Publicado: 27/07/2021 12:41 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema
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Publicado: 15/07/2021 04:47 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema
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Publicado: 09/07/2021 09:32 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema

07-07-2021 | Servicio de Feria

Mediante el Acuerdo Nº 4027 se establecieron los magistrados y organismos para la atención de asuntos de urgente despacho durante el servicio de Feria del mes de julio de 2021.

Publicado: 09/07/2021 09:30 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema

08-07-2021 | Homenajes a los doctores Eduardo de Lázzari y Héctor Negri

A través del Acuerdo Nº 4025 la Suprema Corte de Justicia dispuso distinguir con el nombre del Dr. Eduardo Néstor de Lázzari, a la Sala de Audiencias del Tribunal de Casación Penal, en la ciudad de La Plata; y con el nombre del Dr. Héctor Negri, al Hall del Edificio Central de los Tribunales del Departamento Judicial Lomas de Zamora, ubicado en la localidad de Banfield.

En los fundamentos de la decisión se expresa que dicha medida constituye un justo homenaje a quienes con sus trayectorias profesionales y cualidades personales han honrado la magistratura como jueces del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, prestando importantes servicios a la Administración de Justicia. Ya habiéndose emplazado la placa conmemorativa del Dr. de Lázzari, próximamente se hará lo propio para colocar la que rendirá tributo al Dr. Negri.

Publicado: 09/07/2021 09:28 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema
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Publicado: 12/06/2021 21:10 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema
04-06-2021 | Causa I-77.032. Impugnación de los decretos nacionales Nº 241 y Nº 287 y actos locales complementarios. Inadmisibilidad de la vía de la acción originaria de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

La Suprema Corte de Justicia, en la causa I-77.032 "Isabella, Diego Paulo y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 181/2021 de la Provincia de Buenos Aires y la Resolución Ministerial Nº 1208-MJGM-2021", resolvió rechazar in limine la acción originaria incoada por los reclamantes en la presente causa, escritos de demanda y de ampliación de la demanda, (cfr. arts. 161 inc. 1º, Const. prov.; 336, 683 y sig., CPCC).

Archivos asociados: Ver sentencia (causa A77032).pdf

Publicado: 12/06/2021 21:06 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema

10-06-2021 | Nuevo reglamento, a partir del 23 de agosto

A través del Acuerdo Nº 4023 la Suprema Corte de Justicia estableció que el nuevo Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos aprobado por Acuerdo Nº 4013 e integrado, en su caso, con los aportes y revisiones resultantes de la instancia participativa que se aprueben, entrará en vigencia el 23 de agosto de 2021.


Publicado: 12/06/2021 21:02 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema

URGENTE

 

Quilmes, 7 de junio de 2021.

 

AL SR. TITULAR DE LA SECCIONAL QUINTA DE ALTE BROWN.

S./D..

 

Por disposición de la Sra. Juez titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de Quilmes, me dirijo a Ud. en causa n° 624/2021 (registro interno J-9832, IPP 13-00-021736-17), seguida a  D.S.I por el delito de lesiones culposas calificadas, a fin de solicitarle notifique -personalmente-al nombrado xxx quien se domicilia en calle San Carlos xxx de Rafael Calzada, que en la fecha se ha resuelto: "... Teniendo en cuenta lo peticionado precedentemente, fijese nueva audiencia, a los mismos fines, para el día 14 de junio del corriente año, a las 9.30 horas. Hágase saber al inculpado xxx  y a su letrado defensor que, dadas las medidas adoptadas con motivo de la situación de emergencia sanitaria de público conocimiento, la audiencia se llevará a cabo por el sistema de videollamadas, a través del teléfono aportado por la Defensa. Notifíquese al siguiente domicilio electrónico: ... Asimismo, hágase saber al inculpado que deberá conectarse a la videollamda en forma conjunta con su letrado defensor. Fdo. Mabel Edith Irigoyen, Juez".

DEVUELVASE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EN 72 HORAS.

Saludo a Ud. atentamente.


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Publicado: 09/06/2021 06:54 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema
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Publicado: 06/06/2021 08:16 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema

PODER JUDICIAL

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

 

REMITENTE

NOMBRE DEL ÓRGANO: JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL NRO. 8 QUILMES

SECRETARÍA: UNICA

DOMICILIO FÍSICO DEL ÓRGANO: ALVEAR NRO. 459 PLANTA BAJA QUILMES.

