Firman convenio El Colegio de Abogados de la Pcia. de Buenos Aires y los Ministerios de Justicia y Seguridad y Salud.

Los titulares de los ministerios Ricardo Casal (Justicia y Seguridad) y Alejandro Collia (Salud)y el Dr. Gerardo Salas, por el Colegio de Abogados( COLPROBA)firmaron un convenio que promueve una campaña de difusión sobre los derechos de aquellas personas víctimas de accidentes de tránsito y a sus familiares, que ante una situación límite puedan verse sorprendidos por personas inescrupulosas que intenten obtener un rédito a través de maniobras de engaño o persuasión, en momentos en que la víctima está afectada física y psíquicamente por el siniestro acaecido y se encuentra en riesgo su salud, con el sólo objeto de la obtención de mandatos para realizar posteriores reclamos fundados en ese siniestro, popularmente conocidos como “ Caranchos”.

El acuerdo se motivó en la intensión de promover activamente, en forma conjunta el desarrollo de una intensa y continua campaña de difusión masiva, a fin de dar a conocer los derechos que le asisten a las víctimas de accidentes de tránsito, como medida preventiva de protección a esos derechos.

Participaron de la actividad el Subs. de Justicia Dr. Carlos Enrique CERVELLINI, el Subs. de Coordinación y atención de la salud, Dr. Sergio Alejandre, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Provincia, el Presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados, Jorge Frega, Directores de la Caja, miembros de los gabinetes de ambas carteras y directores de hospitales provinciales, entre otros.

Abrió el acto el Presidente del Colegio de Abogados de la pcia. De Buenos Aires, quien puntualizó que “esta práctica afecta a la ciudadanía en general, que ve sus derechos vulnerados al ser abordados por estas organizaciones, aprovechándose de la situación de conmoción y por otra parte al ejercicio de la profesión de abogado, que no merece ser vinculada a esta lacra social, que por tener un mayor grado de exposición, luego es asociada inmediatamente, perjudicando a los miles de profesionales que van todos los días a sus estudios y trabajan defendiendo el derecho de la gente”. Aclarando asimismo que “la campaña está dirigida a concientizar a las personas que al ser abordadas ya sea por un camillero, abogado, servicio de emergencias, escribano, etc, tiene la posibilidad de asesorarse en el sentido que no hay tal apuro y que primero es la salud, la contención familiar y luego el asesoramiento legal.”

Los Ministros coincidieron en que “el Estado estaba en deuda en tener una fuerte intervención en esta problemática con acciones y políticas concretas, puntualizando el compromiso de “desbaratar estas organizaciones que tienden a lucrar con las necesidades de la gente”.

El Ministro Collia expresó que las acciones conjuntas son imprescindibles “para poder garantizar plenamente el derecho a la salud y priorizarlo sobre otras cuestiones” sosteniendo que el acuerdo será “una herramienta muy positiva, que va a generar resultados positivos, que atacará fundamentalmente la asimetría, la desigualdad, que pone en situación de vulnerabilidad a quienes son víctimas de estas organizaciones que tienen por objetivo lucrar con el dolor de la gente”.

Por su parte el Ministro Casal, enfatizó al cierre de la firma que “es necesaria la presencia del estado no sólo con la firma de un convenio, sino con políticas públicas concretas para poder revertir esa situación y que aquellos necesitados no terminen firmando poderes en terapia intensiva”.

El convenio establece que el Colegio de Abogados gestionará la presencia activa de los Colegios de Abogados Departamentales en cada jurisdicción difundiendo las prácticas ilegales realizadas por los “caranchos”, y para ello, implementará un centro 0800 de consulta y denuncia, y la difusión por Radio Provincia.

Por su parte el Ministerio de Salud brindará espacios físicos en los nosocomios públicos y Justicia y Seguridad en los ámbitos de su competencia para que los Colegios de Abogados desarrollen la tarea de difusión, y también se colocarán afiches en instituciones de salud pública y privada y en las comisarías para la difusión de los derechos de las víctimas, alcanzando todo el ámbito Provincial.