Por 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados convirtió en ley, en la noche de ayer, el nuevo Código Procesal Penal enviado por la Casa Rosada, que contaba ya con la aprobación del Senado por 39 votos a favor contra 24 en contra. Mientras la mayoría de la oposición votó en contra, las abstenciones estuvieron en cabeza de los diputados Martín Lousteau y Carla Carrizo, ambos del bloque Suma+Unen.
La reunión se inició a las 12:20 con 129 legisladores en el recinto, el quórum mínimo exigido por el reglamento, que logró conformar el Frente para la Victoria con un puñado de aliados.
Entre las ausencias notorias del partido de Gobierno se contaron las de Martín Insaurralde y Dulce Granados, esposa del ministro de Seguridad bonaerense. Tampoco Sandra Mendoza estuvo presente al inicio de la sesión.
Graciela Giannettasio (FpV), como presidenta de la comisión de Justicia, fue la miembro informante del oficialismo y destacó que "este Código le da protagonismo a la víctima" y, entre otras cosas, "utiliza de manera rigurosa el esquema de garantías y la oralidad".
Sin embargo, desde el radicalismo se insistió con que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar casi 1.700 cargos en el Ministerio Público afines al Gobierno.
A poco de iniciada la discusión, el radicalismo insistió en que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar casi 1.700 cargos en el Ministerio Público afines al Gobierno.Llama "la atención que lo único que se va a aplicar" en lo inmediato tras la sanción del Código "es el Anexo 2, que implica un incremento sustancial en la planta de funcionarios públicos designados", lo cual "responde al nefasto esquema del Ministerio Público especular", indicó Manuel Garrido.
Desde el PRO, Federico Pinedo dijo: "Nos piden que seamos cómplices de hacer una cortina de humo para que el pueblo no vea las acciones judiciales para penalizar la corrupción política y el lavado de ese dinero sucio".
El diputado sostuvo además que serán "cómplices de esa operación" y añadió: "No podemos pasar facultades de los jueces a los fiscales sin garantizar que los fiscales van a ser independientes para proteger al pueblo y no a los políticos".
Otra voz del macrismo que deploró el proyecto fue Pablo Tonelli, quien llamó a restarle atribuciones discrecionales al procurador general", en este caso Alejandra Gils Carbó. La funcionaria también fue blanco de las críticas del radicalismo y del socialista Juan Carlos Zabalaza, quien reclamó "independencia" judicial.
Por su parte, la diputada ultrakirchnerista Diana Conti fustigó a los legisladores del Frente Renovador al asegurar que el proyecto alternativo de reforma del Código Procesal Penal presentado por Sergio Massa "no guarda coherencia", al tiempo que lo calificó de "clasista". "Deben avergonzarse", lanzó.
Por su parte, el mendocino Julio Cobos indicó que "antes del Código Procesal Penal" se tendría que haber empezado por "el Código Penal", cuyo tratamiento no prosperó en el Congreso.
En tanto, Martín Lousteau (Suma+Unen) subrayó que "no es una reforma legislativa la que necesitamos sino enfocar la gestión de la Justicia de una manera distinta".
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