---------------------------------------------------------------------------------------

DESTINATARIO

NOMBRE/

---------------------------------------------------------------------------------------

CARÁCTER DEL TRÁMITE  (Tildar la opción que corresponda)

NORMAL ( x)

URGENTE ( )

---------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE

CARÁTULA:MANFRINI HILDA ALCIRA S/ SUCESION AB-INTESTATO -

NÚMERO RECEPTORÍA: QL - 24762 - 2020

NÚMERO INTERNO DEL ÓRGANO:  4 - 50544 - ELEC

---------------------------------------------------------------------------------------

COPIAS  (Tildar la opción que corresponda)

SÍ (X )

NO ( )

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS ESCRITOS O DOCUMENTOS CUYA

COPIA SE ACOMPAÑA.  (1) SE PRESENTA COMO ACREEDOR. SOLICITA SE DECLARE LEGITIMO ABONO. SE EMBARGUEN BIENES DEL ACERVO SUCESORIO.

---------------------------------------------------------------------------------------

EXIMICIÓN DE COPIAS  (Tildar la opción que corresponda)

SÍ  (  )

NO (X )

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NOTIFICO a Ud. que en el expediente caratulado "MANFRINI HILDA ALCIRA S/ SUCESION AB-INTESTATO" Expediente  4 - 50544 - ELEC., que tramita por ante este Organo se ha resuelto con fecha: Quilmes, 2 Junio de 2021.-Proveyendo la presentación de fecha 21/5/2021 (Dr. Trimarchi). Por presentado en el carácter invocado y domicilio procesal y electrónico constituído (art. 41 del CPCC).De la declaración de legítimo abono solicitada en la presentación en vista, traslado a los herederos de autos, por el término de cinco días. NOTIFIQUESE (arts. 2357 y cctes. del CCCN, arts. 120, 150 y 155 del CPCC).En cuanto a lo demás solicitado (cautelares), excediendo ello del marco del presente sucesorio, deberá ocurrir por la vía que corresponda (arg. art. 58 de la ley 14967). Firmado Digitalmente por CLAUDIA CELERIER. JUEZA. (Ac. 3733/14 de la SCJBA).

                                                                                                                             Queda Ud. debidamente notificado.

                                                                                                                                    Quilmes, 03 de Junio de 2021

 
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GUSTAVO CARMELO TRIMARCHI (20210662430)
(Matricula: T3 F59)


Publicado: 30/05/2021 06:00 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema

BELTRAN IRENE C/ FERNANDEZ ANGEL DOMINGO y otros S/DESALOJO ANTICIPADO

32530

Reg. Def. N°:

 

Quilmes///19 de Mayo de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Las presentes actuaciones caratuladas "BELTRAN IRENE C/ FERNANDEZ ANGEL DOMINGO Y OTROS S/ DESALOJO ANTICIPADO" (EXPTE. N° 32530), las que se encuentran en estado de dictar sentencia, y de cuyas constancias

RESULTA:

1) Que a fs. 18/20, se presenta la Sra. Irene Beltrán (DNI 3.986.127), con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Carmelo Trimarchi (T. III F. 59 C.A.Q.), promoviendo formal demanda de desalojo por intrusión contra Domingo Angel Fernandez, Débora Yanel Silguero, Leandro Daniel Silguero, Daiana Soledad Horminoguez y contra cualquier otro ocupante que hubiere en el inmueble de la calle 46 Nro. 3194 de la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui, a tenor de lo dispuesto en los arts. 676 y 676 bis del CPCC, solicitando se los condene a la inmediata entrega del mismo libre de ocupantes y efectos personales, con costas.

Relata que conforme la documental que acompaña (informe de dominio y escritura) resulta ser titular registral del inmueble indicado, nomenclatura catastral C.IV, S.U, M.58, P.2, Partida 31195, Matrícula 14789 (120).

Afirma que por relatos de vecinos tomó conocimiento que el inmueble se encuentra ocupado por intrusos, los cuales construyeron viviendas precarias en el mismo.

Manifiesta que de averiguaciones practicadas surge que el demandado resulta numerario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, prestando servicios en la misma jurisdicción, y que habita en el fundo sin derecho alguno; desconociendo las causales por las cuales estas personas han ingresado y permanecido en el mismo.

