judicial.-

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el conjunto de los gremios estatales en conflicto (los profesionales de la salud de CICOP, los docentes de SUTEBA,  FEB,  SADOP, AMET, UDA, UDOCBA y los estatales de ATE) la construcción de una gran movilización a la Gobernación para el día Jueves 16 de marzo en horas de la mañana. 

Previo a ello, el miércoles se harán conferencias de prensa en Capital y La Plata donde los 9 sindicatos convocantes informarán los motivos de la movilización unitaria contra la política salarial del gobierno de Maria Eugenia Vidal.

La AJB participará de esa marcha en el marco de un paro provincial en reclamo del inicio de la paritaria judicial y en rechazo al techo salarial que se pretende imponer al conjunto de los estatales bonaerenses.


15/03/2017 09:55 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Judiciales comienzan paro de 36 horas y se movilizan al Congreso
La medida, ratificada por Julio Piumato, será “con concentración y movilización al Congreso Nacional”. Rechazan el traspaso de la Justicia y la flexibilización laboral que plantea el Gobierno.


La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) comenzará un paro nacional por 36 horas que incluirá una movilización hacia el Congreso Nacional a partir de las 10 de la mañana. La medida es en rechazo al traspaso de la Justicia a la órbita de la Capital Federal.

El traspaso fue firmado entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño el 19 de enero pasado e implica el traspaso gradual (comenzarán por los juzgados vacantes) de la Justicia penal, además de la justicia en las relaciones de consumo, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble. El mismo debe ser ratificado por el Congreso Nacional, a través de sus dos cámaras, y por la Legislatura porteña.

Julio Piumato, titular del gremio de judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, anunció la medida. Piumato es parte de la directiva de la CGT que recién luego de más de 15 meses, anunció el llamado a un paro nacional contra la política de ajuste de Macri.

En declaraciones a Télam, el gremialista aseguró: "La protesta es para oponernos al traspaso de la Justicia y a la flexibilización laboral que plantea el Gobierno para el ámbito judicial”.

Para Piumato el traspaso “en nada favorece a un mejor funcionamiento, sino que trae aparejados la impunidad por el traspaso de la Justicia Penal al ámbito porteño. Los proyectos oficiales también prevén el traspaso de otros fueros, especialmente el laboral, lo que implica poner en riesgo al conjunto de los trabajadores ya que los jueces serán nombrados por el actual gobierno de la Ciudad”.

“El traspaso de juzgados sin magistrados, quienes atienden sobre todo delitos contra la administración pública, garantiza al gobierno designaciones afines a su ideología, como lo realiza en la Capital Federal, dependientes del poder de turno. Es una falacia que la decisión procure respetar los cargos, la carrera judicial y las jubilaciones de los afectados por el traspaso”, aseguró.

A la medida de fuerza dispuesta por los judiciales se suma también una convocatoria de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) "a una reunión en la planta baja del Palacio de Justicia, con suspensión de tareas" para las 12:30 de este viernes.
21/03/2017 11:14 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Paro y movilización por la paritaria
La AJB convoca a realizar el próximo miércoles un paro reclamando reapertura de paritarias y en rechazo al techo del 18% de aumento salarial. El gremio movilizará en unidad con los docentes en el cierre de la Marcha Federal Educativa en CABA.
mar 17, 2017

Ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno bonaerense, que incumplió el compromiso pautado en diciembre con el gremio para comenzar la mesa de diálogo el 10 de marzo, la AJB convoca a un paro y movilización en toda la provincia para el próximo miércoles 22.
Los y las trabajadoras judiciales movilizarán ese día hacia Plaza de Mayo, en la CABA, para confluir con los gremios docentes en el cierre de la Marcha Federal Educativa, que reunirá a organizaciones sindicales de todo el país.
La AJB reclama al Poder Ejecutivo una recomposición salarial de entre el 36,2 y el 40% y además rechaza las iniciativas tendientes a eliminar la feria judicial que intentan precarizar aún más las condiciones laborales de miles de empleados y funcionarios judiciales bonaerenses.
Otras reivindicaciones son la eliminación del cargo de Auxiliar 3º, y transformación automática de todos los agentes que revistan en esa categoría a la de Auxiliar 1º; pago de la bonificación por bloqueo de título a los peritos y otros profesionales no abogados; sanción de una ley que regule la negociación colectiva entre el Estado provincial y los trabajadores judiciales.
También exigen la sanción de una ley que restituya el pago del 3% de antigüedad por los años que se vienen abonando por debajo de ese porcentaje; universalización en todas las dependencias judiciales del cargo de Jefe de Despacho y pase a planta permanente de contratados, pasantes y personal de limpieza tercerizado.
21/03/2017 11:16 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. IPP. Oposición a la elevación a juicio. Cómputo de plazo. Suspensión de términos por parte de la Suprema Corte de Justicia.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro en la causa nº 30.556 "Gonzalez Jorge Nicolás s/ Elevación a Juicio", resolvió declarar admisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 4/8 por la Defensa Particular del imputado Jorge Nicolás González contra el auto de fs. 1, que no hace lugar al pedido de sobreseimiento del nombrado, por extemporáneo, y ordena la elevación del presente legajo a juicio a su respecto.


