El fiscal Gerardo Pollicita ha imputado a la presidenta de Argentina,Cristina Fernández de Kirchner, y a otras personalidades en relación con las investigaciones abiertas por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
La justicia argentina parece no estar dispuesta a dejar morir la causa más importante que afecta a un presidente en ejercicio desde que Argentina recuperase la democracia en 1983. La muerte en extrañas circunstancias de Nisman no significa el entierro de la imputación a lapresidenta de Argentina, a su ministro de Asuntos Exteriores,Héctor Timerman, al diputado Andrés, alias «el cuervo»,Larroque, al piquetero y ex funcionario Luis DElía y al dirigente de la comunidad iraní en Argentina, Jorge «Yussuf» Khalil.
El fiscal Gerardo Pollicita, heredero de la causa que investiga el juezDaniel Rafecas, tiene previsto, con los mismos argumentos de su colega fallecido, continuar con la acusación a la jefa del Estado y solicitar que se avance en la investigación para desentrañar el «plan criminal» de «encubrimiento» terrorista que, a su juicio, encabezóCristina Fernández de Kirchner para «acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por grano y hasta vender armas». Todo, a cambio de conceder impunidad a los terroristas que, para la justicia argentina, son responsables del atentado a la mutual judía AMIA que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.
El Gobierno, por su parte, recurre a todas las herramientas a su alcance para tratar de echar tierra sobre el asunto y no duda en embestir, como hizo en su día contra Nisman, contra el fiscal Pollicita. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández calificó de «maniobra desestabilizadora» si se confirmaba, como estaba previsto, que la investigación y las imputaciones se ratifican y seguirán su curso. En simultáneo, Fernández, locuaz todo terreno del Ejecutivo, aseguró: «No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia».
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