Agrega que ante la negativa a permitirle el acceso en su calidad de propietaria, se vio obligada a iniciar la presente demanda de desalojo.

Funda su pretensión en derecho, ofrece prueba y solicita que en la etapa procesal oportuna se haga lugar a la demanda con costas.

2) Que, a fs. 107/114 se presentan Leandro Daniel Silguero (DNI 33.569.277), Débora Yanel Silguero (DNI 34.701.517), Daiana Gisele Silguero (DNI 37.366.077), Domingo Angel Fernandez (DNI 33.635.264) y Daiana Soledad Horminoguez (DNI 35.401.026), con el patrocinio letrado del Dr. Víctor F. Berman (T. VI F. 30 C.A.Q.), y contestan la demanda. Si bien también lo hace la Sra. Mónica Rita Jureña, dicha presentación fue desestimada conforme surge de la resolución de fs. 138 y vta.

Efectúan una negativa genérica y pormenorizada de los hechos alegados por la parte actora, desconociendo además la documentación por aquella aportada; brindando luego su propia versión.

En ese sentido señalan que el día 21/04/2005 la Sra. Mónica Rita Jureña (madre de los demandados), adquiere el lote por medio de un contrato de cesión de derechos del boleto de compraventa que adjuntan, realizado con el Sr. Carlos Ernesto Fernandez, quien lo había adquirido al Sr. Adelerico Adrián Enriquez con fecha 14/05/1997, según original que acompañan como prueba.

Agregan que luego de concretarse la operación el lote de terreno fue entregado a su madre, y ésta los autorizó a poseer el mismo y comenzar a construir sus viviendas, en forma plena y pacífica, actuando de buena fe.

Refieren que desconocían que la actora tuviese alguna legitimación sobre el inmueble ya que pasaron más de 17 años de tener conocimiento de la existencia de la misma, teniendo en cuenta que el cedente obtuvo la posesión del fundo en forma pacífica e ininterrumpida desde el año 1997.

Consignan que al momento de la posesión en el lote se encontraba edificada una vivienda precaria en estado total de abandono y pésimas condiciones; que procedieron a inscribirse en ARBA conforme boletas de pago del impuesto inmobiliario que acompañan; que la acción intentada resulta desajustada a derecho totalmente, pues no puede pretender la reclamante recuperar como dice la posesión de un bien que nunca estuvo en la esfera de su posesión o tenencia; que no se trata de desalojar a quien posee una tenencia precaria, sino que la acción que se intenta se dirige a quien teniendo la posesión efectiva del bien, se ha comportado como dueño desde hace más de 9 años; que no se trata de un simple inquilino o intruso que reviste una simple tenencia, entendida como un hecho, sino de quien posee a título de dueño y se ha comportado siempre como tal, realizando mejoras, abonando servicios y exteriorizándolo en forma pública como poseedores a título de dueño.

Por último oponen excepción de falta de legitimación activa y pasiva (diferidas a fs. 144 y vta. para resolver en esta instancia del proceso), solicitan citación de terceros (rechazado a fs. 144 y vta.), y alegan la improcedencia de la acción de desalojo por prescripción de la acción habida cuenta el tiempo que poseen dicho inmueble de manera pacífica, ininterrumpida y efectiva; ofrecen prueba; fundan en derecho y solicitan que, en la etapa procesal oportuna, se rechace la demanda, con expresa imposición de costas.

3) Se deja constancia que la parte actora promovió un proceso de diligencias preliminares, ofrecido como prueba en el marco de la presente causa (ver fs. 21 y causa Nro. 30768 cuyas constancias tengo a la vista en este acto).

4) Que habiendo quedado, de esta forma, trabada la relación jurídica procesal, frente a la existencia de hechos controvertidos que requerían comprobación judicial, se recibe la causa a prueba a fs. 148, ordenándose la producción de los medios de prueba indicados a fs. 151 y vta. Vencido el término probatorio fijado para ello, previa certificación del Actuario (fs. 200/201), desistimiento y negligencia de las pruebas pendientes (fs. 226 vta. y 240), y vista a la Asesoría de Incapaces interviniente (fs. 243), se llamaron autos para sentencia (fs. 269), providencia que se encuentra firme y consentida, motivo por el cual corresponde pronunciar la sentencia definitiva (art. 481 y cctes. del C.P.C.C.).