Ver sentencia (causa N°30556) .pdf 240 Kb.

25/03/2017 10:21 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

A las 12 hs en Edificio del Fuero Penal de Quilmes.-

 

Luego de haber participado de la Marcha Federal Educativa junto a muchos gremios y organizaciones sociales, convocamos a  asamblea para definir las medidas a tomar.

La misma tendrá lugar el día lunes 27 a las 12 hs en el Edificio del Fuero Penal de Quilmes.

 

27/03/2017 16:23 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Secuestran droga en el aeródromo municipal de Navarro.-

El operativo terminó con media tonelada de marihuana incautada y 11 personas detenidas

Media tonelada de marihuana fue secuestrada en las últimas horas en tres avionetas que se encontraban en el aeródromo municipal de la ciudad bonaerense de Navarro, en un operativo que terminó con once personas detenidas.

Fuentes de la investigación informaron que durante el operativo de la Policía bonaerense, denominado "El señor de los cielos" y en el cual hubo 18 allanamientos, se incautó la droga procedente del Paraguay, valuada en más de un millón de pesos.

Los detenidos, siete de ellos de nacionalidad paraguaya, entre los que se encuentran los pilotos de las aeronaves y el presunto líder, que tenía pedido de captura en Brasil, fueron puestos a disposición del juzgado federal de Mercedes.

El aeródromo de Navarro está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta 41 y a 100 kilómetros de la capital federal. El ministro de Seguridad bonaerense, Christian Ritondo, brindará hoy, a las 11hs., una conferencia de prensa para dar detalles del procedimiento.

Una de las avionetas secuestradas realizó el año pasado "30 vuelos" a Paraguay, para luego distribuir la marihuana en la villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores y en los partidos bonaerenses de Chacabuco y Junín. Así lo informó hoy el ministro de Seguridad bonaerense, Christian Ritondo, en referencia a la banda internacional de narcos que fue desbaratada en las últimas horas tras incautar media tonelada de la droga. "Es el resultado de una investigación de más de 6 mil horas de escuchas de varios meses, del buen trabajo de la Policía bonaerense como de la Justicia. Desbaratamos a una banda en su último vuelo", destacó esta mañana Ritondo.

El funcionario explicó que los aviones hacían "vuelos a Paraguay, de donde venían cargados" con la droga y aterrizaban en "caminos vecinales". "El año pasado por lo menos hubo 30 vuelos en uno de los aviones, este año había tenido problemas" porque tuvo un desperfecto técnico", especificó Ritondo durante un contacto con la prensa en el aeródromo de Navarro.

Puntualizó además que "hemos desbaratado una banda internacional, son 11 los detenidos, seis paraguayos y cinco argentinos. Se comenzó la investigación en Chacabuco, la droga iba a esa zona, Junín y parte a la villa 1-11-14". Según Ritondo, el centro aéreo de Navarro, en el noreste bonaerense, "no estaba operativo" y "el vuelo (detectado ayer) era absolutamente clandestino".

"No estaba operable el lugar, en general bajaba (el avión) en caminos vecinales. Una de las avionetas despejaba el lugar y simulaba ser fumigadora y marcaba con vehículos el lugar del aterrizaje, y después se cargaba la droga en los vehículos", manifestó. Al ser consultado si en este caso hay vinculación política, Ritondo respondió que "yo no tengo nada en la investigación policial que impute al jefe comunal de Navarro (Santiago Maggiotti) ni con otro jefe comunal del área".

27/03/2017 17:56 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema

Al paro tras 17 días sin paritaria.-

Los judiciales volverán a parar el Jueves 30 reclamando el inicio de la negociación paritaria. Además movilizarán ese día a la Casa de la Provincia junto a los profesionales de la salud, para luego sumarse a la marcha de las dos CTA.

 

Así lo resolvió el gremio judicial luego de realizarse asambleas en los diecinueve departamentos judiciales. La cuarta medida de fuerza del año se dispuso frente al incumplimiento del Ejecutivo provincial, que continúa sin convocar al inicio de las negociaciones salariales pese a existir un compromiso firmado de hacerlo el 10 de marzo.

 

El paro será total este jueves 30 en toda la provincia, y en ese marco la Asociación Judicial Bonaerense realizará una movilización conjunta a la Casa de la Provincia de Buenos Aires -junto a los profesionales de la salud nucleados en CICOP-, concentrando a las 10.30 horas en la Plaza Congreso. Ambos gremios reclaman el inicio de su paritaria salarial.

 

Luego, a partir de las 15 horas los judiciales bonaerenses concentrarán en Avenida de Mayo y 9 de julio, para movilizar a Plaza de Mayo en la marcha convocada por las dos CTA.

 

“Este jueves volvemos al paro y movilizar junto a CICOP porque el gobierno provincial no es capaz de garantizar un cierre justo del conflicto docente, mientras demora el inicio de nuestra paritaria para dividir el reclamo unificado de todos los gremios estatales”.

 

“Es por eso que para contrarrestar la estrategia de división y desgaste del Ejecutivo, este jueves volvemos a articular nuestro reclamo salarial con el del resto de los y las estatales, docentes y profesionales de la salud”, finalizó Abramovich.

28/03/2017 10:04 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema


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