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Cristina impulsa fuertes cambios en la Justicia.



A juicio de la jefa de Estado el Poder Judicial es un aliado de las corporaciones y que está lejos de acompañar las transformaciones que plantean las democracias. No en vano, en su discurso ante la Asamblea Legislativa se ocupó de recordar que el Poder Judicial se mantuvo intacto durante la última dictadura.

Justamente para democratizar al Poder Judicial propone que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por "el voto popular" de igual manera que es la ciudadanía que deciden quienes serán sus gobernantes y legisladores. Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura es quien determina quienes pueden ser jueces y además el que presenta los Jury de enjuiciamientos cuando existen denuncias sobre la mala praxis de algún magistrado.

Actualmente está integrado por 2 abogados, 3 jueces, 1 académico, 6 legisladores y 1 representante. De ser aprobada la iniciativa del Ejecutivo el voto popular determinará quienes serán los miembros del Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo modificó la composición del Consejo ya que antes eran 20 consejeros y ahora son 13 cediendo representantes por parte de los abogados y los académicos facilitando que los representantes del oficialismo tengan mayor poder de veto para frenar decisiones adversas.

El kirchnerismo se siente fuerte en las urnas por esta causa piensa que sus candidatos serán mayoritariamente elegidos. Si bien, no se conocen los detalles es de suponer que cada partido político propondrá sus candidatos para ser consejeros. Además, a través de una elección quedará claro el pensamiento ideológico de los consejeros dando pautas de los principios que valorará en un letrado al momento de elegir candidatos o tener que juzgarlos.

Sorprendió la presidente revelando que el Congreso Nacional, a través de la ley 24.631 resolvió que los jueces paguen el impuesto. Sin embargo, la propia Corte Suprema vetó su implementación en dos oportunidades. Este recuerdo le dio pie para mostrar la contradicción de la ministra de la Corte, Carmen Argibay que por un lado públicamente dice que está de acuerdo en pagar el Impuesto a las Ganancias pero por otro lado, a pesar de ser miembro de la Corte, no modifican la acordada de 2000. De esta manera, la presidente deja en manos del Poder Judicial que decida si quiere ser como el resto de los ciudadanos y pagar impuesto a las ganancias o continuar con sus privilegios.

Otra de las iniciativas que enviará el Ejecutivo para el análisis del Parlamento es la creación de tres nuevas cámaras de casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral, para que actúen como una tercera instancia, previa a la Corte Suprema. La intención es generar una instancia intermedia para evitar que miles de causas deban ser analizadas por la Corte Suprema.

Dentro de la idea de transparentar a la Justicia, Cristina propuso que se cree un registro de causas. A través de un sistema informático el ciudadano podrá conocer el estado de todos los expedientes. "A los políticos nos cuentan las costillas", pero al no poder acceder a la información pormenorizada de una causa, a la ciudadanía les es muy difícil evaluar la gestión de un magistrado, explican en la Rosada.

En más de una oportunidad, Cristina se quejó del abuso de las medidas cautelares que a juicio del kirchnerismo son "máquinas de impedir". En este sentido, se comprende el proyecto de ley que remitirá donde se modificará las medidas cautelares. "Se transformó en una distorsión del Derecho", se quejó. La idea es que cuando se establezca una cautelar a una causa iniciada por el Estado, el juez deba primero expedirse sobre la cuestión de fondo.

Cabe señalar que el Ejecutivo vio frenadas varias iniciativas por la aplicación de cautelares, quizás el caso más resonante es la aplicación de la Ley de Medios pero este instrumento fue utilizado en más de una ocasión para frenar iniciativas oficiales como la utilización de reservas del Banco Central; expropiación del Predio de la Sociedad Rural, por mencionar algunos hechos. Otra de las iniciativas judiciales será un proyecto de ley para establecer la "responsabilidad del Estado Nacional", si bien no explicó mucho en que consistiría , de acuerdo a la legisladora Diana Conti "hoy el Estado se rige con el Código Civil, la iniciativa es que exista una regulación especifica para la responsabilidad estatal cuando se producen hechos reparables y indemnizables".

Asimismo, se enviará una iniciativa para que puedan ingresar a trabajar al Poder Judicial cualquier ciudadano mientras cumpla con los requisitos técnicos y profesionales."Hoy existe mucho nepotismo y amiguismo", coinciden incluso legisladores de la oposición.

Finalmente, el conjunto de iniciativas incluye que todos los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a presentar su declaración jurada en internet. A juicio de la jefa de Estado este requisito se cumple a rajatabla con los miembros del Ejecutivo pero no así con el legislativo y menos aún con el judicial.

El argumento que dio es que "es necesario saber que ingresos tiene el juez que juzgara mi causa", explicó Cristina. En el Poder Judicial se defiende argumentando que ellos entregan todos los años su declaración jurada al Consejo de la Magistratura. Lo cierto, es que si esto es así, esta disposición no es conocida.

Mientras la presidenta anunciaba estas propuestas para democratizar la Justicia, las cámaras oficiales enfocaban permanentemente a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema quién el martes dio un discurso defendiendo la independencia de los poderes con motivo del 150 aniversario de la Corte.

El gobierno aspira a quebrar el status quo que actualmente existe en la corporación judicial. Considera que no es posible una real transformación sin una Justicia que acompañe el proceso. Además, saben que en todas las encuestas la inseguridad es uno de los reclamos permanentes y están convencidos que, por más fuerzas de seguridad que existan, si el Poder Judicial no acompaña es poco lo que se podrá hacer desde los gobiernos. De todas maneras, Cristina en su discurso se ocupó de deslindar responsabilidades en este tema al enumerar los fondos y equipamiento que se han destinado pero recordó que la seguridad en definitiva es responsabilidad de los gobernadores.
El kirchnerismo esta convencido que la mayoría se siente decepcionada por el accionar de la Justicia y que el proyecto de "bajarla del pedestal" es bien vista por la población.
01/03/2013 23:57 Gustavo TRIMARCHI #. sin tema


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