Y CONSIDERANDO:

1) Que a modo de introducción, es necesario precisar el ordenamiento jurídico que resulta aplicable al presente caso para su juzgamiento, consignando en este aspecto que tratándose el presupuesto fáctico que sustenta la demanda de un hecho acaecido con anterioridad al 1° de agosto de 2015, corresponde encuadrarlo normativamente dentro de los preceptos del ordenamiento jurídico por entonces vigente (cfr. doct. y arg. art. 7 del C.C.C.N.; Cám. Apel. Civil y Com. de Quilmes, Sala Segunda, causa Nro. 20.208, RSD-46-2019).

2) Llegado a este punto debo merituar el pedido de confesión ficta solicitado a fs. 189 respecto de los incoados Daiana Gisele Silguero y Domingo Angel Fernandez, que fuera diferido para ser tratado en esta oportunidad (fs. 192 tercer párrafo). Y para ello señalo, de conformidad con lo que surge de las constancias de fs. 182 primer y segundo párrafos y 189, y de lo normado por el art. 415 del C.P.C.C., que corresponde hacer lugar a la petición analizada, a tenor del pliego confesional que obra a fs. 187 quater; no sin antes destacar que la confesión ficta alcanzará por sí pleno valor probatorio, salvo que medie prueba eficaz que la destruya, debiendo ser interpretada como una presunción “iuris tantum” que la Casación ha considerado eficaz cuando la corroboren los restantes medios de prueba (SCBA, 15/6/82, DJBA, 123-152); aunque desechable cuando resulta ser la única fuente de convicción no apoyada por otro elemento de juicio. 

3) Sentado ello, es menester ahora abordar las cuestiones de fondo aquí planteadas, para lo cual comenzaré diciendo que el proceso bajo estudio tiene por objeto exclusivo la recuperación o restitución de un bien inmueble perseguida contra quien se halla obligado a ello (SCBA, C 91597 S 17-6-2009).

Para el progreso de la acción de desalojo se requiere que quien la ejercite tenga el derecho a la libre disposición del bien objeto de aquella, como que aquél contra quien va dirigida carezca de todo título a la ocupación, es decir, que el actor debe acreditar ser titular de un derecho que le permita exigir la devolución o restitución de la cosa y, asimismo, que el accionado se encuentre obligado a restituirla, ya sea porque los actos o contratos que posibilitaron entrar al bien no pueden considerarse existentes o vigentes o porque tenga el carácter de mero tenedor precario o intruso, o sea, que la acción de desalojo puede intentarse incluso sin necesidad que las partes estén ligadas por un vínculo contractual determinado (CC0203 LP 109180 RSD-32-14 S 27/03/2014).

4) Arribado a este tramo de la sentencia, y bajo el encuadre jurídico referido precedentemente, procedo a analizar el material probatorio producido por las partes, reiterando para ello que la doctrina legal tiene establecido que de conformidad con lo prescripto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, es un principio procesal ineludible que las partes deben probar las circunstancias de hecho que pretenden subsumir en las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción, por lo que cada una de ellas debe aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (SCBA L 118441)(cfr. Cám. Apel. Civ. y Com. Quilmes, Sala II, causa Nro. 16854, RSD-12-2016, S 25/02/2016).

Específicamente quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda es el actor ya que sobre él recae demostrar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión y en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (SCBA C 110320)(cf. Fallo departamental citado).

Bajo tales premisas, y de conformidad con lo que surge de lo actuado en los presentes obrados, debo dilucidar en primer lugar si la actora posee legitimación suficiente para incoar la acción de desalojo intentada; resultando oportuno recordar que “…la legitimación activa para accionar por desalojo no la tienen únicamente el propietario del inmueble o locador, sino todos aquellos que poseen algún derecho a recuperar la tenencia de él, tales como el locatario principal, el poseedor, el usufructuario, el usuario y el comodante…” (Kenny, Proceso de Desalojo, págs. 83/84; cfr. fallo citado en el párrafo que antecede); debiendo quien lo pretende, formar parte de la relación procesal, acreditando debidamente su legitimación activa (cfr. CC0001 LZ 53607 RSD-87-2 S 11/04/2002).

