La procuradora general Falbo, contra la violencia de género.

 

La procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, dictó un protocolo de actuación para todos los fiscales de la Provincia en casos de violencia de género, que busca mejorar la persecución del agresor y la protección de la víctima.

Hasta ahora, muchas denuncias por amenazas o lesiones leves se archivaban en el fuero penal sin investigación, porque se minimizaba el riesgo y, en otros casos, cuando una mujer realizaba sucesivas denuncias contra su esposo o expareja, se abrían diversas causas que quedaban dispersas en distintas fiscalías, como si se tratara de hechos aislados, sin visualizar el contexto de violencia de género en el que sucedían los hechos.

 La resolución 346/14, a la que accedió este diario, tiene fecha del 23 de mayo y se extiende a lo largo de siete páginas, en las que destaca que "el aumento considerable de casos de violencia familiar y su complejidad son un flagelo socialmente notorio y de preocupante crecimiento, al igual que la reiteración de los hechos de violencia en el seno de un mismo grupo familiar". 

Se estima que cada hora en la provincia de Buenos Aires una mujer es agredida físicamente, en la mayoría de los casos por su pareja o ex pareja, de acuerdo con estadísticas del Programa de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia (AVM), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

En primer lugar, a partir de ahora los fiscales que reciban denuncias enmarcadas como violencia familiar deberán hacer una consulta al Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) para rastrear otras investigaciones contra el mismo acusado o imputado.

Si en esa búsqueda surgen varias actuaciones anteriores, deberán remitir a la fiscalía que primero intervino, para que sea ese único fiscal quien las lleve adelante, sin que eso obstaculice tomar medidas de protección requeridas a la mayor brevedad.

 La resolución aclara que deberán relacionarse incluso aquellas causas que hayan sido archivadas pidiendo su desarchivo, sin que eso -se aclara- implique necesariamente la reapertura de la investigación.

En ese sentido, la indicación de Falbo apunta a otro núcleo problemático, señalado por organizaciones de la sociedad civil y organismos como el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia -que vienen advirtiendo sobre el tema- y es la excesiva cantidad de archivos referidos a causas enmarcadas como violencia familiar. 

Además, la resolución propicia la necesidad de considerar las actuaciones efectuadas en otras instancias, como juzgados de paz y juzgados de familia y dispone que los fiscales deban requerir si hay antecedentes contra el mismo agresor en esas otras competencias. 

La resolución de la Procuración General de la Provincia toma como marco de referencia la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las leyes N 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y 14.407, que declara la emergencia pública en materia social por violencia de género en la provincia y la Ley de Violencia Familiar bonaerense Nº 12.569.De todas formas, el protocolo para los fiscales significa un avance.

Un punto importante de la resolución es que insta a los fiscales generales a que en aquellos departamentos judiciales que todavía no las tengan se creen fiscalías temáticas en la materia especializadas en la investigación de delitos de violencia familiar.