En medio de incidentes se aprobó la ley de emergencia administrativa bonaerense.-

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió ayer en ley la declaración por un año de la Emergencia Administrativa en la provincia, en medio de incidentes graves afuera del palacio legislativo y cruces políticos por la norma que busca acelerar los procesos de licitación y adjudicación de bienes y servicios.

La iniciativa, enviada por el gobierno de María Eugenia Vidal y que recibió algunas modificaciones en el Senado, fue acompañada ayer por los votos de los bloques Cambiemos, Frente Renovador (FR) y el Frente Amplio Progresista (FAP), y rechazada por el Frente para la Victoria (FpV). La aprobación de la norma derivó en incidentes afuera del palacio legislativo, donde trabajadores enrolados en gremios estatales bonaerenses rompieron vidrios e incendiaron un sector de acceso al edificio parlamentario. La propuesta de la oposición fue rechazada por los demás bloques e inmediatamente después el titular de la bancada de Cambiemos, Jorge Silvestre, mocionó para que la Emergencia sea votada sin debate previo. La proposición de Cambiemos fue avalada por la mayoría y luego se puso en votación el proyecto, que fue convertido finalmente en ley. Esa maniobra fue cuestionada a los gritos en el recinto por los diputados del Frente para la Victoria y el PJ, quienes anticiparon que podrían pedir la nulidad de la sesión. El proyecto, que ahora deberá ser promulgado por el Ejecutivo, fue justificado en "la necesidad de establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas". La intención de la emergencia es "revertir los plazos actuales de las licitaciones, que son inviables y que van de 6 meses para la contratación de bienes y de 9 a 11 meses para la obra pública", según se explicó desde el gobierno provincial. La norma prevé acortar esos plazos a dos meses aproximadamente, para lo cual, entre otros puntos, establece una reducción a cuatro días del tiempo que los organismos de control del Estado provincial tendrán para expedirse previo a la licitación. La iniciativa busca además modernizar los sistemas de expedientes administrativos a través de la digitalización de los mismos y de notificaciones electrónicas. La emergencia establece, en uno de sus artículos, criterios sobre la contratación de personal, aclarando que "la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación laboral de dependencia". Los gremios cuestionan la iniciativa porque entienden que "vulnera los derechos laborales de los trabajadores y abre la puerta para que el sector privado haga negocios en el Estado provincial.-