De la lectura del escrito de demanda surge que la Sra. Irene Beltrán ha iniciado las presentes actuaciones invocando la calidad de propietaria del inmueble objeto de marras, en virtud de la escritura de venta obrante a fs. 22/24, titularidad registral que en la etapa probatoria resultó corroborada mediante el informe de dominio obrante a fs. 250/255, el que no mereció impugnación alguna de la contraria, acreditando con ello en consecuencia y en debida forma la legitimación activa para promover la acción analizada (arts. 375, 385, 394, 401 y ccdts. del C.P.C.C.; arts. 979 inc. 1ro., 993, 997, 2505 y ccdts. del Código Civil).

Por otro lado, los presupuestos fácticos sobre los que asentaron su defensa los incoados, alegando la falta de legitimación pasiva por su supuesta calidad de poseedores y la defensa de prescripción adquisitiva de dominio, no han sido acreditados por aquellos, ya que – frente al desconocimiento expreso formulado por la actora a su respecto y especialmente en relación a la documentación obrante a fs. 65/68 (ver fs. 132/133; arts. 354, 356 y 495 del C.P.C.C.) - la prueba ofrecida en torno a ello no ha sido producida, conforme se desprende de la providencia de fs. 226 vta. (desistimiento de la prueba testimonial) y de la resolución de fs. 240 y vta. (negligencia en la producción de la prueba confesional, caligráfica e informativa).

No es suficiente que el demandado por desalojo manifieste que es poseedor para que, por esa sola circunstancia, quede relevado de la carga de probar la verosimilitud de su afirmación, obligando al actor a recurrir a las acciones reales o posesorias para recuperar el inmueble, pues lo que decide un pleito es la prueba y no las simples manifestaciones unilaterales de las partes (cfr. CC0203 LP 120939 RSD-88-19 S 09/05/2019). Cuando el accionado alega ser poseedor, el éxito de la defensa depende de que el interesado genere en el juez certeza judicial sobre la existencia de la relación posesoria. Ello implica que si bien no se necesita la prueba acabada de esa posesión, se requiere más que la mera posibilidad o simple verosimilitud: es preciso una semiplena prueba del hecho, que genere en el juez convicción suficiente como para mandar a las partes a dilucidar el conflicto por vía de las acciones reales o posesorias. Mientras que no se demuestre de algún modo que el inmueble es tenido con el propósito de apoderamiento, debe considerarse a quien lo ocupa como mero detentador. Nuestro sistema legal no contiene la presunción de que cualquier ocupación es para sí y a título de dueño, siendo carga de quien invoca el título de probar el animus domini (Juba B5027997). La situación de quien se niega a devolver la cosa que tiene en virtud de un título que obligue a la restitución es asimilable a la intrusión. A igual conclusión ha arribado parte de la doctrina y de la jurisprudencia pero partiendo de una noción amplia de tenedor precario que admite todos los supuestos "de ocupación, tenencia, o disfrute de un inmueble sin título, ya sea porque no se ha tenido nunca, bien por extinción del que se tenía, o con título ineficaz frente al del propietario..." (cfr. CC0001 SM 71772 74 S 15/06/2017).

Lo expuesto me lleva a concluir que la obligación de restituir que alega la actora en su escrito de demanda es procedente en el marco de la acción intentada, conforme lo dispone el art. 676 del C.P.C.C., ya que el desalojo resulta procedente si – como sucede en el caso de marras - está acreditado el carácter de propietario del actor, y la demandada no resulta ser poseedora ni acreditó título que legitime la ocupación (cfr. CC0203 LP 119218 RSD-199-15 S 29/12/2015), tal como fuera consignado en los párrafos precedentes al analizar las pruebas incorporadas a la presente causa por la Sra. Beltrán y la nula actividad probatoria de los incoados (arts. 163 inc. 5to. y 6to., 375 y 384 del C.P.C.C.; arts. 1026 y 1028 del Código Civil).

5) Consecuentemente con lo hasta aquí expuesto, corresponde acoger la acción entablada por la Sra. Irene Beltrán (DNI 3.986.127), contra Leandro Daniel Silguero (DNI 33.569.277), Débora Yanel Silguero (DNI 34.701.517), Daiana Gisele Silguero (DNI 37.366.077), Domingo Angel Fernandez (DNI 33.635.264) y Daiana Soledad Horminoguez (DNI 35.401.026), con expresa imposición de costas a cargo de los demandados por resultar vencidos (arts. 68, 375, 384 y 676 del C.P.C.C.; arts. 979 inc. 1ro., 993, 997, 2505 y ccdts. del Código Civil).

Por todo lo precedentemente expuesto, disposiciones legales citadas, jurisprudencia y doctrina analizada, y lo normado por los arts. 7 y ccdts. del C.C.C.N., y 68, 375, 384, 676 y cctes. del C.P.C.C., FALLO: 1º) Haciendo lugar a la demanda de desalojo promovida por la Sra. Irene Beltrán (DNI 3.986.127) contra Leandro Daniel Silguero (DNI 33.569.277), Débora Yanel Silguero (DNI 34.701.517), Daiana Gisele Silguero (DNI 37.366.077), Domingo Angel Fernandez (DNI 33.635.264) y Daiana Soledad Horminoguez (DNI 35.401.026), y en consecuencia, condenando a los mencionados y/o cualquier otro ocupante a desocupar dentro del plazo de diez días de quedar firme el presente pronunciamiento, el inmueble de la calle 46 Nro. 3194 de la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui (Nomenclatura Catastral: C.IV, S.U, M.58, P.2, Partida 31195, Matrícula 14789/120); bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ordenarse su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública; 2) Imponiendo las costas a los demandados por resultar vencidos (art. 68 del C.P.C.C.); 3) Difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por los arts. 27 y 40 del dec. ley 8904/77 y de la ley 14967. REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría en forma automatizada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1 de la Ac. 3991/20 SCJBA a los domicilios electrónicos consignados en las referencias del presente, y en los demás casos mediante las cédulas pertinentes. José Gustavo Fuchs. Juez

Publicado: 25/05/2021 16:16 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema

Esquema del servicio de justicia hasta el 11 de junio-///


Mediante Resolución SC Nº 761/21 la Suprema Corte de Justicia estableció, hasta el 11 de junio del corriente inclusive, el mantenimiento de las condiciones y alcances en la habilitación y funcionamiento del servicio en las cabeceras departamentales, sedes descentralizadas y la Justicia de Paz de acuerdo al estado de situación existente a la fecha, de conformidad a la normativa vigente en cada una de ellas, oportunamente dictada por el Tribunal; ello con las adecuaciones que en cada período se detallan:

Desde el 22 al 30 de mayo del corriente año inclusive se disponen las siguientes medidas extraordinarias:

a) En aquellas actuaciones que requieran afluencia o traslado de personas a la sede de las dependencias judiciales o al lugar donde deba practicarse la diligencia, los titulares de los órganos en atención a las circunstancias existentes, podrán hacer uso de la atribución prevista en el art. 157 último párrafo del CPCC.

b) La asistencia presencial del personal judicial durante el citado período se verá reducida al mínimo indispensable. El resto del personal deberá prestar servicios de manera telemática. En la Suprema Corte de Justicia, para las Secretarías, Subsecretarías y restantes dependencias, se establecerá también un sistema de personal rotativo con participación de la mínima cantidad de personal que cada titular disponga.

c) Los turnos que se hubieren otorgado para los días comprendidos en el presente artículo se prorrogarán hasta la nueva fecha que determine el órgano o titular de la dependencia judicial, a cuyo efecto quienes debían concurrir podrán requerir la obtención de uno nuevo. Excepcionalmente el titular del órgano o dependencia de que se trate, podrá habilitar la concurrencia cuando de lo contrario pudiere ocasionarse un grave perjuicio a los justiciables.

d) Dispensar de la asistencia presencial al personal judicial que para trasladarse al lugar de trabajo utilice el transporte público y no cuente con medios alternativos, debiendo en tal caso prestar servicios de manera telemática.

e) Autorizar a los Juzgados de Paz y de Familia en turno a recibir las denuncias por violencia familiar o de género provenientes de las respectivas comisarías por cualquier canal telemático en los teléfonos oficiales, incluso utilizando la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp o equivalente. En estos casos serán de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 4, 5 y 8 de la Resolución SPL Nº 12/20 -ratificada por Resolución SC Nº 396/20-.

Entre el 31 de mayo y el 11 de junio inclusive del corriente año, se adoptan las siguientes medidas complementarias:

a) Los titulares de los órganos judiciales y demás dependencias de la Administración de Justicia, deberán gestionar el funcionamiento del órgano a su cargo con la concurrencia del personal indispensable, extremando la utilización de las herramientas tecnológicas y de las comunicaciones y adoptando cualquier otra medida de gestión que estimen conducente al mismo fin, de conformidad con el marco legal y reglamentario vigentes y la normativa aplicable en materia de seguridad e higiene.

b) Disponer que quienes concurran a los órganos y dependencias judiciales deberán contar con un turno previo, salvo en los casos que el magistrado habilite dicha concurrencia, solo para casos urgentes y con carácter restrictivo.

c) Continuar con la dispensa de asistencia presencial al personal judicial que para trasladarse al lugar de trabajo utilice el transporte público y no cuente con medios alternativos, debiendo en tal caso, prestar servicios de manera telemática.

Asimismo, se encomienda a la Secretaría de Personal que extreme el monitoreo de la cantidad de personas que asisten a cada juzgado y dependencia, informando aquellas situaciones en que la concurrencia presencial se considere –prima facie- elevada, sin que existan razones que la justifiquen y a efectos de que adopte las medidas que considere pertinentes.

También se dispone que la Dirección General de Sanidad y la Dirección de Comunicación y Prensa profundicen la difusión y visibilidad de las recomendaciones sanitarias; y que las Delegaciones de Sanidad Departamentales y las Cámaras en ejercicio de la Superintendencia realicen reuniones periódicas con representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios, del Colegio de Abogados y de la Asociación Judicial Bonaerense para la resolución de situaciones y problemas locales, en temáticas de cuidados y prevención.

Decreto 334/2021 DECNU-2021-334-APN-PTE

Publicado: 22/05/2021 09:18 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- PRÓRROGA DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 287/21: Prorrógase el Decreto N° 287/21 y el plazo establecido en su artículo 30, así como sus normas complementarias, hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive, en los términos del presente decreto.

ARTÍCULO 2º.- SUSTITUCIÓN DEL INCISO 4) DEL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO N° 287/21: Sustitúyese el primer párrafo del inciso 4) del artículo 3° del Decreto N° 287/21 por el siguiente:

“4) Los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes, serán considerados en SITUACIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea igual o superior a QUINIENTOS (500) o el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al OCHENTA POR CIENTO (80 %).”

ARTÍCULO 3°.- MEDIDAS APLICABLES A LUGARES EN ALTO RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO O EN SITUACIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA ENTRE EL 22 DE MAYO Y EL 30 DE MAYO DE 2021 Y LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2021: En los Departamentos, Partidos y Aglomerados que se encuentren en situación de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” o de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 287/21, se aplicarán, desde el 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021 inclusive y los días 5 y 6 de junio de 2021, además de las vigentes, las siguientes medidas:

a) Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

Los trabajadores y las trabajadoras deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo, cuando ello sea posible. Cuando no fuera posible, los trabajadores y las trabajadoras recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS -INSSJP- (Leyes Nros. 19.032, 23.660 y 23.661).

El beneficio establecido en el párrafo anterior no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad social.

b) Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios.

Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias establecidas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21. En ningún caso se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales, ni se podrá circular fuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.

Con el fin de realizar las salidas y desplazamientos previstos en este inciso no será necesario contar con autorización para circular.

c) La restricción de circulación nocturna establecida en el artículo 18 del Decreto N° 287/21 y ampliada por el inciso 6° del artículo 21 del mismo regirá desde las DIECIOCHO (18) horas hasta las SEIS (6) horas del día siguiente.

ARTÍCULO 4°.- EXCEPCIONES PARA CIRCULAR, CON AUTORIZACIÓN PARA USAR TRANSPORTE PÚBLICO: Quedan exceptuadas de las restricciones previstas en el artículo 3° y están autorizadas al uso del transporte público de pasajeros las personas que realizan las siguientes actividades y servicios, o se encuentran en las situaciones previstas en los siguientes incisos:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

3. Miembros del Poder Legislativo y las dotaciones de personal que dispongan sus autoridades respectivas. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las dotaciones de personal del Poder Judicial de la Nación que dispongan las autoridades correspondientes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y personal de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a la obra pública y a tareas de seguridad en demoliciones.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Actividades vinculadas a la cadena de valor e insumos de la industria de la alimentación; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil; servicios digitales y las actividades de mantenimiento de servidores.

15. Actividades vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.

Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y la de sus regulados en caso de resultar necesario.

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos con dotaciones mínimas.

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.

27. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad.

28. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Guardias médicas y odontológicas. Atención médica y odontológica programada con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.

30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES- en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1. Personal de aduanas.

31. Personas que deban concurrir a vacunarse con su acompañante, si fuere necesario.

Todas las personas exceptuadas conforme este artículo deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a circular y, en su caso, al uso de transporte público.

Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

ARTÍCULO 5º.- OTRAS EXCEPCIONES PARA CIRCULAR, SIN USO DE TRANSPORTE PÚBLICO: Quedan exceptuadas de las restricciones previstas en artículo 3°, sin autorización para el uso del transporte público de pasajeros, las personas que realizan las siguientes actividades y servicios, o se encuentran en las situaciones previstas en los siguientes incisos:

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias.

2. Retiro de alimentos en locales gastronómicos de cercanía.

3. Producción y distribución de biocombustibles.

4. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20.

5. Servicios esenciales de sanitización, mantenimiento, fumigaciones y manejo integrado de plagas.

6. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Actividades vinculadas a la protección ambiental minera.

7. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y FFAA, vehículos afectados a las prestaciones de salud y al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Talleres para mantenimiento y reparación de bicicletas. Ventas de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.

8. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

9. Personas que deban trasladarse para realizar viajes al exterior.

10. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o retiro. En ningún caso podrán abrir sus puertas al público. Todo ello conforme la Decisión Administrativa N° 524/20.

11. Industrias que realicen producción para la exportación.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá ampliar o restringir las excepciones dispuestas en este artículo.

Todas las personas exceptuadas conforme este artículo, deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a circular.

Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en vigencia el día 22 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 8°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria - Sabina Andrea Frederic - Carla Vizzotti - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Jorge Horacio Ferraresi - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta

Publicado: 20/05/2021 19:03 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema
13-05-2021 | Causa P134.373 "Farías y Offidani". Vicios esenciales. Afectación de garantía de imparcialidad. Estereotipos de género discriminatorios. Rechazo del recurso de la defensa. Nuevo juicio en el caso en el que resultara víctima Lucía Pérez.

La Suprema Corte de Justicia, en la causa P. 134.373-Q, caratulada: "Farías, Matías Gabriel y Offidani, Juan Pablo s/ Queja en causa Nº 95.425 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", resolvió rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 486, 494 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5.827).

Archivos asociados: Ver sentencia (causa P134373).pdf

Publicado: 06/05/2021 06:52 por Gustavo TRIMARCHI en sin tema
26-04-2021 | Causa I-77.032. Restricción de clases presenciales. Competencia originaria de la Suprema Corte. Origen de la lesión jurídica invocada. Falta de verosimilitud del derecho. Desestimación de la medida cautelar.

La Suprema Corte de Justicia en la causa I-77.032, "Isabella, Diego Paulo y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 181/2021 de la Provincia de Buenos Aires y la Resolución Ministerial Nº 1208-MJGM-2021", resolvió desestimar la medida cautelar reclamada.

Archivos asociados: Ver fallo (causa I-77032).pdf

25-04-2021 | Causas B-77.034, B-77.038 y B-77.042. Restricción de clases presenciales. Amparos. Casos ajenos a la competencia originaria de la Suprema Corte. Falta de configuración de conflicto de poderes entre municipalidades y la Provincia.

La Suprema Corte de Justicia, en las causas B-77.034, "Intendente de la Municipalidad de Vicente López c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo – Cuestión de competencia"; B-77.038, "Municipalidad de San Isidro y Otros c/ Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo – Cuestión de competencia"; y B77.042, "Recurso de Amparo c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Dirección de Escuelas – Cuestión de competencia", resolvió declarar que en los casos no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte, ordenando la inmediata radicación del expediente electrónico en los respectivos organismos jurisdiccionales en los que tuvo inicio cada trámite judicial, para su continuación.

Archivos asociados: Ver fallo (causa B-77034).pdf , Ver fallo (causa B-77038).pdf , Ver fallo (causa B-77042).pdf